El coronavirus está dejando muchos heridos económicos en el camino. Además de las desgraciadas pérdidas humanas (QEPD), los afectados en su bolsillo serán muchos más. Uno de los primeros efectos que ha provocado la parálisis de la actividad y consiguiente sequía en los ingresos de las familias ha sido el aumento de los problemas para pagar la vivienda.

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En España, el porcentaje de viviendas en propiedad es del 76,1% y en alquiler del 17,5% en 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los bancos ya han notado un incremento de la morosidad en sus clientes. En teoría, tienen músculo financiero para aguantar esta situación y más herramientas para mantener su rentabilidad.

El mercado del alquiler también está empezando a notar esas dificultades económicas. Desde que estallara la pandemia se ha producido un incremento de la morosidad desde el 5% al 15%, tal y como ha registrado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). La diferencia reside en que en este ámbito la gran mayoría de los arrendadores son particulares y esas rentas mensuales se convierten en un ingreso fundamental para sus economías.

La gente no quiere créditos

El Gobierno aprobó el 11 de abril una orden ministerial que regula las ayudas al alquiler destinadas a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus. Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad con derecho a estos préstamos sin intereses percibirán hasta 5.400 euros (900 euros al mes) en forma de microcrédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a pagar en seis años, ampliables a diez siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Aunque Asval considera que estas medidas son una buena iniciativa para hacer frente a la situación actual, muchos inquilinos están renunciando a solicitar los avales del ICO al alquiler, puesto que no quieren incrementar sus niveles de endeudamiento en una situación de reducción de ingresos por la pérdida de sus empleos.

Una de las puertas de acceso de la sede del ICO (Instituto del Crédito Oficial), en el Paseo del Prado de Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press

En este sentido, Beatriz Toribio, directora general de Asval, asegura que “actualmente existe una resistencia a solicitar créditos para pagar el alquiler” y que, en el caso de inquilinos de los colectivos más vulnerables “no quieren endeudarse aún más en un momento en el que han visto cómo sus ingresos se han reducido notablemente al entrar en un ERTE o perder su empleo”.

Los datos iniciales aportados por algunas administraciones autonómicas muestran que el volumen de ayudas resulta insuficiente ante la gran demanda que están registrando estas administraciones. La bolsa de ayudas directas inicialmente propuesta podría cubrir al pago del alquiler a 24.100 familias en toda España, que solo abarca una pequeña parte de las necesidades existentes por parte de los inquilinos.

Asval estima que las familias que necesitarán de este tipo de ayudas a medida que la crisis vaya avanzando serán, como mínimo, de diez veces más, pudiendo llegar a alcanzar los 250.000 hogares. Por ejemplo, en Madrid tienen dinero para 3.000 ayudas y llevan 5.000 solicitudes. Y han pasado solo dos meses.

Tampoco están funcionando otro tipo de medidas que afectan únicamente a los tenedores profesionales o particulares que cuenten con más de 10 viviendas. Solo un 3% de los inquilinos de los asociados profesionales de Asval ha mostrado interés por acogerse a la moratoria del pago de sus alquileres, lo que demuestra que muchas familias con dificultades económicas optan inicialmente por dejar de pagar sus alquileres antes que aplazar el pago o fraccionar la deuda.

Ayudas directas y más oferta

Por este motivo, la asociación recientemente creada propone que los esfuerzos se centren en establecer un programa de ayudas directas a los arrendadores que no supongan un endeudamiento para los inquilinos, ya que así estos podrían acogerse más fácilmente a fraccionamientos o aplazamientos de la renta, lo que reduciría de forma importante la morosidad. Con ello se evitaría de forma notable la litigiosidad y redundaría en el mantenimiento de la oferta de vivienda en alquiler.

Hay que hacer medidas orientadas al particular para que esta situación no le genere más inseguridad y cierre esa vivienda”, afirma Beatriz Toribio a Invertia. Porque esta situación derivaría en algo que ya vimos en la crisis de 2008. Inseguridad jurídica, aumento de impagos, viviendas cerradas e incremento en el precio de las zonas más tensionadas como Madrid o Barcelona.

De hecho, es lo que apunta el Banco de España en su último informe sobre la vivienda, uno de los mayores problemas que arrecian a los jóvenes españoles. Las principales conclusiones del organismo público son que hay que aumentar sí o sí la oferta de vivienda en alquiler asequible, para lo que la colaboración público-privada representa la mejor opción. Por otro lado, el BdE también advierte que limitar el precio del alquiler no es lo más adecuado puesto que las consecuencias pueden ser más negativas que positivas.

Desde Asval ven esta situación (muy dura) una oportunidad de cambio y mejora. “Durante la crisis, hay que sentar las bases para acabar con los problemas estructurales de la economía española y atraer inversión local e internacional que incremente dicha oferta”, concluye Beatriz Toribio.