¿Cuántas veces hemos oído que España necesita reformas estructurales para corregir un problema endémico que llevamos sufriendo tantas décadas como es la baja productividad? No sé cuántas, pero me recuerda mucho al cuento de nunca acabar.

Según una de las definiciones que he encontrado en la web se utiliza la frase para referirse a "sucesos que se repiten una y otra vez y que dan la apariencia de que nunca van a dejar de suceder, generalmente causando alguna molestia". Creo que se aplica como anillo al dedo a las tantas veces mencionadas reformas estructurales, que nunca llegan a implementarse y que, por ese motivo, generan un gravísimo problema al cronificar la baja productividad de la economía española.

El último que ha tenido que repetir el cuento poniendo de manifiesto la importancia de las reformas estructurales es el Banco de España en su Informe Anual de 2020. Y lista nada menos que nueve reformas que estoy seguro nadie puede discutir y que podemos agrupar en seis: 1) deficiencias del mercado laboral (para reducir la dualidad, reforzar las políticas activas de empleo, y potenciar la empleabilidad de los trabajadores mayores); 2) la sostenibilidad de las pensiones; 3) impulsar el crecimiento empresarial; 4) fomentar la oferta de vivienda en alquiler; 5) aumentar la inversión en capital humano y tecnológico; y 6) mitigar la desigualdad en la distribución de la renta. Son reformas de sobra conocidas que en última instancia tienen como objetivo aumentar la productividad y conseguir un crecimiento inclusivo.

La evidencia de la baja productividad de nuestra economía es incontestable se mire por donde se mire. Por ejemplo, si utilizamos la base de datos AMECO de la Comisión Europea y vemos la evolución de España con una perspectiva de largo plazo, la llamada productividad total de los factores (PTF), que es el mejor indicador de productividad en el uso conjunto de los factores de producción (trabajo y capital), es a finales de 2020 un 3,6% inferior a la de 2000 (¡hace dos décadas¡), mientras que en la UE es un 4,1% superior.

La evidencia de la baja productividad de nuestra economía es incontestable se mire por donde se mire

Con esos pobres resultados, no es de extrañar que nuestro PIB por habitante sea un 9% inferior al de la UE y que la brecha se haya ampliado 7,7 puntos en los últimos 20 años. Es decir, en lugar de converger al mayor nivel de renta per cápita de nuestros socios europeos, nos hemos alejado.

Aumentar la productividad implica conseguir que nuestro tejido productivo sea más competitivo, aumentando así nuestro output potencial. Por tanto, es la palanca que aumenta el PIB y el bienestar económico. A su vez, tal y como nos recuerda el Banco de España, las fuentes del crecimiento de la productividad son el esfuerzo inversor en educación (capital humano) y en I+D+i (capital tecnológico).

A estos yo añadiría la inversión en activos intangibles (software, diseño, bases de datos, formación de los trabajadores, cambios organizativos en las empresas) que son ahora mismo el foco de los fondos europeos de reconstrucción (Next Generation European Union) que establecen como uno de sus objetivos la digitalización del tejido productivo.

Para abordar estas reformas y hacer propuestas, en muchos casos se han constituido en el pasado comités de 'sabios', pero esas propuestas con demasiada frecuencia acaban en la oscuridad de los cajones.

Por ejemplo, en 2014 se creó un comité de expertos para la reforma fiscal cuyas propuestas están en el baúl de los recuerdos. Ahora el cuento se repite y se ha creado este mismo año otra comisión de 'sabios' para hacer otra propuesta de reforma fiscal.

Lo mismo se aplica a la tan necesaria reforma del sistema de financiación autonómica: el comité de expertos emitió en 2017 su informe, pero la reforma sigue sin implementarse.

Me temo que en España somos expertos en crear comités de sabios cuyas propuestas acaban en el limbo. Sin embargo, la gota que colma el vaso es que siendo la productividad el problema más importante que tiene nuestra economía, España sigue sin tener un Consejo sobre la productividad, algo que recomendó la Comisión Europea en 2016 y volvió a recomendar en 2019, pero hasta ahora hemos hecho oídos sordos.

España sigue sin tener un Consejo sobre la productividad, algo que recomendó la Comisión Europea en 2016 y volvió a recomendar en 2019

En resumen, es necesario que de una vez por todas se pongan en marcha las reformas estructurales necesarias para aumentar nuestra productividad. Los políticos, que son los que deben aprobar las propuestas alcanzando consensos, tienen excelentes informes de excelentes comités de expertos donde detallan la hoja de ruta a seguir y, en particular, deberían tomar buena nota de las reformas que plantea el Banco de España, porque las propuestas que hace en su informe anual son la mejor ruta a seguir para que nuestra economía sea más competitiva.

Y por favor, hagamos caso a la Comisión Europea y creemos de una vez el Consejo Nacional de la Productividad, aunque de nada servirá si es un comité de expertos más que emite informes que se quedan en el baúl de los recuerdos.

Si ante el gran reto que tenemos por delante que es la reconstrucción tras el brutal impacto del Covid-19 no somos capaces de implementar las reformas estructurales, casi es mejor que nos las impongan desde fuera como ocurrió con las condiciones que impuso el memorándum de entendimiento que acompañó al rescate bancario de 2012.

Permítanme un comentario final sobre un tema que también viene como anillo al dedo a mis reflexiones anteriores. El Gobierno acaba de anunciar la presentación del informe España 2050 (han participado nada menos que 103 expertos) donde uno de los mensajes que ya se conoce es que España puede crecer a una tasa anual del 1,5% hasta 2050 siempre que mejore la productividad si se implementan reformas estructurales.

Crucemos los dedos para que no sea otro informe más a añadir a la lista de informes ya disponibles realizados por magníficos expertos que demuestran la importancia de las reformas estructurales y lo que hay que hacer para que aumente la productividad.

De lo contrario, se repetirá una vez más el cuento de nunca acabar y no se pondrán en valor las aportaciones de los expertos. Como siempre, la pelota está en el tejado de los políticos que son los que tienen que lograr el consenso para implementar las reformas.

*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.

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