La sorpresa de la semana pasada vino de la mano de la abstención de Vox a la propuesta del Gobierno para gestionar los fondos europeos. La excusa no era muy original: mirar por el bien de los españoles, una razón que, al menos de palabra, comparten Abascal, Iglesias, y todos los miembros del Parlamento. Bajo ese manto cabe la anulación de la propiedad privada, la dictadura, la prohibición de comer carne y todo lo que uno crea que es bueno para los españoles.

En este caso, el partido de Abascal y Espinosa de los Monteros se han defendido con el dramatismo feroz que les caracteriza, y han atacado al Partido Popular y a Ciudadanos por no ceder esta vez, ya que de la aprobación de ese decreto ley dependía que llegaran o no los fondos a los maltrechos bolsillos de quienes están siendo más golpeados por la crisis.

Lo cierto es que lo que se jugaba en el Congreso, no era la llegada de los fondos sino la gestión. Una cuestión en la que, como sabemos tras la catástrofe del 'Plan E' de Zapatero, al PSOE no se le da muy bien.

En esta ocasión, tampoco podían albergarse muchas esperanzas, dado lo que hemos vivido desde marzo. De hecho, la falta de previsión y la penosa planificación del gobierno ha sido uno de los arietes con los que, otrora, Vox embestía al Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias.

"Ayer escribíamos 'hola solidaridad', hoy leemos 'adiós soberanía’", escribía en las redes sociales Buxadé, diputado y portavoz del partido, cuando se aprobó la ayuda europea en julio.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros explicaba que si los fondos se gestionaban adecuadamente podría ser una buena noticia para España. Pero, para ello, proponía medidas como una disminución de los impuestos y ajustes estructurales. Y, de hecho, afirmaba que las iniciativas que el Gobierno estaba desarrollando entonces eran "contrarias" a las que deberían aplicarse para que España pudiera superar la crisis.

"El diablo está en los detalles", señalaba. Y advertía de que los pensionistas y trabajadores serían los pagadores de "la bacanal autonómica y sociocomunista".

En la misma página del partido que lidera Espinosa aparecen sus declaraciones en el Congreso hace pocos días: "La gobernanza de los fondos se ha articulado de una forma 'tan partidista' que 'no guarda los estándares mínimos ni de la ética, ni de la estética'".

Pero sus declaraciones van más allá: "Desde VOX estamos a favor de que esos fondos lleguen a nuestras empresas. Pero no podemos ser cómplices de un diseño con tantas sombras, que apuntala una red clientelar al servicio de su causa partidista y que nos conducirá al mayor recorte social de nuestra historia".

Ciertamente, si vamos a 'los detalles' a los que apuntaba Espinosa de los Monteros, la gestión de los fondos que ha planificado este Gobierno resulta bastante descorazonadora. No obstante, Vox se abstuvo y salió adelante el Real Decreto Ley. No querían, pero son cómplices.

La gestión de los fondos que ha planificado este Gobierno resulta bastante descorazonadora

¿De qué? De un decreto ley que establece la aplicación de un filtro de género al reparto de los fondos europeos, de los cuales 50 millones de euros se destinarán a este propósito, y que se distribuirán de acuerdo con una Comisión creada a tal efecto y dependiente del Ministerio de Igualdad.

Son cómplices de un decreto ley cuyo borrador ha sido modificado por voluntad del vicepresidente Iglesias, de manera que el Gobierno se dota de la capacidad de crear empresas con capital público (¡por fin, Pablo!), o participar en empresas de capital privado. El objetivo es la adjudicación de contratos financiados con los fondos de recuperación procedentes de la UE, a dedo, sin necesidad de una licitación pública.

Esto significa que no se harán públicas las condiciones de la adjudicación. Justamente la corruptela de la que advertía Vox y sin cuya abstención esto no sería posible. Este artículo no es incoherente o extraño a la linea de la mitad del Gobierno. Está en armonía con las últimas declaraciones de Iglesias, quien ya defendía la nacionalización de Endesa y de las empresas farmacéuticas. Nuestro vicepresidente pertenece a un partido que apoya abiertamente la ocupación de la propiedad privada ajena.

No se harán públicas las condiciones de la adjudicación. Justamente la corruptela de la que advertía Vox

¿Y las empresas? ¿Se van a beneficiar de este real decreto las empresas más necesitadas? Por supuesto que llegarán ayudas a las pequeñas y medianas empresas, claro que el reparto contará con ayudar a la hostelería y el turismo. ¡Sólo faltaba!

Pero tras esa pantalla va a cocerse un caldo de cultivo propicio para el chalaneo de empresarios afines al régimen, que disfrutarán de contrataciones a pachas con las empresas públicas. Todo muy al estilo del anterior régimen. Por supuesto, estos privilegios no serán gratis. Ya se ocupará el régimen de cobrarse estos favores cuando lo considere oportuno.

En resumen, vivimos un retroceso muy grave en la maduración de nuestra democracia. Es un atentado al Estado de derecho, que promueve la transparencia e información necesaria para que los ciudadanos puedan exigir a los servidores públicos un comportamiento tan ejemplar como el que se le exige a ellos.

No solamente se trata de que un decreto ley no es el procedimiento jurídico adecuado, como el propio Espinosa de los Monteros explicaba. La ausencia de un ente independiente que vigile contratos, asignación de fondos y rendición de cuentas de la planificación y uso de los fondos europeos es mucho más grave de lo que parece. Crea un precedente muy peligroso.

No creo que el partido de Abascal rectifique y reconozca su equivocación. Pero ya no podrán señalar con el dedo al Gobierno cuando cometa algún atropello con los fondos. Serán cómplices y estaremos aquí para recordárselo.