El Gobierno ha lanzado a los cuatro vientos su proclama triunfal de esta semana: la Comisión Europea (CE) ha aprobado el plan presupuestario remitido a Bruselas. Esto es cierto, pero se le ha olvidado poner de relieve las duras críticas de fondo contenidas en el análisis de los Presupuestos Generales del Estados (PGE) realizado por esa institución comunitaria.

En su clásico lenguaje tecnocrático-vaticanista, demuele la política económica del Ejecutivo, desmonta su cuadro de previsiones macroeconómicas y lanza una nueva señal de alarma sobre la inquietante trayectoria de las finanzas públicas patrias. Por tanto, el alborozo gubernamental, como suele ser habitual, no responde a la realidad.

De entrada, la CE señala que si no se hubiese producido la pandemia y su dañino efecto sobre la economía española, el Reino de España hubiese retornado en 2020 al Procedimiento de Déficit Excesivo. Esta era la dinámica derivada de la evolución del déficit público en 2019 y de la negativa del Gabinete social-podemita a adoptar las recomendaciones formuladas para corregirlo.

La activación de las cláusulas de salvaguarda permite obviar esa situación, pero la CE indica que, aunque se retiren las medidas excepcionales de gasto introducidas para combatir la crisis, la tendencia del déficit a crecer se sitúa por encima de la del PIB potencial.

Eso es así por la imparable tendencia alcista de los programas de gasto estructural que tienen una lógica expansiva inercial: la ligazón de los salarios públicos y de las pensiones a la inflación, los programas sociales y los consumos intermedios.

Gastos e ingresos

De cara a 2021, la CE sostiene que los PGE subestiman los gastos y sobrestiman los ingresos. Esta es la consecuencia directa de una previsión de crecimiento irreal tanto en su escenario bajo (7,2%) como alto (9,8%), lo que disminuirá los ingresos para las arcas estatales, de un comportamiento del empleo peor al previsto y por la escasa capacidad recaudatoria de las nuevas figuras tributarias: reduce en un 50% los ingresos provenientes del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y de la lucha contra el fraude y en un 40% los atribuidos al tributo sobre Otros Servicios Digitales.

El resultado de estas revisiones a la baja (crecimiento y empleo) y al alza (paro y déficit) conducirán en 2020 a un déficit del 12,2% de PIB en vez del 11,3% previsto por el Gabinete y en 2021 del 9,6% frente al 7,7%.

En paralelo, la ratio deuda del PIB se elevará en este ejercicio hasta el 120,3% del PIB versus el 118,8% formulado por el gobierno y no se reducirá, sino que escalará hasta el 120,3% en 2021.

Esto certifica el fracaso absoluto de la planeación fiscal, presupuestaria y económica del Gobierno: una reducción del incremento del PIB de 4,4 puntos, un aumento del paro de 1,6 puntos y un crecimiento negativo del empleo del -0,8 respecto a las proyecciones realizadas por la coalición gubernamental para esas variables.

Escenario rosa

Desde esta óptica, el escenario rosa que el Gobierno ha querido transmitir tras aceptar la Comisión su proyecto de PGE es una verdadera falacia. Se dibuja un panorama lúgubre a corto, medio y largo plazo.

Por añadidura, la CE dice que numerosas medidas de gastos e ingresos son tan etéreas que no es posible cuantificar su impacto para terminar confesando que el Plan Presupuestario no incluye algunas variables que son básicas para plantear un cuadro macroeconómico riguroso: el tipo de cambio efectivo nominal, el volumen de importaciones extracomunitarias esperado o las discrepancias estadísticas en los balances sectoriales.

Los PGE no sólo son un castillo de naipes asentado sobre un terremoto, sino que el Gobierno ni siquiera se ha molestado en dotarlos de una mínima cobertura técnica para darles algo de rigor. Eso sí hay que reconocer a los coaligados la audacia o, quizá, la sinceridad de no justificar lo injustificable, de no inquietarse por el qué dirán y por mostrar una confianza imbatible en su capacidad de, como diría un castizo. “vender cabras”.

Para cuadrar el círculo de la coherencia, el socio podemita del Ejecutivo ha enmendado en el Parlamento el Presupuesto que el mismo votó en el Consejo de Ministros. Esta es una cabal expresión del caos absoluto que preside la gobernanza económica de las Españas.

Sobran economistas para describir este panorama. La ciencia lúgubre ha de ceder su paso al esperpento de Valle Inclán en esta reedición siglo XXI de la Corte de los Milagros.