La banca vuelve a estar pendiente de una decisión del Supremo. El próximo 23 de junio, el alto tribunal unificará doctrina con una sentencia que establecerá cuándo prescribe el plazo para reclamar a una entidad financiera el dinero cobrado por productos con cláusulas o intereses "abusivos".

Una vez más, lo que decidan los jueces será vital para la cuenta de resultados del sector financiero y para la de los bufetes que viven de los pleitos contra los bancos. Si el importe a reclamar pasa de 15 a cinco años, la retribución de los abogados especialistas en estos litigios se verá mermada y puede haber clientes a los que no les interese reclamar.

No se alarmen. Que esto ocurriera es compatible con preservar el derecho del consumidor a pedir la nulidad de un contrato o una cláusula abusiva.

El presidente en funciones del Supremo, Carlos Lesmes.

El presidente en funciones del Supremo, Carlos Lesmes.

Sobre este asunto ya se prounció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado año, cuando estableció que la acción de nulidad es imprescriptible. Sin embargo, esto es una cosa y la exigencia de resarcimiento económico por los daños causados es otra. Y este último punto es el que está en juego en el Supremo.

En 2015, se rebajó de 15 a cinco años la prescripción de reclamaciones en el ámbito civil y se estableció un periodo transitorio -que finalizó en diciembre de 2020- para aplicar este cambio.

Ya hay algunas sentencias de juzgados que han separado ambos conceptos y establecen que una cosa, es la acción de nulidad y la otra, el resarcimiento. En concreto, el pasado 26 de abril una magistrada de Sevilla entendió así la aplicación del derecho y limitó a cinco años la acción de restitución o reembolso de las cantidades abonadas por un crédito revolving (línea de crédito renovable y rotativa).

Parece razonable que se limite el resarcimiento a cinco años. No porque esto suponga defender los intereses de la estigmatizada banca, sino porque así ocurre en los países de nuestro entorno europeo y porque la falta de seguridad jurídica puede acabar encareciendo el acceso al crédito de los españoles.

Después de más de una década pleiteando, hay que buscar un equilibrio que garantice la protección del consumidor con el sentido económico del sector financiero. De otro modo, productos, como el crédito revolving o las hipotecas, se volverán aún más caros en España o desaparecerán perjudicando, como siempre, al cliente más vulnerable.

Después de más de una década pleiteando, hay que buscar un equilibrio que garantice la protección del consumidor con el sentido económico

Esto es algo que el Tesoro Público ya ha venido a advertir posicionándose a favor de las entidades financieras al defender que el revolving puede ser muy útil y eficiente si se da en condiciones de transparencia y concurrencia.

Tiene razón el organismo que dirige Carlos San Basilio en esto último. Lo curioso es que para garantizar estas reglas del juego, está la regulación, más garantista que 'buena voluntad' de las entidades.

El protagonismo que han tomado las decisiones el tribunal que preside en funciones Carlos Lesmes en la banca no se entiende fuera de nuestro país. Y esto no es por culpa de los jueces, sino por los numerosos flecos que ha ido dejando el legislador en un sector que, curiosamente, está hiperregulado.

Pedro Sánchez, Carlos Lesmes, Nadia Calviño y Carlos San Basilio.

Hay muchos ejemplos. Uno icónico fue el del famoso impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de 2018, cuando tras un controvertido fallo del Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez -recién llegado a La Moncloa- salió a regular por decreto que fueran los bancos los que asumieran este gasto.

Por cierto, que entonces se decidió crear la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros que dependerá de Nadia Calviño y cuya puesta en marcha se ha retrasado por la pandemia.

Ahora, volvemos a estar pendientes de otra sentencia clave para unificar el criterio sobre cuál es el plazo para reclamar, desde cuándo empieza a contar o si se interrumpe o no la prescripción por distintas acciones.

Cuando las reglas del juego no están claras, salen perdiendo tanto el poder económico, como el cliente. Ganan los abogados y se saturan los juzgados en un momento en el que hay urgencias que atender (hablaremos, otro día de los concursos de acreedores).

Veremos qué dicta el Supremo, qué dicen los bancos sobre ello y también los abogados y las asociaciones de consumidores. Pero o se pone orden en la litigiosidad o tenemos un problema añadido para impulsar nuestra maltrecha competitividad.

ATENTOS A...

El problema interno que afronta el Gobierno como consecuencia de la subida de la luz va más allá del rifirrafe entre sus dos almas representadas, en este caso, por Teresa Ribera e Ione Belarra. Los españoles estamos pagando cara la energía y esto se está trasladando a la inflación, que volvió a repuntar en mayo.

Teresa Ribera, Ione Belarra y Christine Lagarde.

Aunque Christine Lagarde ha querido lanzar un mensaje de calma al mercado garantizando que los estímulos no se van a retirar en los próximos meses, lo cierto es que Fráncfort sigue muy de cerca su evolución. En especial, en un año electoral para los alemanes. Y como empiece la retirada, los españoles sí que vamos a tener que asumir una factura bien cara: la del incremento del coste de nuestra deuda.

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