La primera ronda de negociaciones Reino Unido – Unión Europea después del confinamiento se ha levantado antes de tiempo sin haber hecho un acercamiento relevante de posturas.

Siguiendo el guión establecido en el acuerdo entre los dos bloques a finales del año pasado, Londres y Bruselas tienen que definir aspectos concretos de la nueva relación en cuatro materias relevantes: comercial, inversiones, inmigración y finanzas, y debe hacerse antes del 31 de diciembre que es cuando acaba el período transitorio.

Es difícil que todo el trabajo que estaba planificado para ser desarrollado en los últimos meses pueda hacerse en pocas semanas –teniendo en cuenta el deseo del primer ministro británico, Boris Johnson, de llegar a un acuerdo antes de que acabe este mes de julio–, pero lo estrecho de los plazos obliga a un último gran esfuerzo para las partes.

Siguiendo el orden de temas referido anteriormente, el primero de ellos es la cuestión comercial tanto de bienes como de servicios. En este campo, existe una importante discrepancia como es el reparto pesquero y las cuotas en función de si las aguas son continentales o británicas. En este momento, ésta es una baza negociadora para los británicos, los cuales pretenden restringir el acceso de flotas europeas para pesca de arrastre en aguas británicas.

En este punto, el negociador europeo Michel Barnier estaría dispuesto a recortar la presencia europea en aguas británicas sometiéndose a una negociación anual con Reino Unido para determinar cuántas capturas y flotas, pero a cambio de que el Gobierno británico ceda en materia de barreras a la entrada de otros productos europeos.

Es difícil que el trabajo previsto para los últimos meses pueda desarrollarse en pocas semanas antes de que acabe el mes de julio

En este mismo terreno comercial, otra línea divergente es la posible relajación de barreras no arancelarias por parte de Reino Unido, especialmente en el capítulo medioambiental.

Este punto preocupa especialmente en Bruselas, donde se está estudiando el establecimiento de un arancel en función de la huella de carbono, el cual afectaría por ejemplo a las exportaciones británicas hacia Europa. En este momento, el mix de generación eléctrica en las Islas Británicas se compone mayoritariamente de gas (33%) seguido de renovables (22%) y nuclear (14%). 

Una rebaja de los estándares medioambientales significaría competir con la UE sin tener por ello un alto coste en contaminación y ganando independencia energética.

En segundo lugar se sitúa el que quizá sea el principal ‘caballo de batalla’, que es el comúnmente denominado ‘level playing field’, es decir, el marco de lealtad de las relaciones Reino Unido - UE, de manera que ninguna de las partes ofrezca ventajas a empresas o personas que pongan a la otra parte en desventaja económica, financiera o regulatoria.

Dicho de otra forma: establecer una simetría en el terreno de juego. Este punto es bastante difícil de sostener justo en una época donde los grandes países europeos, como Alemania o Francia, se han lanzado a apoyar financieramente de forma masiva a sus grandes compañías estratégicas, lo cual compromete seriamente la igualdad de trato en el mercado común europeo.

Sin embargo, Bruselas no ve el peligro interno sino que achaca a terceros como China o la propia Gran Bretaña el riesgo de que sus empresas sean ‘dopadas’ para jugar con ventaja dentro del mercado europeo.

A este respecto, la Comisión Europea ha sacado a consulta pública un 'libro blanco' para equilibrar el mercado europeo ante el impacto de ayudas de Estado de terceros países, el cual contempla una revisión más profunda del ‘efecto dopaje’ vía ayudas fiscales, subvenciones, crédito público privilegiado o participación estatal en el accionariado de las compañías.

En este sentido, Competencia europea deja una pequeña puerta abierta a revisar si también las ayudas de Estado concedidas por países miembros distorsionan la competencia interna, porque si bien indica que la actual supervisión de ayudas de Estado asegura que no hay tratos de favor a unas empresas sobre otras, la realidad va camino de desmentir esto y la propia Comisaría lo sabe.

La Comisión Europea ha sacado a consulta pública un 'libro blanco' para revisar el efecto dopaje de las ayudas fiscales

Por último, las cuestiones migratoria y financiera siguen estando bastante ralentizadas. En el caso migratorio, las últimas novedades importantes son del mes de febrero, cuando el Gobierno británico presentó el “plan por puntos” contemplado en el programa electoral de Boris Johnson que consistiría en un baremo de idoneidad de la persona que quiere ir a residir a las Islas Británicas en función de si habla o no inglés, de las ofertas de trabajo que tenga, su posición económica, nivel de estudios o cualificación profesional, entre otros. Seguirán, por tanto, cuestiones abiertas, como es el caso de Gibraltar.

Sí existe una importante novedad en materia de movimiento de personas como es el cambio en las matrículas de estudios universitarios, las cuales en muchas Universidades irán convergiendo hacia las tasas que pagan los estudiantes extracomunitarios.

Y, en el caso financiero, el Gobernador del Banco de Inglaterra ha subrayado el riesgo sobre las cuentas públicas y la capacidad que tiene la política monetaria de mantener los costes de financiación del Tesoro.

La presión expansiva del ministro de Finanzas Sunak puede generar más tensiones sobre la libra esterlina, con lo cual desde el sistema financiero se le pide al Gobierno eficacia con los planes de creación de empleo y que de esa forma la economía vuelva a recuperar el pulso para evitar tensiones financieras.

En suma, es probable que se repita el mismo patrón de conducta en las dos partes negociadoras que el del año pasado, es decir, estar hasta el último minuto bajo una enorme incertidumbre. A pesar de ello, se podrá llegar a acuerdos que, aunque no sean sean óptimos, sí ayuden a arrancar las nuevas relaciones con beneficio para ambas partes.