La inflación y el paro son los dos conceptos más mencionados en la literatura macroeconómica. En los años setenta y ochenta del siglo pasado era frecuente encontrar unos "índices de malestar económico" (misery index) que consistían en sumar la tasa de paro y la tasa de inflación de diferentes países y ver su evolución temporal.

Estos índices de malestar reflejaban de alguna manera el fracaso del modelo keynesiano, prevalente desde los años 50, que auguraba, en condiciones normales la existencia de un "trade-off" o posibilidad de elección entre esas dos variables: menos paro a costa de más inflación, o viceversa.

Los choques del petróleo de 1973 y 1979 echaron por la borda esa posibilidad de elección y las economías occidentales se vieron abocadas a sufrir tanto elevadas tasas de paro como de inflación ("estanflación"). Surgieron multitud de modelos que propugnaban reformas en el mercado de trabajo y de bienes, y una mayor independencia de los bancos centrales, que tendrían delegada la función de controlar la tasa de inflación sin preocuparse por las variables reales.

Así, en las tres últimas décadas, la inflación ha sido un fenómeno ausente de nuestras vidas. Los que nos dedicamos a la enseñanza de la Macroeconomía hemos comprobado durante los últimos años el desinterés de los alumnos ante un fenómeno, la inflación, que consideraban "teórico" y ajeno a la realidad económica que estaban viviendo, más propio de un curso de Historia que de una asignatura de Teoría económica. En el gráfico 1 presento la serie de tasa de inflación anual, medida todos los meses desde 1962 hasta abril de 2022.

En efecto, salvo un mes puntual de 2008 (julio) en el que el precio del petróleo alcanzó los 140$ el barril, con su consiguiente impacto sobre el IPC, que llegó puntualmente a 5,3% en ese mes, y otro repunte transitorio en abril de 1995, en el que alcanzó el 5,2%, la inflación se había situado sistemáticamente por debajo del 5% desde 1992. Y, si consideramos las medias anuales, la inflación de 2008 fue el 1,4% y la de 1995 el 4,3%, pese a dichos aumentos transitorios en unos meses determinados. Por el contrario, la inflación promedio de 1992 fue 5,3% y la de 1991, 5,1% y, si nos vamos varios años hacia atrás, nos situaríamos en el 6-7%.

Por tanto, podemos afirmar sin exagerar que hemos estado 3 décadas con una inflación muy baja (por debajo del 5%), y un cuarto de siglo (desde 1997) con una inflación promedio del 2%, que es precisamente el objetivo del BCE. Y, si tomamos el período 2009-2020, la inflación promedio ha sido el 1%, la mitad del objetivo del BCE (véase la Tabla 1).

¿Qué grado de rechazo social hay a una tasa de inflación elevada? En un importante artículo de 1996, Robert Shiller (Why do people dislike inflation?), que más tarde recibió el Premio Nobel de Economía en 2013 por su análisis sobre burbujas de precios de los activos, publicó los resultados de una encuesta realizada a ciudadanos de diferentes edades de EEUU, Alemania y Brasil sobre la percepción de los costes sociales de la inflación. En todos los países y para todas las generaciones, la inflación se considera un problema más preocupante incluso que el desempleo.

Una gran mayoría de la población muestra un importante rechazo la inflación y la asocia a una pérdida de calidad de vida. En particular, a la pregunta de si está el ciudadano dispuesto a apoyar políticas que rebajen la tasa de paro en algunos puntos a cambio de "pagar" con más inflación, la respuesta fue mayoritariamente negativa. Por el contrario, a la inversa, sí que se mostraban dispuestos a políticas que rebajen la inflación, aunque sea a costa de algo más de paro.

Es muy posible que los resultados de esa encuesta estuvieran sesgados, por haber sufrido los 3 países experiencias inflacionistas cercanas a la fecha de la encuesta. Y, en particular, en Alemania, una sociedad en la que el recuerdo de la hiperinflación de 1922 sigue presente en la memoria histórica, por el impacto que tuvo en los acontecimientos históricos posteriores: el odio a los judíos, que consiguieron protegerse de la hiperinflación al refugiarse en activos reales, y el auge del nazismo en los años 30.

De llevarse a cabo esa encuesta en un período como el actual, tras varias décadas de inflación baja o nula, probablemente los resultados serían diferentes. Pero todo es cuestión de tiempo. Es decir, de qué tasa de inflación se alcance y de cuánto vaya a durar esa tasa de inflación.

En buena parte del mundo occidental, el choque de precios de materias primas causado por la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, y otros factores ligados a la evolución de la pandemia (cuellos de botella en el suministro de bienes intermedios) ha provocado que muchos países alcancen unas tasas de inflación cercanas a los dos dígitos.

Ello ha causado una cierta alarma social y una intensa preocupación política, pues los gobiernos tienen muy poco margen de maniobra para reducir la escalada de precios, por ser un choque de oferta negativo externo sobre los países importadores de esas materias primas. La clave no es sólo el nivel que alcanzará la inflación, sino cuanto tiempo trascurrirá hasta que vuelva a niveles "normales" (en torno al 2% anual).

El choque de precios de materias primas ha provocado tasas de inflación cercanas a los dos dígitos.

Además, aunque sólo sea por factores generacionales, buena parte de la clase política, de los empresarios, de los líderes sindicales y de los profesionales de los medios de comunicación no han vivido la inflación y probablemente no sepan cómo debe o no debe abordarse.

Tanto las previsiones económicas publicadas por el FMI en su World Economic Outlook correpondiente a la primavera de 2022 como el cuadro macroeconómico que acompaña a la actualizacion del Programa de Estabilidad 2022-25, recientemente remitido por el Gobierno de España a Bruselas, son bastante optimistas al respecto. En ambos casos se señala que el problema inflacionista que estamos sufriendo se "disipará" el año que viene. En la tabla a continuación, tomada de dicha actualización del Programa de Estabilidad, se presenta la evolución de los principales índices de precios para los próximos años.

El deflactor del Consumo Privado, que es un índice parecido al IPC, aunque con metodología diferente, alcanzará un máximo del 6,1% en este año 2022. Esto ya resulta optimista porque, hasta abril de este año, el IPC se ha situado en media en un 7,9%, por lo que la previsión señala que en la segunda mitad del año tenderá a reducirse. Es decir, que, de acuerdo con este escenario, ya hemos alcanzado el máximo de la inflación de consumo.

Los precios de la inversión que, además de los costes del componente energético, se ven afectados por la tensión en los suministros internacionales, experimentarán una mejora incluso superior a la de los bienes de consumo, y se situará por debajo del 2% ya a partir del año que viene. Y con los precios de las exportaciones e importaciones, que incluyen el gas y el petróleo importado, el repunte de inflación de 2022, del 8,5% y 12,1%, respectivamente, se tornarán en inflación cero o negativa para 2023 y siguientes ejercicios.

Las previsiones, aun siendo optimistas, podrían cumplirse. Pero para ello se deben dar dos condiciones:

(i) Que la invasión de Ucrania y sus consecuencias sobre los mercados energéticos terminen pronto, en la segunda mitad del año 2022 como tarde. Una escalada del conflicto que obligara a un boicot total a las compras de gas y petróleo ruso por parte de la Unión Europea probablemente dispararía los precios de estos inputs energéticos por encima de los niveles actuales 

(ii) Que no haya "efectos de segunda ronda" en los precios, en el caso de que los agentes sociales traten de mantener el poder adquisitivo de sus rentas o sus márgenes empresariales, respectivamente.

La primera condición depende del escenario político internacional y es absolutamente incontrolable. Pero, si la situación se prolonga más allá del verano, la Unión Europea tendrá que afrontar un escenario de racionamiento energético o sus previsiones de crecimiento real y de inflación se irán al traste. 

La segunda condición, por el contrario, depende de nosotros mismos. Por eso es tan importante un "pacto de rentas" que incluya no sólo a los agentes sociales sino a todas las fuerzas políticas que, de alguna forma, están presentes en todos los gobiernos autonómicos, además del gobierno de la Nación. Los primeros signos de "efectos de segunda ronda" no son nada halagüeños. La inflación subyacente sigue creciendo pese a que la inflación medida por el IPC general se ha reducido.

Si la guerra se prolonga más allá del verano, la UE tendrá que afrontar un escenario de racionamiento energético.

El pacto de rentas debe partir de una doble premisa:

La primera, aceptar que el choque de oferta nos ha empobrecido en la medida en que somos un país importador de una energía que se ha encarecido sustancialmente, lo que supone una transferencia de renta nacional (de PIB) hacia los países exportadores. Esta pérdida de renta se debe distribuir de una forma razonable entre toda la población.

Sólo deben quedar fuera del ajuste los colectivos más vulnerables: los perceptores de salario mínimo, de ingreso mínimo vital, de pensiones mínimas, de becas y de ayudas a la dependencia. Esto es fácil de decir, pero difícil de implementar. Pero será imposible de ponerlo en práctica si no se acepta la premisa de partida.

El comportamiento de algunos empresarios, que están incluso tratando de subir márgenes en la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, deja mucho que desear. La movilización de muchos colectivos tratando de mantener su poder adquisitivo pese al empobrecimiento del país, también resulta preocupante.

La segunda premisa debería ser más fácil, porque tenemos una experiencia exitosa relativamente reciente, y en una situación política mucho más complicada que la actual. Se trata de revisar los salarios y rentas en función de la inflación esperada, y no de la inflación pasada.

Esa importante reforma estructural se tomó en 1977, en el marco de los Pactos de la Moncloa, por parte de todos los partidos políticos y agentes sociales. El momento político era muy delicado, en plena transición política y tras las primeras elecciones democráticas celebradas en nuestro país tras 40 años de dictadura. La actitud de la izquierda (PSOE, PSP, PCE) y de los sindicatos fue constructiva, pese a que la derecha había ganado las elecciones y buena parte del aparato del franquismo seguía intacto.

En el gráfico 1 se puede ver como la espiral inflacionista se consiguió frenar tras los Pactos de la Moncloa. En octubre de 1977 la inflación alcanzó el 28% y un año más tarde ya se había recortado en más de 10 puntos, hasta el 17%. La revolución iraní a principios de 1979 provocó la segunda crisis del petróleo, más dañina y duradera que la primera de 1973-74. Pero la inflación en España no volvió a situarse por encima del 17% nunca más, gracias al cambio en el mecanismo de revisión salarial. 

Al contrario de lo que muchos creen, el sistema de fijación de salarios en función de la inflación esperada no deriva en pérdidas de salario real, pues se acompañan de cláusulas de salvaguarda. Por el contrario, los mecanismos basados en la inflación actual o pasada suelen desembocar en espirales inflacionistas que típicamente acarrean pérdidas de salario real.  

Estos mecanismos de revisión no sólo deben afectar a los salarios, también a otras rentas, como las pensiones, los alquileres o la remuneración de los empleados públicos. Y, por supuesto, también deben incluir a los empresarios que deberían evitar subidas de precios por encima de la inflación prevista. Aunque ello suponga que, a corto plazo, tienen que renunciar a parte de sus márgenes. Ojalá todos estén a la altura de las circunstancias.

Miguel Sebastián - ICAE y Universidad Complutense