Recientemente hemos tenido noticia de dos hechos muy relevantes que impactan de forma positiva y directa en la promoción de la movilidad sostenible y eléctrica en nuestro país.
Por un lado el anuncio del Gobierno de España de querer desplegar 100.000 puntos de recarga de acceso público en los próximo cuatro años como parte del fondo europeo Next Generation. Por otra parte el hecho de que se está trabajando y consensuando la próxima reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE) que se espera que esté vigente para el año 2021 y en la que se va a incluir un nuevo documento HE-6 que concreta los entornos de edificios existentes donde va a ser preciso implantar instalaciones de canalizaciones y de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Analizada la información sobre las previsiones de implantación de infraestructuras de recarga anunciadas por el Gobierno para los próximos años resulta factible desde un punto de vista industrial, ya que España destaca por albergar algunos de los fabricantes más importantes a nivel internacional, siendo una potencia exportadora de reconocido prestigio en la materia.
España alberga algunos de los fabricantes más importantes de infraestructuras de recarga, pero está en la parte de atrás en la ratio de implantación
El problema está principalmente localizado en las trabas administrativas que encuentran los operadores de recarga para llevar a cabo la instalación y operación de estas infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Estas afectaciones resultan una de las barreras más importantes que justifican en parte por qué España sigue siendo hoy en día uno de los países que está en la parte de atrás en cuanto al ratio de implantación de puntos de recarga en autopistas y autovías por cada 100 kilómetros.
Tanto las peticiones dirigidas a ayuntamientos, como a otros organismos como la Dirección General de Carreteras, mantienen una serie de problemáticas asociadas a no tener normativas ni criterios homogéneos y claros para la autorización de puntos de recarga y el notable plazo que se tarda en responder -hasta un máximo de 6 meses- y que en algunas ocasiones no obtener respuesta implica una connotación de respuesta negativa.
En muchas ocasiones hay técnicos municipales que se ven sobrepasados ante esta serie de peticiones por falta de conocimiento técnico, lo que también influye en tardar meses sin contestar. Por lo general, estas situaciones se entienden más coyunturales y en algunos casos se solucionan con solicitudes simples acompañadas de descripciones detalladas. En otros, requieren de licitaciones públicas de concesión cuyos trámites se dilatan en el tiempo.
Es fundamental facilitar líneas de créditos flexibles para la electrificación de flotas de empresa y la implantación de infraestructura de recarga
Iniciativas como la validación de una declaración responsable, tanto para los promotores como para las distribuidoras eléctricas que ejercen de operadores, servirían para simplificar los trámites administrativos, así como explorar la puesta en marcha de una ventanilla única para las administraciones con el fin de resolver las dudas sobre permisos, ayudas y trámites.
Otras iniciativas como facilitar líneas de créditos flexibles para la electrificación de flotas de empresa y la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, resultan fundamentales para este impulso en un contexto en que la economía está bastante tocada.
Por lo que respecta a la inminente reforma del Código Técnico de la Edificación, se considera una gran oportunidad de converger con otros países europeos que ya obligan desde hace unos años a implantar puntos de recarga en edificios existentes ante determinadas reformas significativas y en un porcentaje de plazas de garaje más elevado (10%) del que se pretenden aprobar con esta reforma (2,5%).
El nuevo Código Técnico de la Edificación concreta que antes del 1 de enero de 2023 todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de aparcamiento con más de 20 plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa al número mínimo de estaciones de recarga establecida por el CTE.
Este hecho tendrá un impacto económico muy positivo para el segmento de proyectos de instalación eléctrica y para todo el entorno de fabricantes de canalizaciones, de infraestructuras de recarga y de soluciones de explotación de estas infraestructuras. Se prevé un efecto multiplicador considerable a la demanda de estas soluciones para nichos de mercado muy diversos como hoteles, oficinas, empresas, universidades, edificios de administraciones públicas, comunidades de propietarios, parkings adscritos a conjuntos inmobiliarios diversos, de una forma muy superior a la que supuso la implantación de la ITC-BT 52 en 2015.
*** Alejandro Valdovinos es miembro de la junta directiva del Clúster de la Energía Eficiente.