Tras la reciente citación como investigado de Ignacio Sánchez Galán, casi un tercio del valor del Ibex 35 está expuesto de forma directa a la deriva judicial del 'caso Cenyt'. Iberdrola, Repsol, BBVA y CaixaBank (por su principal accionista) superan juntas en valor los 140.928 millones de euros, que se dice pronto. Si se suman otras grandes empresas españolas salpicadas por el 'caso Tándem', la cifra es aún más elevada.

El daño está controlado, pero el Ibex juega con fuego en esta investigación. La caída en Bolsa de Iberdrola la pasada semana fue un aviso a navegantes provocado por algunos hedge funds.

Sin embargo, el respaldo a Galán de los fondos que componen su 'núcleo duro' accionarial y la escasa atención que los grandes bancos de inversión han hecho en sus informes a la imputación del presidente es una baza para el consejo de administración de la compañía. Todos los consejeros reafirmarán mañana, martes, su apoyo al salmantino por considerar que su imputación no es motivo suficiente para alterar su confianza en él.

Tanto Qatar Investment Authority (8,69%), como BlackRock (5,23%), han mantenido intacta su inversión en Iberdrola. Mientras que Norges Bank sigue decidido a permanecer de manera estable en la energética española y las fluctuaciones notificadas en los últimos días a la CNMV responden al trading habitual del fondo soberano noruego y no a una estrategia de salida, según fuentes solventes de mercado.

La crisis de 2008 nos cambió como sociedad. Y cuando Villarejo campaba a sus anchas por el mundo de la empresa española, los grandes inversores no habían incorporado a su manual el llamado ESG (ASG en español en referencia a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza). La inversión sostenible como concepto ya existía, pero era algo casi residual.

La Audiencia Nacional tiene que juzgar ahora unos hechos del pasado desde un prisma del presente y el juez, Manuel García-Castellón, tiene miles de papeles que investigar y un papelón. 

La Justicia tiene que hacer su trabajo y lo hará. Pero políticamente, el Gobierno no quiere que la sangre llegue al río con las imputaciones de altos directivos en las distintas piezas de Tándem.

En especial, en el caso de Iberdrola, la empresa que más ha impulsado la transición ecológica de Teresa Ribera. Y menos ahora, que hay que gestionar los fondos europeos en proyectos 'verdes' con dinero público y privado.

Que Nadia Calviño -tan beligerante con el sueldo de los banqueros- se limite a decir lo obvio -que las imputaciones no son una buena noticia para la imagen de las empresas- refleja las pocas ganas que tiene el Gobierno de comentar este tema.

Tampoco Unidas Podemos ha querido hacer ruido con una gran empresa que públicamente ha reconocido su daño reputacional por este caso, pero que invertirá cerca de 15.000 millones en la transición energética en España de aquí a 2025.

En el mundo empresarial, lo que está ocurriendo se mira con estupor. Si Villarejo pudo 'entrar' en el Ibex fue porque contaba con una oficina pública y porque desde la Policía se ayudó a que el excomisario pudiera ocultar su identidad, como se puso de manifiesto en varias de las declaraciones policiales en la Audiencia Nacional por el 'caso Kitchen'.

Se da la circunstancia, además, de que los jefes de Seguridad con los que trataba Cenyt procedían también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La opinión pública siempre se ha mostrado crítica con las puertas giratorias de exministros y expolíticos, pero ha mirado hacia otro lado con las que han llevado a expolicías a altos cargos de la gran empresa, a pesar de que sus nombramientos eran conocidos.

Los responsables de Seguridad Julio Corrochano (BBVA), Rafael Araujo (Repsol), Miguel Ángel Fernández Rancaño (La Caixa) y Antonio Asenjo (Iberdrola) tienen un pasado policial. Este último, antes de llegar a Iberdrola, ya tenía una trayectoria empresarial consolidada, pero primero fue guardaespaldas de Adolfo Suárez.

"Te llamaba el ministro de turno para recomendarte a un alto mando policial que iba a retirarse y se le hacía un hueco en la empresa", reconoce una fuente de aquel tiempo del Ibex.

Cada caso es diferente, pero si Cenyt pudo empezar a trabajar para estas empresas fue por un claro ejemplo de corporativismo policial. Una vez conocida la doble actividad de Villarejo, el propio Gobierno avaló su contratación.

Fue en el año 2015, cuando el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó el ya conocido informe firmado por el inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, avalando la actividad privada del comisario.

Con este telón de fondo, se espera que esta investigación por supuestos delitos en la contratación de Cenyt no tenga recorrido penal.

Tanto es así que fuentes jurídicas subrayan que la Fiscalía ha tardado en pedir la imputación del presidente dos años. Y lo ha hecho con un escrito aceptado por el juez, pero en el que falta el argumento clave para conocer en qué basa el conocimiento que atribuye a Galán de los contratos con Villarejo.

Una percepción similar es la que hay con la imputación de Antonio Brufau e Isidro Fainé. En el caso de Francisco González aparecen matices, aunque el retiro del expresidente puede dar aire al banco (y al Gobierno) si se complican las cosas.

Todo esto es poco estético. Pero lo importante es lo que diga el juez sobre si se ha cometido algún delito. Mientras, en el Gobierno cruzan los dedos para que los fondos de inversión extranjeros sigan prestando poca atención a un caso que tiene mucho de estrambótico, pero que puede salir caro a la Bolsa española. Esto supondría un duro golpe a la inversión ahora que se empieza a ver la luz con el rebote económico.

ATENTOS A...

La rapidez con la que el Tribunal Supremo tomó la decisión de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) qué hacer con las reclamaciones bancarias ha generado sorpresa en el sector financiero, donde se esperaba una decisión el pasado 23 de junio que diera seguridad jurídica al mercado.

Como se contó en esta columna, había expectación por lo que estableciera el alto tribunal que preside en funciones Carlos Lesmes. Sin embargo, en el sector se ha entendido, como una estrategia lógica para sacar del 'ruido de la calle' una decisión que tiene una enorme trascendencia en el mundo de la banca, del que dependen los ciudadanos y las empresas para financiarse.

Habrá que esperar lo que diga Luxemburgo, donde ya hay un precedente en el que se acortan los plazos de reclamación por indemnización de un producto financiero. El tribunal que preside Koen Leanerts se ha mostrado a favor de alinear a España con otros países europeos, donde el tiempo para reclamar es inferior.