La crisis económica de la década pasada y el desarrollo de medicamentos de precisión (y cada vez más caros) incentivó la creatividad de unos gestores que tenían que hacer malabares con los presupuestos farmacéuticos y de unos laboratorios que no querían quedarse fuera del Sistema Nacional de Salud.
De ahí nacieron conceptos como pago por resultados, acuerdos de precio-volumen o de riesgo compartido. Hoy en día, este tipo de financiación condicionada, a pesar de estar plenamente implantada en España, continúa chocando con una falta de información imprescindible para conocer cómo están funcionando las terapias. Así lo denuncian las compañías farmacéuticas.
"Lo hemos visto con acuerdos que hemos tenido recientemente", explica el director general de un laboratorio a EL ESPAÑOL-Invertia. "Al año teníamos el primer hito e intentamos hacer una recolección del número de pacientes por comunidad autónoma, pero muchas veces no te dan los datos o te los dan de forma muy vaga y poco consistente. Además, cada región te lo da de una manera diferente".
El auge de la medicina personalizada ha traído consigo una incertidumbre: hay medicamentos que funcionan en unos pacientes y en otros no. El ejemplo paradigmático es el cáncer, donde se ha pasado de una quimioterapia generalizada a fármacos que responden en función de la expresión de determinados genes alterados.
En este contexto, las administraciones planteaban que no tenía sentido pagar por un tratamiento caro (las terapias personalizadas pueden suponer un coste de miles de euros por paciente) si este no beneficiaba al paciente.
Por su parte, las compañías alegaron que los ensayos clínicos son suficientes para demostrar el porcentaje de éxito de un fármaco, pero la idea se acabó imponiendo.
La financiación de medicamentos condicionada a resultados ha permitido abordar con éxito retos médicos (y económicos) como la implantación de las terapias avanzadas.
La estrategia nacional de estos tratamientos, que vio la luz con la llegada de las primeras terapias CAR-T, logró que estas, cuyo coste puede superar los 300.000 euros por paciente, pudieran implantarse de forma equitativa en el territorio español.
En los acuerdos se establecía que las administraciones pagarían la mitad de cada tratamiento administrado (las primeras indicaciones fueron mieloma y leucemia resistentes a otros fármacos) y sólo abonaría la otra mitad al cabo de 18 meses, si el paciente había respondido al tratamiento y seguía vivo.
A pesar de lo novedoso del sistema de pago, el alcance práctico de esta fórmula ha sido bastante limitado debido a los pocos pacientes que se han beneficiado de las terapias. En seis años, el total de personas tratadas ha sido de poco más de 2.500, menos de medio millar al año.
Sin embargo, el concepto de esta financiación condicionada al éxito terapéutico se ha extendido a una gran parte de los medicamentos que llegan cada mes a la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que reúne a los ministerios interesados (Sanidad, Industria, Economía y Hacienda) y representantes de las comunidades autónomas para decidir cuáles son incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En el reciente simposio del Observatorio de la Sanidad, Néboa Zozaya, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), añadió que este tipo de acuerdos "se han ido sofisticando: primero eran de año y medio y luego, los más nuevos, ya van incluso a cinco años".
También advertía sobre el coste de implementación de estos. Es decir, sobre durante cuánto tiempo se va buscar ese éxito, quién va a aportar los datos, etc.
Y apuntaba que estas fórmulas no son las más adecuadas para buena parte de los medicamentos.
"Tienen que utilizarse cuando haya una incertidumbre clínica importante asociada y cuando se crea que puede haber, con cierta probabilidad, una capacidad de reducir esa incertidumbre, que va a haber datos para ellos", indicó.
A pesar de ello, las financiaciones condicionadas han ido en aumento. "En 2025, el 50% de los medicamentos aprobados lo ha hecho a través de un mecanismo de riesgo compartido", señala un directivo de otra farmacéutica, que apunta las dificultades para conocer exactamente cómo está funcionando un tratamiento entre la población.
"Nosotros demandamos que haya una información estandarizada y a tiempo, no puede ser que estemos a ciegas y tengamos que fiarnos de datos a medias".
La queja es generalizada en el sector. "No hay un formato, una manera que nos permita reflejar de forma fácil lo que pasa tras el hito del primer año", lamenta el primer directivo mencionado.
"Cada comunidad da datos de una forma distinta y eso hace que tengamos que estar atentos y dar muchas vueltas y muchos recursos en algo que debería ser mucho más fluido".
Techos de gasto
Otros lamentan que este tipo de acuerdos, en realidad, ha dado paso al llamado techo de gasto: ya no se trata de pagar por las personas que se benefician de un medicamento, sino que sólo paga hasta un número concreto de pacientes tratados. Es decir, que si al final son más de los previstos, estos últimos salen 'gratis' a la Administración.
Esto ha propiciado un desacuerdo entre compañías y pagadores en, por ejemplo, los medicamentos para la obesidad y los del alzhéimer. En consecuencia, no han entrado en la financiación pública y los pacientes tienen que acudir a la privada si quieren acceder a ellos.
Con todo, los directivos de los laboratorios con los que ha hablado este periódico son conscientes de la dificultad de recabar la información sobre el éxito o fracaso de los tratamientos.
"Sobre el papel parece fácil, pero seguir el día a día de cada farmacia, con cada laboratorio farmacéutico, etc. no lo es".
Pese a ello, consideran que lo firmado con el Ministerio de Sanidad debería ser tomado más en serio. "Lo que queremos es que, si firmamos un acuerdo con Sanidad, las comunidades deberían cumplir y ser todos partícipes de estas condiciones. Otra cosa es que firmes algo y cada comunidad hace lo que le parece", lamenta.