Las claves
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El plan del Gobierno para convertir prisiones en viviendas solo comenzará inmediatamente en Huesca, Segovia y Burgos, cubriendo un 10% de los terrenos disponibles.
El objetivo es construir 1.332 nuevos hogares en terrenos transferidos desde Interior al Sepes, en un intento de paliar la escasez de vivienda protegida en España.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destaca que solo tres áreas penitenciarias están listas para la fase de licitación de obra.
Se espera que el proceso de transformación de prisiones en viviendas pueda tardar entre 18 y 24 meses, incluso en las zonas donde el proyecto está más avanzado.
La "urgencia" nacional en la que se ha convertido la crisis de la vivienda que atraviesa España ha llevado a dar un nuevo y sorprendente paso en Moncloa para tratar de paliar uno de sus mayores déficits: la escasez de vivienda protegida.
La idea: mirar a las cárceles ya inútiles. O mejor, a los terrenos que estas ocupaban y que van a transferirse desde Interior a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), en su calidad de futura empresa pública de vivienda, para levantar cuanto antes 1.332 nuevos hogares.
La prisa es una cuestión en la que insiste el Gobierno, que expone así el último intento –por ahora– de mejorar las cifras de un parque público aún muy alejado de los estándares europeos (3,4% en España frente al 8% de la media comunitaria). Pero no podrá hacerse realidad de forma "inmediata".
En realidad solo podrá actuarse de forma inminente en el 10% de esos terrenos. Porque tal y como puntualiza la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, solo tres de las ocho áreas penitenciarias que se pasan al Sepes están listas para abrirse próximamente a la fase de licitación de obra.
Se trata de las zonas en las que se levantaron la cárcel provincial de Huesca, con previsión de albergar ahora 140 viviendas; la de Segovia, en la que se espera construir 53 casas, y la de Briviesca, en Burgos, con ocho viviendas a levantar, según cálculos del ministerio.
Zonas alejadas del pico de demanda
Es decir, lugares que suman casi 4.500 metros cuadrados, el 10% de los terrenos a transformar, y el 15% de las viviendas a construir. Zonas alejadas de los grandes picos de demanda nacional en las que, conviene no olvidar, incluso con todos los permisos y la licitación a punto también serán necesarios entre 18 y 24 meses, el tiempo medio de edificación de vivienda, antes de ver el resultado final.
Para el resto los tiempos se dilatan, porque en estos casos se encuentran en diferentes fases de tramitación antes de poder salir a licitación.
Rodríguez ha subrayado que lo importante es que todos los terrenos ya tienen aprobado su planeamiento, normalmente la parte más farragosa del proceso y que puede tardar años, pero aún hay tarea pendiente: o bien se debe actualizar el proyecto de urbanización o directamente debe redactarse.
Es un trámite que puede demorarse más de un año si se hace desde cero y si dependiendo de la complejidad de cada proyecto, entre su redacción y su aprobación.
Con todo, es prácticamente imposible determinar un horizonte dado lo heterogéneo del plan presentado por el Gobierno: desde la transformación de 27.000 cuadrados de la desaparecida cárcel de Carabanchel a los 3.281 metros cuadrados de los terrenos de la prisión de Dénia, en Alicante.
En este último caso, además, se debe acometer la redacción del proyecto de demolición de las celdas aún en pie.
Prisa
Teniendo todo lo anterior en cuenta, no sorprende el apelo de la ministra a las diferentes administraciones que tenga alguna palabra en estas gestiones para que agilicen todo lo que puedan.
Porque hay una cierta urgencia por ver resultados. El Gobierno considera que este asunto está "echando a la juventud en manos de ultraderecha, que promete soluciones mágicas para problemas complejos", y los casi ineludibles tiempos que requiere elevar la construcción complican el calendario.
La obsesión de Moncloa es mejorar las cifras de parque público y busca hacerlo apoyado en el Sepes. Este último gesto 'carcelario', de hecho, se une al traspaso aprobado en julio de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos del conocido como 'banco malo', la Sareb, a la futura empresa pública de vivienda.
Pero a nadie se le escapa que la ubicación de estos activos no casa exactamente con la demanda, concentrada en las grandes ciudades. En contraposición, la ministra ha remarcado que los terrenos de las cárceles están en el centro de grandes poblaciones.
Más allá de eso, sin embargo, la gran esperanza del Gobierno está puesta en el próximo Plan Estatal de Vivienda, que se desarrollará entre 2026-2030. La pretensión es que destine el 40% de sus fondos –unos 7.000 millones– a construir vivienda pública.