A finales del siglo XIX, en el año 1898, España entró en pesimismo colectivo. La pérdida de los últimos territorios ultramarinos y la situación social, económica y política lo indujo. Éramos los parias de Europa, ignorantes de lo que pasaba fuera. No volvimos a tener orgullo español hasta la Transición y los años 90 del siglo XX y primeros del XXI.
A partir de esa fecha, 2008 aproximadamente, España entró otra vez en su pesadilla histórica. Los logros económicos, sociales y políticos del último cuarto del siglo pasado se pusieron en duda y el pesimismo volvió a la "opinión publicada". Volvimos a pensar que los Pirineos nos separan de Europa.
Los extremismos de uno y otro signo se han hecho con una parte significativa del electorado. Cómo consecuencia esta semana un periódico europeo calificaba España de Estado fallido.
¿Es verdad? Hay razones para afirmarlo. Fallido territorialmente, con gobiernos autonómicos enfrentados al Gobierno de la Nación, incluso pidiendo independencia.
Fallido institucionalmente porque el Gobierno puede dinamitar la imagen de independencia del poder judicial y arrojar sospechas sobre la continuidad de la Monarquía parlamentaria. Fallido con agentes sociales incapaces de despertar al Gobierno ante la hecatombe económica que viene.
A partir de 2008 España entró otra vez en su pesadilla histórica. Los logros económicos, sociales y políticos del último cuarto del siglo pasado se pusieron en duda
Según el FMI, España será el país desarrollado con el mayor descenso del PIB a nivel mundial en 2020 y cerca del 20% de desempleo. Paro que se quiere paliar con subvenciones e Ingresos Mínimos Vitales que nos mantendrán en la pobreza, incapaces de dar trabajo jóvenes y mayores de 50 años. Fallido porque sus empresas están en retroceso internacional.
Fallido porque no ha sido capaz de doblegar una pandemia con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Fallido porque los partidos políticos se muestran incapaces de encontrar soluciones pactadas razonables y se vuelve al frentismo.
Fallido porque la Liga no es lo que era, hasta Messi se ha querido ir del Barça y Ucrania nos ganó el martes. Sólo nos queda la nostalgia de la Transición y el 13º triunfo de Nadal en Roland Garros.
Esta España mía, esta España nuestra, que cantaba Cecilia tenía una letra más hiriente. Sin censura era: mi querida España, esta España viva, esta España muerta.¿Dónde está la una? ¿Dónde está la otra?
La España muerta es la que describen los párrafos anteriores. La que los "nuevos políticos" nos están entregando. La España viva fue la de los políticos de la Transición, la de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, profesionales, autónomos, trabajadores, funcionarios, jóvenes ilusionados, familias esperanzadas e inmigrantes que vienen a labrarse un futuro y emigrantes que se van para lo mismo.
La España viva fue la de los políticos de la Transición, la de los empresarios, autónomos, trabajadores, funcionarios, jóvenes ilusionados, familias esperanzadas
¿Cuál de las dos se impondrá? Dice la consultora McKinsey que hay dos factores comunes en todos los Estados que se han desarrollado: el libre mercado y la seguridad jurídica. Los dos son necesarios y se complementan.
España, por mor de la UE, tiene un mercado libre (torpedeado por los millares de normas autonómicas) y, aunque Alfonso Guerra anunció la muerte de Montesquieu, hasta la fecha el poder judicial había mantenido su imagen de independencia.
Contra esos dos factores el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene la intención de actuar. El cambio que se propone para de la Ley de elección del Consejo del Poder Judicial es un ataque a la imagen de seguridad jurídica al elegir sus componentes por una parte del Congreso, en lugar de forzar al consenso para mantener la imagen de equilibrio e independencia.
El aumento de ciertos impuestos hacia tipos confiscatorios (cercanos al 50% o de doble carga como el Impuesto sobre el Patrimonio) es un ataque al libre mercado. Los ciudadanos deben participar de los gastos del Estado con sus contribuciones. Para eso, una ley contra el fraude fiscal, como la aprobada el martes por el Consejo de Ministros.
Pero acercarse al 50% del Impuesto sobre la Renta induce a: abandono de la inversión hacia otros lugares, aumento del fraude fiscal, reducción de la actividad económica, desincentivo del ahorro… Además, la complejidad de la legislación tributaria ataca a la seguridad jurídica.
¿Queremos que esta España mía, esta España nuestra, se parezca a Venezuela o a …? Pues, ya se sabe, a apuntarse a una o a otra.
***José Ramón Pin Arboledas es profesor del IESE.