España está en llamas y no en sentido metafórico sino real. Y lo irónico por no decir lo trágico es que esta situación se produce con un Gobierno que ha hecho del medio ambiente y de su preservación uno de los ejes de su filosofía.
Lo acaecido este mes en gran parte de España es la consecuencia inevitable de la pésima estrategia desplegada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) desde los tiempos de la Sra. Ribera hasta la fecha.
Esta es la cruda y despiadada realidad que refleja una política medioambiental fallida, negligente y, en última instancia, irresponsable. La retórica del cambio climático, usada como escudo político para casi todo, ha sido desmentida por la realidad de un país que arde, y el fracaso de la gestión del MITECO es un testimonio de su incapacidad y ceguera.
El discurso del MITECO se ha centrado en el "reto demográfico" y la "transición ecológica", pero la acción sobre el terreno ha demostrado una total falta de inversión y planificación en la prevención de incendios. Mientras se anuncian millones de euros en planes y proyectos, la realidad es que los bosques de España han sido sistemáticamente abandonados, convertidos en combustible listo para explotar.
La política del ministerio ha sido una burla a los agricultores y ganaderos que, al ver sus campos abandonados por la falta de apoyo, son conscientes de que la limpieza del monte no se hace con discursos, sino con trabajo.
El coste económico de esta negligencia es brutal y el riesgo de desertización de España comienza a adquirir tintes dramáticos
El MITECO ha fallado en la tarea más básica de cualquier política forestal: gestionar el territorio para evitar la tragedia, y en su lugar, ha optado por la inercia y la palabrería.
En este contexto, las declaraciones de Óscar Puente culpando lo acaecido al “abandono de la actividad agrícola” y a los “pinos secos” es una confesión pública de la irresponsabilidad gubernamental.
Al señalar a los habitantes del mundo rural y a la naturaleza misma, el ministro revela la desconexión total del Gobierno con el problema real: la falta de una política que apoye la vida en el campo y que gestione activamente los montes.
Es un intento cínico de externalizar la culpa, mientras el coste económico de esta negligencia es brutal y el riesgo de desertización de España comienza a adquirir tintes dramáticos.
Una estimación conservadora de los costes de los incendios es aterradora. La extinción cuesta muchos millones de euros.
El coste del fracaso del MITECO no es solo político, sino que se paga con el patrimonio de todos los españoles
Según un estudio de la Comisión Europea, el impacto económico de los incendios en España puede llegar a suponer un coste anual de hasta 71.623 millones de euros, lo que equivale a un 4,5% del PIB. Pero esto es sólo el principio.
Los daños directos en infraestructuras y propiedades se suman a la pérdida irreparable de patrimonio natural, un valor incalculable. A largo plazo, las pérdidas en el sector agrícola y turístico se miden en miles de millones, sin mencionar el impacto en la salud pública y el medio ambiente por la pérdida de servicios ecosistémicos.
El coste del fracaso del MITECO no es solo político, sino que se paga con el patrimonio de todos los españoles.
Por otra parte, la gravedad de los incendios, con la pérdida real y potencial de vidas, de hogares, de destrucción de la propiedad, exigen un castigo más severo a quienes los causan que, en su mayoría de acuerdo con toda la información disponible lo hacen de manera voluntaria. Una amenaza de prisión más larga podría hacer que los pirómanos se lo pensaran dos veces antes de actuar.
En última instancia, el MITECO ha demostrado ser un ministerio de ideología, no de gestión. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una justificación para la inacción, en lugar de una llamada a la acción concreta.
La política de incendios no puede seguir siendo un apéndice de la agenda gubernamental, sino una prioridad de Estado
La falta de liderazgo, la descoordinación entre administraciones y la incapacidad para adaptarse a una nueva realidad climática son fallos imperdonables que han costado la destrucción de miles de hectáreas. Es un fracaso en todos los niveles: político, técnico y moral.
La respuesta del Gobierno central ha llegado, como siempre tarde, y de forma precaria. Se ha producido cuando los incendios ya han alcanzado un tamaño y virulencia incontrolables, lo que hace que los esfuerzos para acabar con ellos sean mucho menos efectivos.
Una vez más, el Ejecutivo no ha activado los medios estatales a su disposición, como ya sucedió con la DANA, en previsión de un verano extremo, como era fácil de saber, como se ha materializado y como habían anunciado la mayoría de los expertos.
El trágico balance de los incendios exige un cambio de paradigma radical. La política de incendios no puede seguir siendo un apéndice de la agenda gubernamental, sino una prioridad de Estado.
Es necesario un liderazgo valiente y efectivo, que abandone la retórica vacía y se centre en una gestión forestal real, en la protección del mundo rural y en la inversión en prevención. Lo ocurrido este verano no puede ser olvidado; debe ser un punto de inflexión que ponga fin a una gestión negligente y dé paso a una nueva era de responsabilidad y acción.