Pedro Sánchez llevará a la Conferencia de Presidentes de este viernes su propuesta para renovar el Plan Estatal de Vivienda. El actual caduca este año y el Ejecutivo quiere pactar con las comunidades autónomas renovarlo hasta 2030, elevando sus cuantías. Sin embargo, también plantea condiciones para que las regiones puedan acceder a los fondos.
En una carta, Sánchez ha informado a las autonomías de un esbozo de la iniciativa: la idea es que el plan estatal cuente con 7.000 millones, tres veces más que el que todavía está en vigor. 4.000 millones estarían aportados por el Estado. Es decir, que el Ejecutivo plantea que las comunidades autónomas sufraguen más del 40%.
Eso supone un incremento considerable para la aportación regional, que hasta ahora financiaba el 25% de la iniciativa. Además, para acceder a los fondos del plan, las regiones tendrán que asumir determinadas condicionalidades.
La más relevante es que todas las viviendas públicas que se construyan con esta financiación tendrán que mantener, de forma permanente, la condición de viviendas de protección oficial. Es decir, que no se puedan vender en el mercado libre a un precio superior.
Así lo indican fuentes del Gobierno. Concretan que dicho blindaje no requerirá ningún cambio legislativo, tampoco en las regiones donde el periodo de protección de la vivienda protegida caduque. Con que las promociones construidas con fondos del plan estatal cumplan con esta condición en los contratos es suficiente.
El Gobierno cuenta con lograr con las autonomías un acuerdo unánime que también incluya compartir información sobre el mercado inmobiliario. Ya en su carta, Sánchez reclama "acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y crear una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.
Desde el Ejecutivo consideran que las autonomías tienen información muy valiosa para analizar mejor el mercado de la vivienda, como pueden ser los registros de las fianzas de alquiler.
Recuerdan, además, que los registros oficiales a los que accede el Gobierno tienen una base tributaria y un decalaje de hasta dos años, lo que pone trabas al mejor análisis de la información.