El Gobierno ha acusado al Partido Popular y al resto de las fuerzas parlamentarias que ha hecho descarrilar el denominado decreto ómnibus. En él se incluía la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2025. Esto mostraría con claridad la insolidaridad de la oposición hacia los jubilados, el oscuro deseo de la derecha reaccionaria de reducir el nivel de vida de los pensionistas.

La actitud gubernamental es de una tosca obscenidad. Bastaría haber sometido al Congreso el alza de las pensiones para que este hubiese sido aprobado. Sin embargo, la coalición gubernamental ha recurrido al juego de la “trágala”, esto es, meter esa medida en un paquete en el que se incluían otras para las que no tenía soporte parlamentario.

Dicho esto, lo interesante es el consenso de todos los partidos en eludir los graves problemas estructurales del sistema de pensiones en España ante los que se plantea siempre la política del avestruz. La constante fuga hacia adelante, el no abordar las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del modelo de cobertura del retiro existente en España es quizá el único tema sobre el cual existe consenso en el escenario hiperpolarizado de la política y de la sociedad española. Ahora bien, esto no soluciona nada sino lo agrava.

Al cierre del año 2024, el déficit en la parte contributiva del sistema de pensiones se sitúa alrededor de los 30.000 millones de euros, un 1,9 por 100 del PIB, casi un punto superior al registrado en 2023. Pero para completar el cuadro es preciso añadir el gasto en pensiones no contributivas, los complementos de mínimos y las clases pasivas.

La combinación de todos esos programas se traduce en unas necesidades de financiación del 4 por 100 del PIB en 2024. Ese desequilibrio financiero se ha producido a pesar del crecimiento de la economía y del empleo a tasas superiores a las previstas y de las medidas implementadas por el Gobierno para aumentar los ingresos, entre ellas, el incremento de las cotizaciones sociales.

Lo interesante es el consenso de todos los partidos en eludir los graves problemas estructurales del sistema de pensiones en España ante los que se plantea siempre la política del avestruz

Ese panorama no va a verse alterado en 2025. El Gobierno prevé ingresar por la nueva subida de cuotas sociales 1.700 millones de euros y, por el incremento del 0,7 por 100 al 0,8 por 100 del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, 690 millones de euros adicionales. En suma, no existe perspectiva alguna de reducir el déficit del sistema. Esta situación no es ninguna novedad, salvo en un aspecto: los cambios introducidos por la actual coalición gubernamental en el modelo de reparto aceleran y agudizan su insostenibilidad financiera a largo plazo.

La tendencia deficitaria del sistema español de pensiones se intensificará por el envejecimiento de la población. La mayor de 65 años que suponía el 10 por 100 del total se elevará a más del 30 por 100 en la década de 2040. La ratio entre el número de pensiones y el de las personas en edad de trabajar será del 42,7 por 100 en 2035 y del 64,3 por 100 en 20250.

Aunque la tasa de empleo subiese al 70 por 100, el gasto en proporción del PIB mantendría su carrera alcista y sólo podría disminuir si se recorta la tasa de sustitución de las pensiones actuales, que es del 80 por 100 versus el 45,5 por 100 en la media UE. En otras palabras, los ingresos percibidos por los jubilados deberían descender de manera significativa.

La tendencia deficitaria del sistema español de pensiones se intensificará por el envejecimiento de la población

Cuando los pensionistas son más de 10 millones de ciudadanos y votan, la alergia de los políticos a introducir iniciativas como la descrita es gigantesca por sus potenciales efectos electorales. Por eso, este Gobierno ha optado por su opción favorita, aumentar los impuestos, en este caso, esa tributación sobre el empleo que son las cotizaciones sociales. Ahora bien, avanzar por ese camino y, en especial, cuando esa figura tributaria alcanza niveles muy altos, 8 puntos más que la media UE, tiene efectos negativos. Se produce un encarecimiento de los costes laborales con efectos negativos sobre la productividad y el empleo.

Al margen de sus consecuencias económicas y financieras, el modelo de cobertura del retiro vigente en España tiene y tendrá un grave impacto social. Una fuerza laboral joven y reducida tendrá que financiar una población jubilada cada vez mayor. Las generaciones futuras, ceteris paribus, soportarán el peso de financiar a los jubilados mediante las cotizaciones sociales y, además, soportar la carga tributaria derivada de la fiscalidad directa e indirecta para sufragar los enormes gastos del Ogro Filantrópico. Con independencia de otros factores, esto implica una reducción del nivel de vida futuro de los jóvenes españoles cuya posición actual y sus expectativas son ya bastante malas. Antes o después, esto provocará una guerra intergeneracional.

El modelo de pensiones existente en España es insostenible en términos financieros, conduce a un enfrentamiento entre generaciones, es económicamente lesivo por su impacto sobre el empleo, sobre el ahorro y la acumulación de capital y, por tanto, es dañino para el crecimiento de la economía, de la productividad y del nivel de vida de los ciudadanos. Y nadie parece dispuesto a poder el cascabel al gato.