La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, siempre se ha visto entre los empresarios y los inversores extranjeros como el garante del sentido común dentro del Gobierno. En la gestión de esta crisis se ha demostrado que así es. En un Gobierno de coalición con 100 días recién cumplidos, Calviño ya ha tenido que pelear por frenar las aspiraciones de otro de los vicepresidentes, Pablo Iglesias, cuando planteó la condonación de los alquileres de viviendas de los grandes fondos.

Un vicepresidente de Derechos Sociales que, recuerden, llamó 'fondos buitre' a los fondos internacionales que son grandes tenedores de vivienda en España en dos ocasiones durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. Más allá del malestar por la expresión, lo que se aprobó fue recibido con alivio entre unos fondos que ya se habían adelantado en esta crisis ofreciendo moratorias a los inquilinos que no puedan pagar en este momento su alquiler por el coronavirus.

Calviño sigue manteniendo reuniones con los empresarios y en especial, con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Sin embargo, no acaba de bajar al terreno de las demandas sectoriales, entre otros motivos, porque está muy centrada en las negociaciones con Bruselas de los paquetes de ayuda comunitarios a los que tendrá que acudir España para poder salir de esta crisis.

Hay otra vicepresidenta que ha tomado gran protagonismo en la gestión económica del coronavirus. Se trata de Teresa Ribera, la flamante responsable de Transición Ecológica. Sin embargo, Ribera genera sentimientos encontrados en el mundo empresarial. 

Frente a presidentes del Ibex 35, como Ignacio Sánchez Galán, al que se ha visto en buena sintonía con ella, hay otros empresarios que no acaban de confiar en Ribera. Conocido es el caso de sus fricciones con Antonio Brufau. Fuera del sector de la energía, Ribera es menos conocida en el trato, pero tampoco acaba de convencer a muchos empresarios conservadores.

De manera más discreta, y con menos poder, trabaja en el Gobierno Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Esta economista, profesora universitaria, tiene buena prensa en el mundo de la empresa.

La pasada semana, grandes empresarios del Turismo, Gabriel Escarrer Jaume o Kike Sarasola -que recordemos, han cedido sus hoteles a la Sanidad para medicalizarlos- se preguntaban cómo es posible que la ministra de un sector que representa más del 13% del empleo español no esté sentada en el comité de crisis que está gestionando el Covid-19. Como contó en este periódico Sandra Tobar señalaban a otros países, como Holanda y Alemania, en los que el Gobierno sí se ha sentado con el sector.

Hacen falta grupos de trabajo en el Gobierno para coordinar la respuesta a esta crisis. Si el pasado lunes abordaba en este mismo espacio la gran lección que ha dado Italia a España con el fichaje de Vittorio Colao, esta semana me centraré en la necesidad de que ese -todavía- inexistente Colao español y el Gobierno trabajen sobre el terreno con los protocolos que les entreguen los representantes sectoriales que deben aplicarlos.

Porque cada sector es distinto: no es lo mismo fabricar coches, que editar un periódico o regentar un hotel, con lo que los protocolos para la desescalada deben ser diferentes. 

En el caso del turismo, el protocolo se considera urgente. De la noche a la mañana, la facturación de las hoteleras ha caído a cero, un escenario que no se contemplaba en ningún plan de contingencia.

Gigantes como Blackstone (que tiene 70 hoteles en España), cadenas como Meliá International Hotels, Barceló o Room Mate y también las aerolíneas trabajan ya en elaborar un plan común de protocolos para entregárselo al Gobierno y que pueda llegar a tiempo para no matar del todo la temporada de verano que arrancará en junio.

Dado que el turismo internacional se da por perdido en el corto plazo, la pregunta es cómo podrán veranear los españoles este año. Si se opta por el ferry para ir a las islas Baleares, que sea en el interior de los vehículos, con posibilidad de ir a baños que se desinfecten al momento.

Si se viaja en avión, Aena tendrá que remodelar las zonas de espera de taxi para que haya más espacio, modificar los protocolos del check-in para minimizar el contacto, dotar a los aeropuertos de geles abundantes, obligar a utilizar mascarillas... Después, las aerolíneas tendrán que poner en marcha también un protocolo en el que entre dos pasajeros quede un asiento vacío en vuelos sin comida y con un sistema de reciclaje del aire testado y con garantías de que no pone en peligro la salud.

Todo ello para que cuando el turista llegue a su destino pueda alquilar un coche previamente desinfectado, llegar a un hotel con un check-in distinto, con más horarios para desayunar y una limpieza garantizada y total para evitar riesgos.

¿Será posible darse un baño en la piscina? Son dudas que tendrán que aclararse en esos protocolos que el sector tendrá que anunciar después para explicar a sus clientes que hay garantías de viajar este verano sin contagiar ni expandir el temido Covid-19.

Son protocolos que deberían ser de la Unión Europea, pero si se retrasa ese acuerdo, al menos en España tendrán que tomar forma para el turismo nacional. Y para conseguirlos sería fundamental contar con una figura en el Ejecutivo que coordine esa respuesta junto con los empresarios que son los que mejor conocen las necesidades de sus clientes y las posibilidades de sus negocios, además de con el Ministerio de Sanidad, que ha demostrado estar desbordado en esta crisis. Es decir, con Reyes Maroto.

Ante la falta de respuestas, es el sector el que se ha puesto a elaborar unos protocolos que entregarán hechos al Ejecutivo para pedir que los valide. Es muy posible que acaben aprobados, pero el problema son los tiempos. Esta es una ocasión única para mostrar que la cooperación público privada funciona en España y dar confianza tanto a los trabajadores que no saben cuándo se podrán incorporar, como a los consumidores que tienen que gastar para que éstos vuelvan a trabajar.

ATENTOS A....

El recurso de inconstitucionalidad en el que trabaja el Partido Popular contra la ley de vivienda impulsada por el Govern de Cataluña con el ánimo de regularizar la okupación cuando los sujetos sean familias vulnerables.

Se trata de un decreto que atenta contra la propiedad privada y que generó miedo entre los grandes tenedores de vivienda. Fondos y grandes agentes que ahora deberían seguir invirtiendo en España para que no vuelva a cerrar un sector que en febrero -antes del Covid-19- ya auguró una recesión y que da empleo a cerca de 1,3 millones de españoles de manera directa.

Pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias también ha tildado de inconstitucional ese decreto-ley, la consejera portavoz del Govern, Meritxell Budó, siempre se ha mostrado a favor de seguir adelante con la normativa.

Un empeño en golpear la propiedad privada que se suma a las declaraciones públicas del vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y que hacen temer aún más a los empresarios que Cataluña sea un 'laboratorio de pruebas' para exportar al resto de España un modelo comunista que arranque en el sector inmobiliario.