Al cierre de la presente legislatura -que llega a su fin el próximo 29 de noviembre tras la convocatoria de elecciones-, el gasto público en sanidad ha crecido un 43% en estos ocho años con Pedro Sánchez al frente. No obstante, las listas de espera han alcanzado máximos históricos y la inversión sigue muy lejos del 7% del PIB que prometió.
Gran parte de este incremento responde al impacto de la pandemia, que obligó de forma extraordinaria a elevar el presupuesto del Gobierno y las Administraciones Públicas. En especial, el de las comunidades autónomas, al ser las titulares de las competencias sanitarias y asumir el grueso de la gestión.
No obstante, pese al aumento de gasto, la sanidad pública se queda lejos del objetivo prometido por el Gobierno de Sánchez cuando llegó al poder en 2018: alcanzar el 7% del PIB.
Fue en diciembre de 2019 cuando se presentó oficialmente el primer gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos. En ese momento, el Ejecutivo se comprometió a elevar la inversión en sanidad pública hasta alcanzar ese porcentaje del PIB en el año 2023.
De hecho, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, volvió a recuperar estas declaraciones garantizando públicamente este compromiso de gobierno.
Una propuesta que no ha sucedido, ya que en 2024 (datos más recientes) el gasto público en sanidad representaba el 6,4% del PIB, situándose en la cifra más baja desde antes de la pandemia.
Y es que este pacto ni siquiera se llegó a cumplir en 2023. Ese año, la inversión pública en sanidad alcanzó el 6,75% del PIB. La proporción del gasto sanitario sobre el PIB se ha ido desinflando tras la pandemia. En cambio, partidas como defensa o las pensiones no han dejado de ganar peso en la economía española.
Si hablamos en términos brutos, podemos observar ese avance. En 2018, el desembolso fue de 71.117 millones de euros; en 2019, de 74.977 millones; en 2020, de 83.624 millones; 2021, con 88.009 millones; y en 2022, de 92.072 millones. Así lo recogen los datos de la estadística de Gasto Sanitario Público que el Ministerio de Sanidad publica cada año.
En 2023 y 2024 esas cifras se elevaron a 97.632 millones y 101.739 millones de euros, respectivamente. De esta manera, la inversión pública ha crecido casi un 45%, pero el desembolso no se ha traducido en un alivio para el sistema público.
Listas de espera
Alrededor de 853.740 personas se encontraban en lista de espera para operarse en diciembre de 2025 (datos más recientes del Ministerio de Sanidad). Es decir, en esas fechas había 7.157 personas más que en el mismo periodo del año anterior.
En concreto, un 21,6% (unas 184.748 personas) de los pacientes llevaba más de seis meses esperando una operación.
Además, la espera para ver a un especialista también aumentó a cierre de 2025. Así, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su cita en atención especializada hospitalaria, 1,2 puntos más que en 2024. Y el 61,3% tuvo que esperar más de 60 días.
A esta presión sobre el paciente se suma un clima de creciente conflictividad laboral por la negociación del Estatuto Marco.
La negociación formal para reformar una norma que data de 2003 comenzó en septiembre de 2022, bajo el mandato de la ministra Carolina Darias.
En ese mes se constituyó oficialmente la mesa del Ámbito de Negociación, donde el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios (Satse, CCOO, UGT y CSIF) han estado negociando durante más de tres años y medio.
Finalmente, con la llegada de Mónica García en noviembre de 2023 (en la segunda legislatura de Sánchez) el texto se terminó de cerrar. La ministra consiguió que el texto se aprobara de manera definitiva en septiembre para ser enviado a las Cortes, donde se ha quedado totalmente en el aire tras la convocatoria electoral.
Todo esto ha desembocado en varias manifestaciones y huelgas por parte del colectivo médico y la total división con el resto de profesionales que están en contra de que se eleve una norma propia para los facultativos.
Una situación que parece que no se va a resolver con el fin de esta legislatura: los médicos celebrarán más manifestaciones en defensa de sus reivindicaciones con la idea de poder reiniciar la negociación con la llegada del próximo Gobierno.
Otra de las grandes polémicas que se han quedado sin resolver es el déficit crítico de plantilla en la sanidad pública debido a la fuga de profesionales, no sólo al extranjero, sino también a los centros privados.
En el caso de las enfermeras, en nuestro país hay una escasez de 100.000 profesionales, según estima el Ministerio de Sanidad. No obstante, el Consejo General de Enfermería (CGE) eleva la cifra a más de 130.000.
En medicina el problema es más estructural: tenemos más facultativos que nunca, pero España sufre una distribución desigual entre territorios y especialidades, siendo la Atención Primaria y las áreas de difícil cobertura, las más críticas.
La precariedad laboral, la falta de incentivos económicos, la temporalidad y las barreras para conciliar continúan empujando a estos profesionales a abandonar la red pública. Una fuga de talento que, lejos de ser un hecho puntual, amenaza con convertirse en un deterioro sin marcha atrás.
En definitiva, el balance sanitario de esta legislatura deja al descubierto las costuras del sistema. A pesar del incremento en el gasto público, el dinero no ha bastado para curar estas deficiencias.
Sánchez termina esta legislatura con la sanidad totalmente tensionada y fragmentada con unas listas de espera que no paran de crecer, huelgas y concentraciones de médicos y un déficit de profesionales sanitarios con un Sistema Nacional de Salud (SNS) al límite.