El Gobierno ha celebrado con entusiasmo la llegada del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU. Tras el fiasco de la candidatura del ministro Cuerpo al Eurogrupo, lo ha presentado como una victoria, una prueba de buena gestión y cumplimiento.

Sin embargo, si uno se detiene a leer los documentos oficiales de la Comisión Europea o a revisar la ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la realidad es mucho menos festiva: Bruselas ha recortado 1.126 millones de euros del pago a España por incumplimientos manifiestos.

Y lo más preocupante es que nadie parece dispuesto a llamar a esto por su nombre: un tirón de orejas en toda regla.

Este recorte no es simbólico. La Comisión Europea nos ha aplicado el principio de no performance, no pay, con toda su literalidad. El motivo: dos reformas clave que el Gobierno no ha cumplido y la revocación de otra aprobada en 2021.

Por un lado, el incumplimiento de reducción de la temporalidad en el empleo público, que el Tribunal de Justicia de la UE consideró insuficiente, ha provocado que la Comisión revoque su evaluación positiva, suspendiendo el pago equivalente a lo desembolsado por este hito en su día, 626 millones de euros.

Por otro, el incumplimiento en la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, y el fracaso en la digitalización de entidades regionales y locales. Ambas medidas formaban parte de los compromisos adoptados por el Ejecutivo para recibir los fondos. No se han ejecutado. Y Bruselas ha reaccionado como debe hacerlo un buen garante del dinero de todos: restando otros 500 millones de euros.

Esta decisión pone en evidencia un relato que ya hacía aguas: el del Gobierno como gran gestor de los fondos europeos. El mito de España como "ejemplo europeo" se derrumba cuando se mira la ejecución real.

Según los últimos datos oficiales, a cierre de mayo de 2025, España ha pagado apenas un 5,3% del total previsto para este año. Y lo ha hecho tras reducir en más de 15.000 millones el presupuesto inicialmente aprobado e incorporar remanentes de ejercicios anteriores mediante modificaciones de crédito.

Más que un ajuste técnico, es una confesión de impotencia: no se puede ejecutar lo que no se es capaz de gestionar.

Una mirada a los grandes ministerios inversores da una dimensión del problema. De los 22 ministerios que disponen de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 17 no superan ni el 10% de ejecución en pagos realizados.

En algunos casos, las cifras rozan lo irrisorio: 0,003% en Ciencia, 0,014% Economía, 0,82 % Transición Ecológica, 4,47% Industria y Turismo, 5,99% Transportes o 7,7% Vivienda.

No estamos ante retrasos puntuales, sino ante un fallo sistémico de implementación del Plan de Recuperación. El modelo de gobernanza elegido, excesivamente centralizado, burocrático y opaco ha demostrado ser incapaz de trasladar los fondos a la economía real de mamera eficiente.

A pesar de este panorama, resulta aún más grave el intento del Gobierno de presentar el quinto pago como una "luz verde" de Bruselas. En realidad, ha sido una luz ámbar, con advertencias muy claras recibidas hace mes y medio.

La Comisión no solo recorta dinero, sino que ha expresado su preocupación por el retraso acumulado, la baja absorción y la falta de impacto estructural. Porque esa es la clave: ejecutar no es gastar; y gastar no es transformar.

Durante demasiado tiempo, el Gobierno ha confundido volumen de fondos con impacto económico. Ha priorizado el gasto corriente sobre la inversión productiva. Ha multiplicado las convocatorias, pero sin criterios claros de evaluación. Ha sustituido reformas reales por cambios meramente administrativos.

Lo que antes eran cursos de 450 horas, hoy son píldoras de 150. Lo que eran vehículos eléctricos en circulación, ahora son solicitudes registradas. Y lo que debía ser una modernización del modelo económico, corre el riesgo de quedar en una campaña de propaganda financiada con fondos europeos.

Se ha puesto del revés el Plan de Recuperación y nadie ha hecho un balance de los cambios, modificaciones sobre el impacto en el PIB o un análisis del coste – beneficio de estos cambios.

Desde mi punto de vista, el problema de fondo es claro: falta de incentivos, de evaluación y de orientación a resultados. Un sistema que reparte subvenciones sin exigencia de retorno económico y sin transparencia sobre los beneficiarios, está condenado a ser ineficiente.

Y más aún cuando se utiliza como herramienta de consolidación política en lugar de como palanca de competitividad. España necesita estos fondos no para gastar más, sino para gastar mejor.

Necesita inversiones que dejen legado, que modernicen nuestra economía, que impulsen la competitividad, la productividad y generen empleo de calidad. Lo que no puede permitirse es convertir un programa histórico en una oportunidad perdida.

También hay una cuestión de credibilidad internacional. Hoy somos el séptimo país que menos ha ejecutado del MRR: apenas el 19,5% frente al 33% de Italia o el 87% de Francia. La Comisión ha tenido que intervenir para corregir errores de evaluación anteriores y abrir procedimientos de infracción, en giro de los acontecimientos inesperado tras su actitud laxa con el Gobierno de Sánchez en los últimos años.

Mientras tanto, seguimos sin una auditoría independiente del conjunto del plan, sin datos reales de la herramienta CoFFEE, y con una plataforma como ELISA que fue presentada como el instrumento estrella de transparencia, pero que no ofrece información útil para saber quién ha recibido qué, con qué criterio ni con qué resultados.

A pesar de todo, el Gobierno sigue sin rectificar. Podría haber pactado una reprogramación ambiciosa, reorientar los fondos hacia sectores clave como la industria, la energía, la inteligencia artificial o la defensa; pero una vez más, ha optado por seguir distribuyendo fondos de manera unilateral.

En lugar de articular una auténtica cogobernanza con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ha apostado por la recentralización y el intervencionismo. Y en lugar de fomentar la colaboración público-privada, ha ignorado sistemáticamente a las empresas.

Sigo siendo optimista, como buen liberal, y aún estamos a tiempo. El MRR permite reprogramar fondos, redirigir prioridades, cambiar el rumbo. Pero eso requiere voluntad política, transparencia y un cambio de filosofía. Se necesitan reformas que midan el éxito por su impacto en empleo, productividad y competitividad.

Se necesita más cogobernanza con CCAA y Ayuntamientos, que gestionan la mayor parte de los servicios esenciales; y se necesita recuperar una cultura de evaluación por resultados, que recompense a quien transforma y no solo a quien gasta por gastar.

Lo que está en juego no es solo el éxito del plan de recuperación. Es algo mucho más elevado, se trata de la credibilidad de España como país serio, reformista y responsable. Y eso, a diferencia de los desembolsos europeos, no se mide en millones, sino en confianza.

*** Santiago Sánchez López es economista.