La gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez en el último bienio no es solo un compendio de oportunidades perdidas, sino una muestra alarmante de miopía estratégica, ineficacia manifiesta y de una calculada evasión de la realidad.
Lejos de consolidar una recuperación robusta, se ha cimentado una senda económica frágil y dependiente, hipotecando el futuro del país en aras de la supervivencia política y la satisfacción de clientelas ideológicas.
La retórica oficial de "éxito" choca frontalmente con la persistencia de debilidades estructurales que, lejos de corregirse, se han enquistado cuando no agudizado.
El tan cacareado crecimiento del PIB no es más que una quimera artificial, sostenida por una brutal expansión del gasto público, por el crecimiento de la población derivado de los flujos migratorios y por el sector turístico.
En consecuencia, la recuperación de la economía se asienta sobre un modelo de bajo valor añadido lo que constituye una renuncia flagrante y un lastre para la modernización productiva de España.
Se ha fallado estrepitosamente en diversificar el tejido empresarial, en incentivar la inversión productiva y en impulsar la industrialización y la innovación.
En lugar de una reindustrialización se asiste a una precarización silenciosa del sistema productivo, donde el crecimiento nominal oculta la falta de competitividad y de creación de riqueza.
Las cifras de empleo, presentadas por la coalición gubernamental como un triunfo sin parangón, son un espejismo estadístico.
La celebrada reducción de la temporalidad atribuida a la reforma laboral se ha traducido en una proliferación masiva de contratos fijos discontinuos, que maquillan el paro real y condenan a miles de trabajadores a la intermitencia laboral y a la incertidumbre salarial.
Se ha fallado estrepitosamente en diversificar el tejido empresarial, en incentivar la inversión productiva y en impulsar la industrialización y la innovación
No se está ante un proceso de creación de empleo, sino ante una reorganización de la precariedad.
Los incrementos sistemáticos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin un análisis riguroso de su impacto, han ejercido una presión inasumible sobre las pequeñas y medianas empresas, lastrando su competitividad y fomentando la economía sumergida.
La verdadera calidad del empleo y la productividad siguen estancadas, revelando la incapacidad de este Gobierno para generar puestos de trabajo de alto valor añadido y duraderos.
El mercado laboral español, lejos de modernizarse, sigue siendo una herida abierta.
Las medidas adoptadas para abordar el impacto de la inflación fueron una burla.
Las subvenciones generalizadas y las reducciones selectivas de impuestos solo han sido parches populistas y efímeros.
La realidad es que se ha consumado un empobrecimiento generalizado de la clase media española con salarios que no compensan la brutal escalada de precios de la cesta de la compra, la energía y la vivienda.
Es una política de empobrecimiento silencioso, donde los ciudadanos pagan el precio de la inacción y la ineficacia gubernamental.
El estado de las finanzas públicas es una auténtica bomba de relojería.
En un contexto de tipos de interés históricamente bajos (en buena parte del período) y de lluvia de fondos europeos, la deuda pública sobre PIB se mantiene en niveles estratosféricos, comprometiendo la solvencia del país a medio y largo plazo.
La reducción del déficit es una farsa contable, impulsada por el aumento de los impuestos, por la inflación que ha engordado los ingresos nominales y por la finalización de ayudas extraordinarias, mientras no se ha producido contención alguna sino expansión de un gasto estructural, desbocado e ineficiente.
La sostenibilidad del sistema de pensiones es una quimera y la contrarreforma realizada por el Gobierno solo aplaza un colapso inevitable.
Es una política de empobrecimiento silencioso, donde los ciudadanos pagan el precio de la inacción y la ineficacia gubernamental
El Ejecutivo ha optado por la irresponsabilidad fiscal, cargando sobre las futuras generaciones una deuda insostenible, sin una hoja de ruta clara para su reducción ni una visión de austeridad y eficiencia. Es una política de pan para hoy y hambre para mañana.
El balance en reformas estructurales es, simplemente, nulo.
No ha habido una voluntad real de abordar las deficiencias crónicas de la economía española.
La burocracia asfixiante, la legislación laboral rígida (más allá del maquillaje de la reforma), la inversión deficiente en educación y capital humano, y la política de vivienda fallida son testamento de una parálisis deliberada.
Se ha optado por un inmovilismo ideológico, prefiriendo el control político y la redistribución (a menudo ineficiente) a la creación de riqueza y la mejora de la competitividad.
Esta ausencia de reformas de calado condena a España a seguir siendo una economía de segunda fila, vulnerable a cualquier shock externo y dependiente de muletas artificiales.
En conclusión, la gestión económica del Gobierno de Sánchez no es la de un timonel experimentado que capea una tormenta, sino la de un capitán que ha priorizado la navegación a corto plazo, la propaganda y la complacencia sobre la solidez estructural y el futuro del país.
Se han desaprovechado oportunidades históricas, se han enquistado problemas fundamentales y se ha edificado una prosperidad aparente sobre cimientos de deuda y gasto ineficiente.
El legado económico de estos dos años es uno de fragilidad, dependencia y una preocupante falta de ambición para España.
