Lo primero es aclarar que no son beneficios extraordinarios propiamente dichos. Contablemente, esa figura responde a los conseguidos por una empresa en operaciones ajenas al objeto de su negocio. Por ejemplo, si una distribuidora de alimentos o energía obtiene beneficios vendiendo un edificio de su propiedad, ese beneficio figura en su cuenta de resultados como "beneficios extraordinarios". Lo que se califica como beneficios extraordinarios de las eléctricas no lo son tales. Son beneficios derivados de las operaciones corrientes de esas empresas. Mayores que en otras circunstancias, pero ordinarios.

Así que en el caso de que el Gobierno quisiera expropiar esos "beneficios ordinarios" habría calcularlos. No como extraordinarios, sino como ordinarios suplementarios y no estaría claro cuáles son. Algo que llevaría a un litigio, que podría acabar en los tribunales. Técnicamente la discusión es compleja. Mejor no meterse en líos porque como dice el refrán jurídico: más vale un mal arreglo, que un buen pleito. Lo rápido sería llegar a un acuerdo entre Hacienda y las eléctricas. Lo que probablemente sería un hecho de imagen y propaganda más que algo significativo.

Además, el Gobierno tampoco dice cómo va a comprobar la "razonabilidad" de los contratos para considerar que la eléctricas se han portado adecuadamente. Ausencia que permite sospechar que lo que ha dicho el Gobierno a las eléctricas es que no les van a exigir lo que el Decreto dice.

Bastará con que las empresas de energía hagan algún gesto para que el Decreto entre en vía muerta en lo referente a esos llamados impropiamente "beneficios extraordinarios". Eso también sería un acuerdo que evitaría el pleito al Gobierno.

De esa manera, Gobierno y eléctricas se benefician mutuamente. El Ejecutivo con la imagen de que parece que defiende a los consumidores. Las eléctricas manteniendo los beneficios que les permitan remunerar a sus accionistas; tanto por los dividendos que van a poder repartir, como por el aumento de cotización en bolsa de sus acciones, porque los inversores ven alejarse el fantasma del Gobierno fiscalizador.

Claro está que Unidas Podemos está al tanto para demostrar que es "la garante" en el Gobierno de la izquierda real. Así que no sería extraño que alzase la voz dentro de unas semanas cuando vea que ni baja el recibo de la luz sustancialmente, ni el Gobierno mete mano a las eléctricas.

Tampoco Yolanda Díaz o Alberto Garzón podrán gritar mucho ¿Por qué? Porque este Gobierno Sánchez-Díaz (que bascula a Díaz-Sanchez) necesita que le aprueben los Presupuestos de 2020 y aquí entra en juego el PNV con sus diputados en el Congreso.

Este Gobierno Sánchez-Díaz (que bascula a Díaz-Sanchez) necesita que le aprueben los Presupuestos de 2020 y aquí entra en juego el PNV

Es el PNV el que va a rebajar el decreto de las eléctricas a decretito. El lector se preguntará ¿qué beneficio saca el nacionalismo vasco de hacer esto?

No se puede afirmar que haya una relación directa en ello. Sin embargo, hay una coincidencia que si se fuera perverso se podría resaltar. La sede fiscal de la eléctrica más importante, Iberdrola, está en Bilbao. Por tanto, tributa a la Hacienda foral de Vizcaya. Una de las tres Haciendas que nutren el Presupuesto del País Vasco.

Al PNV, que gobierna en coalición con el PSE, le interesa que Iberdrola siga cotizando en Vizcaya; dado el precedente de las empresas de Cataluña que se marcharon. A Iberdrola, siempre que la situación parlamentaria sea la actual, le interesa tener su sede fiscal en Bilbao; tener de interlocutor un partido como el PNV, que además de nacionalista es partidario del libre mercado, con los matices que corresponde a su componente democristiana. Un PNV que tiene la llave de muchos temas parlamentarios al completar las mayorías.

Así que PNV e Iberdrola se apoyan económica y políticamente. Por eso lo que parecía un 'Decretazo Eléctrico' se va a quedar en 'decretito' (con minúsculas). Será una de las condiciones para que el PNV vote los Presupuestos 2022 que tanto necesita el Gobierno.

*** J. R. Pin es profesor del IESE.