La imposición de aranceles trumpianos merece una reflexión en profundidad en tanto en cuanto el análisis de las consecuencias macro tiene diferencias importantes con respecto a la micro, entendida ésta como el análisis más pormenorizado de empresas y sectores de actividad.
Este ejercicio empieza en la ‘micro’, es decir, el impacto real sobre las empresas afectadas y, de manera indirecta, en su cadena de valor no necesariamente concentrada en un país.
Cuando se impone un arancel a un determinado producto, el exportador de éste se ve obligado a buscar alternativas para no perder cuota de mercado en destino.
Primero tiene que pensar si la tarifa impuesta deja en desventaja competitiva transitoria o permanente a su producto con respecto a los que se fabrican en el mercado de destino.
Si es de manera transitoria, el exportador buscará manejar una situación de corto plazo intentando ajustar los márgenes vía bajada de precio o vía bajada de los costes de producción.
Pero si es de manera permanente, entonces requiere de varios elementos más, entre los que se encuentra una reducción a largo plazo de los costes unitarios (laborales, energéticos, fiscales y financieros, fundamentalmente) y, también, la búsqueda de otros mercados en los que vender su producto a los precios y condiciones previas.
Y segundo, es necesario un buen estudio de hasta qué punto la demanda en destino es flexible o rígida tanto a corto como a largo plazo.
Si la demanda es flexible y hay productos sustitutos, la probabilidad de que se pierda cuota de mercado es alta y, por tanto, será necesario replantear tanto la estrategia de producción como la comercial.
En cambio, si la demanda es rígida (incluso si la demanda es ‘cautiva’ porque no haya sustitutos perfectos o cuasi perfectos), entonces los esfuerzos hay que concentrarlos en rehacer la estrategia comercial, intentando compensar de alguna manera a los consumidores del producto por el pago del arancel.
Si los aranceles son transitorios las empresas intentarán manejarlos ajustando sus márgenes
En este proceso es en el que están inmersas las empresas exportadoras hacia Estados Unidos, con el foco puesto, por un lado, en qué van a hacer sus respectivos competidores (entre ellos, las empresas norteamericanas supuestamente beneficiadas por el régimen de protección comercial) y, por otro lado, qué van a hacer los Gobiernos.
En este sentido, aquí viene la conexión con la ‘macro’. Más allá del resultado que pueda dar la negociación política, es evidente que la petición más urgente es la defensa de las empresas afectadas.
Ante esta demanda, el Gobierno español, la Comisión Europea y el resto de los Gobiernos de países afectados están anunciando ‘planes de protección’ de los sectores más perjudicados.
En el caso de España, el foco se ha puesto mayoritariamente en apoyar la liquidez de las empresas a través de avales, créditos y la activación de los mecanismos de suspensión temporal de puestos de trabajo.
Obviamente, por el lado aduanero no puede hacerse nada porque la política comercial es competencia de la Unión Europea.
Detrás de este plan salido de las reuniones de las últimas horas con los agentes sociales está la idea de que la situación con Estados Unidos mejorará en los próximos meses y la pérdida de competitividad-precio será transitoria.
Incluso bajo estas coordenadas, el esfuerzo del Gobierno sería más productivo si en vez de actuar sobre la liquidez –algo que en este momento no es especialmente preocupante y menos en un entorno de tipos de interés a la baja– hubiera destinado los más de 14.000 millones de euros a reducir los costes de producción de los productos afectados.
En primer lugar, actuar sobre el coste energético a través de los impuestos a la electricidad y al gas.
Igual que se hizo durante lo peor de la crisis inflacionista de los últimos cuatro años, esta situación justifica una actuación en este terreno en tanto en cuanto el coste de la energía es uno de los principales problemas de competitividad-precio de los productos españoles.
Y sin olvidar que muy buena parte de la energía fósil consumida en España tiene procedencia americana.
En segundo lugar, ayudar en el pago de los impuestos estableciendo moratorias en las declaraciones trimestrales de IVA, IRPF, Sociedades y, la más importante, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Hay que actuar sobre el coste energético a través de los impuestos a la electricidad y al gas
El incremento de más de un 20% del coste laboral unitario desde 2018 es otro factor que explica el diferencial de competitividad con respecto a Estados Unidos.
En 2024 el déficit de la balanza de bienes fue superior a 10.000 millones de euros, un 6,9% más, incluso en una coyuntura más favorable de precios del gas, principal producto importado por España, seguido de la sangre.
Y en tercer y último lugar, poner a disposición de las empresas a todo el servicio exterior español para ayudarlas a establecerse en nuevos mercados en los que colocar los productos que pueden tener restricciones importantes de demanda por parte de los norteamericanos.
Por consiguiente, sería necesario tener un paquete más orientado hacia la reducción de los costes de los inputs antes que un salvavidas masivo de liquidez.