El próximo viernes 2 de octubre, Sanidad llevará al Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS) su nuevo Real Decreto de listas de espera para debatirlo con las comunidades autónomas y lograr su correspondiente aprobación.
Pero parece que el departamento de Mónica García no las tiene todas consigo: las comunidades se oponen a su aprobación porque consideran que "aún quedan temas por aclarar".
Además, las autonomías se quejan de que el Ministerio no ha tenido en cuenta sus posturas y que ha dejado fuera alegaciones técnicas y documentos que les parecen fundamentales como es el caso de la Guía Técnica.
Es fundamental este documento que se menciona "para tener claros y homogéneos los criterios de medición", sostienen las comunidades.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe elaborado por la Comisión delegada que forma parte del CISNS y recoge los argumentos del Ministerio y de las comunidades autónomas.
En este informe, al que ha tenido acceso este diario, el equipo de García precisa que hay aspectos que no tienen que constar en la nueva norma ya que son cuestiones técnicas, como es el caso de la guía.
Esta deberá ser aprobada por el Interterritorial e incluirá cuestiones como: cómo se mide el tiempo atribuible al paciente, cómo se cuentan los pacientes que no comparecen a la consulta, manejo de pacientes con varias intervenciones quirúrgicas pendientes, cómo gestionar las consultas asíncronas, etc.
"Todo ello iría en la guía ya que no interfiere con la construcción propia del indicador utilizado para medir las listas de espera que sí que debe ir en el Real Decreto", precisa el departamento.
Cabe destacar que la nueva norma -que actualizará un reglamento que data de 2003- pretende mejorar la transparencia de las listas de espera.
Entre las novedades, el proyecto establece que el tiempo de espera empezará a contar desde la fecha de la indicación por parte del médico, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.
El nuevo modelo abarcará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad o gravedad clínica.
Son 15 las pruebas diagnósticas y terapéuticas incluidas. Aumentan de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.
Además se incorporará, por primera vez, información común sobre las listas de espera en Atención Primaria.
CCAA
Regiones como Madrid, Comunidad Valenciana o La Rioja consideran que no se debe dar salida a la norma sin que la Guía Técnica esté elaborada. Y estiman que debe celebrarse más reuniones antes de elevar el proyecto al Pleno del CISNS.
Madrid sostiene que es importante incluir información como: las fichas completas de los indicadores, las especificaciones de intercambio, el calendario de implantación. "Es decir, faltan demasiados elementos por cerrar y, por tanto, no se van a ofrecer datos fiables y comparables". Guía Técnica y Real Decreto deben ir acompañados.
En el caso de Atención Primaria les preocupa que no se discrimine la selección voluntaria de cita por parte del ciudadano y que no se recojan los cambios de profesionales dentro del itinerario del paciente. Por ejemplo, niños que pasan a adulto o que no se recojan pacientes que deciden cambiarse de médico, "ya que puede penalizar en la longitudinalidad".
Por su parte, Cantabria expresa en el informe que las medidas contempladas son positivas. Respecto a Atención Primaria, cuestiona que se ponga el foco en la medida de los tiempos y no en la priorización de la necesidad.
Navarra valora positivamente el trabajo realizado y aunque precisa que quedan muchos aspectos por cerrar en la futura guía, su opinión es favorable.
Cataluña considera que aún quedan temas por aclarar para su aprobación definitiva.
Castilla y León va en la misma dirección que el resto de comunidades: "Todavía quedan numerosas actuaciones pendientes antes de seguir avanzando en la tramitación". Lo mismo precisan desde la Consejería de Salud balear y la canaria.
En su caso, Murcia hace referencia a que en los grupos no se daba por finalizado el trabajo técnico de cara a la elaboración del Real Decreto y que habría que seguir avanzando en ello.
Aragón advierte que los documentos han variado y que esos cambios no se han hecho en los grupos de trabajo, sino que los documentos han sido modificados únicamente por el Ministerio.
Indica que los representantes aragoneses -que participan en los grupos de trabajo- se han visto sorprendidos porque han desaparecido algunos aspectos y se han añadido otros sin consultar con las comunidades.
Por eso, la Consejería de Sanidad de Aragón solicita que se vuelvan a revisar los documentos por los grupos de trabajo.
Sobre Castilla-La Mancha y Andalucía, el informe no expone sus conclusiones, sólo que presentaron dudas antes de la celebración de la Comisión Delegada.
Por otro lado, el informe recoge diferencias sobre la inclusión o no de las consultas asíncronas en la norma. Algunas regiones consideran que no deben estar dentro, mientras otras sí lo defienden.
Es importante matizar que este tipo de consultas son las que permiten a los especialistas resolver derivaciones sin ver presencialmente al paciente. Una vía ágil pero controvertida porque da el proceso por cerrado y saca de las listas de espera oficiales sin exploración física.
El Ministerio alega que el tema de las consultas asíncronas ha sido objeto de mucho debate en los grupos de trabajo y que, por eso, su gestión se va a trasladar a la Guía Técnica, ya que esa circunstancia no interfiere en la construcción de los indicadores y debe de tener el consenso entre todas las comunidades autónomas.
Con todo, el departamento admite la dificultad de sacar adelante este Real Decreto. Por eso, la idea es seguir trabajando en la Guía Técnica mientras se va tramitando la norma ya que no exige yuxtaposición de procesos.
Además, Sanidad argumenta que los subgrupos técnicos elaboraron un documento técnico consensuado que luego tuvo que ser elevado al grupo de trabajo donde también están representadas las comunidades autónomas.
"Es probable que a las personas de los subgrupos les falte las decisiones tomadas en ese grupo, de la misma manera que si la propia Comisión Delegada quiere incorporar modificaciones, y así se aceptan, pasarán a formar parte del texto", precisa el departamento.
El equipo de García establece que se convocará el próximo interterritorial para abordar este asunto y algunos otros puntos. Y, vuelve a incidir que si hay algún elemento que las comunidades entienden que debe estar recogido a este respecto se remita con anterioridad al Ministerio para su estudio.
