El adelanto electoral es una realidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado comicios para el próximo 29 de noviembre...Y el sector sanitario ya sabe qué deseos pedir a las urnas magas, por así decirlo.

Unos deseos, expresados en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, que están destinados al Ejecutivo que pueda llegar en la próxima legislatura. Estos van desde acuerdos políticos para proteger el Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta la estabilidad regulatoria.

En los casos de los máximos representantes de la medicina, la farmacia, la enfermería, la tecnología sanitaria y la sanidad privada abogaban por un Pacto de Estado y retomar la tramitación de normas que están en las Cortes.

Durante sus intervenciones, Tomás Cobo, presidente de los médicos; Jesús Aguilar, presidente de los farmacéuticos; Florentino Pérez Raya, presidente de las enfermeras; Lourdes López, vicepresidenta de Fenin, y Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS) urgían a las fuerzas políticas a garantizar la estabilidad normativa futura.

Y para ello se deberá retomar la nueva ley del Medicamento o la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

De hecho, médicos y enfermeras han coincidido en que la revisión del Estatuto Marco debe ser un compromiso prioritario e inaplazable en la nueva legislatura. Todo ello en un contexto de precariedad laboral en el que la presión asistencial no deja de crecer.

Un escenario al que se suman las carencias en la formación continuada, el deterioro de la salud mental tras la pandemia y el alarmante incremento de agresiones a profesionales sanitarios.

Por cierto, Cobo hacía una petición que no iba destinada a un futuro gobierno, sino a los sindicatos médicos. Concretamente, consideraba "razonable" que pospongan la huelga médica tras las actuales circunstancias.

No obstante, parece que de momento los médicos han decidido seguir adelante con los paros, según confirmaba Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Pérez-Raya hacía hincapié en adecuar las plantillas para cubrir un déficit estructural de más de 100.000 enfermeras y permitirles la clasificación profesional A1, garantizando el acceso de estas profesionales a puestos directivos en los centros de salud.

Por su parte, Aguilar reclamaba "aprovechar plenamente" la red de oficinas de farmacia para reorientar el modelo asistencial hacia la prevención activa.

Mientras, representantes de la industria sanitaria y sanidad privada pedían superar los debates ideológicos y modernizar la gestión del sistema.

Fenin ponía el foco en impulsar la contratación pública basada en el valor, la indexación de los contratos públicos para proteger al tejido pyme frente a la inflación y desplegar un plan nacional de industrialización.

Mientras, desde el IDIS abogaban por la necesidad de poner en marcha plataformas de interoperabilidad de datos clínicos entre la sanidad pública y la privada.

La convocatoria electoral deja fuera de juego la nueva Ley del Medicamento. Que para Isabel Pinero, directora de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, tenía puntos negativos para el sector. Pero también positivos.

Reconocía "claramente" los 180 días de plazo para la financiación de un fármaco desde que es aprobado, tiempo que se recortaba a 90 días en el caso de innovaciones relevantes. Algo que se debería retomar en la próxima legislatura.

Por su parte, Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), destacó que esta legislación "permitía arreglar goteras. Tarde o temprano, tendremos que volver a hacerlas".

Florencia Davel, presidenta y directora general de GSK, pedía mejoras en salud pública. Concretamente en la vacunación de adultos, ampliando las cohortes de vacunación contra patologías como el herpes zóster y la aceleración en los diagnósticos.

Pablo Álvarez, director general de Moderna, compartía las inquietudes en salud pública. Y demandaba estabilidad regulatoria para que las inversiones de la multinacional se mantengan en España.

David Beas, por su parte, defendía el valor social del medicamento a la hora de decidir su financiación. "En España hasta 1,5 millones de trabajadores se ausentan al día de su trabajo por bajas laborales y el 80% de estas son bajas médicas. Implica una pérdida de 45.000 millones de euros. La innovación puede reducir esto, eso es valor social", explicaba el directivo de Johnson & Johnson (J&J).

Las peticiones de reformismo sanitario cundían en la primera jornada del simposio. Y con razón. "Si el nuevo Gobierno no tiene valor suficiente para hacer reformas, el sistema seguirá en deterioro", decía Juan Abarca, presidente de HM Hospitales.

Por su parte, Manel del Castillo, presidente de Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (Cairos) y secretario general de SJD Hospitality Europe, alertaba del deterioro de la sanidad y pedía una reforma "radical" del sistema.

Tras el 29 de noviembre sabremos si alguna de estas peticiones han sido escuchadas. Y ya veremos si atendidas.