"Como te he comentado en la llamada, las autoridades españolas nos han comunicado que podrías estar incumpliendo la normativa aplicable en relación con el Real Decreto 1312/2024. (...) Para continuar alojando en Airbnb, debes solicitar un número de Registro Nacional (NRA) y añadirlo a tu anuncio en la plataforma".

Así reza el aviso previo al borrado de los anuncios que está enviando Airbnb a los alojamientos turísticos considerados como irregulares. El mismo llega tras una conversación telefónica en la que el personal de Airbnb explica que, en un plazo máximo de un mes, "el anuncio desaparecerá".

"No es una decisión de Airbnb, es la normativa estatal", argumenta la operadora. La misma cita expresamente "el anuncio del presidente del Gobierno" del pasado 14 de septiembre.

La mencionada llamada la recibió el propietario de una vivienda en un conocido municipio turístico de Castellón. Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL-Invertia, no era el primero de su urbanización en recibirla. El anuncio de alguno de sus vecinos ya ha sido cancelado por Airbnb.

Cabe recordar que Airbnb ya había anunciado su "compromiso proactivo" para "seguir ayudando" con el cumplimiento "estricto" de la normativa desde el pasado verano.

"Desde que Airbnb inició su colaboración con el Ministerio de Vivienda en julio, ha notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener su número de registro nacional, a través de notificaciones, recordatorios regulares y ofreciendo pautas y recursos adicionales", manifestó tras el pronunciamiento de Sánchez.

Se trata de un cambio drástico de la plataforma internacional de alojamientos turísticos. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Airbnb mantenía hasta ahora alojamientos no registrados pese a las restricciones aprobadas por la Generalitat Valenciana en 2018.

Booking, el otro gran operador internacional, sí acató la ley entonces. Realizó miles de cancelaciones en la autonomía en 2019. Pero Airbnb la desoyó y mantuvo abiertos los anuncios de los alojamientos, aunque no estuvieran registrados. Así había ocurrido hasta ahora.

¿Qué ha cambiado? Que ahora es el Gobierno de España quien se ha puesto firme. 

53.000 inmuebles

El anuncio al que se refería la empleada de Airbnb lo realizó Pedro Sánchez en Málaga el mencionado 14 de septiembre.

El líder socialista anunció la retirada de más de 53.000 inmuebles turísticos del registro único de arrendamientos tras haber detectado "miles de irregularidades en muchas de estas viviendas, que pretenden convertirse en alquileres vacacionales".

Se trata, según dijo, de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

De hecho, agregó, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ya ha notificado 53.876 alojamientos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios de esos alojamientos. Airbnb, en consecuencia, está respondiendo a esta demanda del Ejecutivo.

Estas viviendas, según auguró Sánchez, "pasarán ahora al alquiler permanente, para la gente joven, las familias de nuestro país". Ese es el anhelo del Gobierno, que estas viviendas pasen al mercado de alquiler residencial.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez pretende "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades", agregó Sánchez.

Pero las casuísticas son muy diversas, y en muchas ocasiones no se producirá el efecto deseado por el Gobierno de Sánchez, ya que muchas de las viviendas que van a ser canceladas en las plataformas son puramente turísticas y difícilmente acabarán convertidas al alquiler de larga estancia.

Sin ir más lejos, los propietarios de Castellón arriba reseñados que han recibido la notificación de cancelación de Airbnb carecen de número de registro no por falta de voluntad, sino por las controvertidas exigencias de las administraciones públicas de su territorio.

En la Comunidad Valenciana es necesario contar con la cédula de habitabilidad para que la vivienda sea inscrita correctamente en el registro autonómico, y se da la paradoja de que algunos ayuntamientos deniegan dicha cédula al considerar que el inmueble se encuentra en un complejo turístico que no puede ser considerado residencial.

Es decir: no logran la cédula de habitabilidad por ser de naturaleza turística y no pueden ser legalmente turísticos porque carecen de la cédula.

Esta pescadilla burocrática los abocaba a alquilar sin número de registro, algo que toleraba hasta ahora Airbnb, pero que la plataforma va a dejar de permitir.

Circunstancias similares a la descrita se producen en centenares de urbanizaciones en España, de modo que el conflicto está garantizado cuando se produzca el cierre masivo de anuncios.

¿Se convertirán todos estos inmuebles sin cédula de habitabilidad en un alquiler de larga estancia? Difícilmente.

Las cifras

Según precisó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado, "España ha sido el primer país de Europa en implementar el registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos".

Por comunidades autónomas, la que tiene más registros obligatorios revocados es Andalucía, con 16.740, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana (7.499) Galicia (2.640), Baleares (2.373), Comunidad de Madrid (1.531) y Murcia (1.402).

Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471), Madrid (1.257) y Benalmádena (926) son las ciudades que concentran la mayoría de códigos revocados, según el ministerio.