El Ingesa no publicó los servicios mínimos de la huelga de médicos y enfermeros de Ceuta en el BOE, sólo los comunicó en el acta de una reunión.
La falta de publicación oficial obligó a los convocantes a suspender la huelga para evitar riesgos jurídicos a los participantes.
Expertos y sindicatos consideran que esta omisión podría vulnerar el derecho fundamental de huelga recogido en la Constitución.
El sindicato Cemsatse denuncia que la comunicación de servicios mínimos fue verbal y no por escrito, generando inseguridad y controversia con la Administración.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, sólo habría dado cuenta de los servicios mínimos de la huelga de médicos y enfermeros de Ceuta en las actas de la reunión por videoconferencia con el comité de huelga el pasado 17 de septiembre.
La no publicación de los servicios mínimos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha obligado a suspender la huelga, según los convocantes, para garantizar la seguridad jurídica de las personas que quisieran adscribirse.
Esto podría entenderse como una vulneración del derecho a la huelga, entienden tanto los convocantes como expertos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia.
A las 00:00h de este jueves 24 de septiembre debería haber comenzado una huelga de 24 horas entre los facultativos especialistas y los profesionales de enfermería de la ciudad autónoma.
Sin embargo, en el mediodía del miércoles, Cemsatse (el sindicato convocante, que representa a ambas profesiones) decidía desconvocar el paro acusando de "boicot" al Ingesa, entidad que gestiona la sanidad de Ceuta y Melilla.
La resolución con los servicios mínimos "no se había publicado en el BOE pero es que, además, algunos trabajadores sí habían recibido comunicación sobre los servicios mínimos, pero la mayoría no lo había hecho", explica Elisabeth Muñoz, portavoz del sindicato a este periódico.
"A menos de 12 horas del comienzo de la huelga, al no haberse publicado formalmente la resolución, no nos ha quedado más remedio que suspenderla por seguridad de los propios trabajadores ya que, si no se presentaban a su puesto, podía abrírseles un expediente".
Portavoces del Ingesa consultados por este medio señalan que sí han llevado a cabo la comunicación -sin dar más detalles- y que, al cierre de esta edición, "no tenemos constancia de que se haya desconvocado la huelga".
Instituto y sindicato llevan en guerra abierta desde el inicio de la crisis en Ceuta. Portavoces de los trabajadores han denunciado una sobrecarga asistencial en los servicios sanitarios, mientras que el Gobierno afirmaba que no hay colapso alguno en la sanidad de la ciudad autónoma.
Como en un fin de semana
El pasado 14 de septiembre, Cemsatse convocaba una huelga (no secundada por los otros sindicatos que forman la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta) para demandar una dotación adecuada de personal sanitario que permita hacer frente a la crisis, un dimensionamiento adecuado de los recursos humanos y una duración mínima de seis meses para las nuevas contrataciones.
El día 17 hubo una reunión por videollamada entre los gestores del servicio y los convocantes de la huelga. "En el acta de la reunión, el Ingesa nos manda unos criterios para definir unos servicios mínimos", señala Elisabeth Muñoz. "Esos criterios se nos tendrían que haber comunicado en una resolución".
El acta señala que las urgencias de los centros de salud, el 061 y el servicio establecido para atender a los migrantes que continúan en la ciudad conformarían esos servicios mínimos.
Muñoz explica que hay servicios aparte de los mencionados ("que son los que estarían disponibles un fin de semana cualquiera") que han sido comunicados "verbalmente" de que forman parte de esos servicios mínimos, lo que contradiría el acta de la reunión.
"Les han dicho a los de fisioterapia de atención primaria que ninguno puede ir a la huelga porque forman parte de los servicios mínimos", indica, "pero se hace de forma verbal y no cumple con la propia comunicación del Ingesa".
La portavoz del sindicato señala que los servicios mínimos se tienen que comunicar por escrito y ser firmados por el afectado para que quede constancia. "Y al Comité de Huelga también se le tiene que trasladar esa orden".
Esta semana, el Ingesa decidió dar un paso más en la batalla contra los convocantes con un comunicado en el que les acusaba de obedecer a "bastardos intereses particulares", querer modificar el régimen de incompatibilidades "para que algunos puedan atender sus consultas privadas mientras, simultáneamente, siguen percibiendo muy gruesas nóminas en la sanidad pública", así como de formular pretensiones "exóticas".
Cemsatse respondía con un comunicado señalando la "extraordinaria gravedad" de las afirmaciones hechas por el Ingesa.
A la vista está que la sintonía entre una y otra parte es nula y los puentes están rotos. La no publicación de los servicios mínimos para la huelga en el Boletín Oficial del Estado sería para el sindicato una "vulneración de los principios de buena fe, seguridad jurídica y efectividad del derecho fundamental de huelga", recogido en la Constitución Española.
La fijación de servicios mínimos en el acta de una reunión que ni siquiera es pública no es suficiente para Alberto Novoa, especialista en Derecho Procesal Laboral y Negociación Colectiva, y socio del Área Laboral de Rocajunyent.
"Tratándose de una Administración Pública y ser un servicio necesario, lo establecido es que se dicte una resolución administrativa, como una orden o un decreto. Es la manera correcta en que la Administración se comunica con sus ciudadanos".
Novoa considera que no fijar los servicios mínimos por decreto es una manera de entorpecer el funcionamiento de la huelga, "sería un medio de esquirolaje".
Normalmente se publican con al menos 24 horas de antelación en el boletín oficial (del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente). Aunque no es una obligación legal, "es una práctica asentada que tiene lógica, ya que hay que facilitar el derecho de huelga".
El abogado apunta que la no fijación de servicios mínimos de manera "lo suficientemente minuciosa" podría haber dado lugar a una demanda en el caso de que se sancionara a las personas que hicieran huelga.
"Una demanda contra una actuación así tendría dos partes. La primera, la obligación de cesar con la conducta, en este caso omisiva, que vulnera el derecho fundamental. Para que nos entendamos, obligar a la Administración a resolver los servicios mínimos".
La segunda parte sería "una indemnización de daños y perjuicios. Serían los sindicatos convocantes los que deben pedir resarcimiento, al ser una acción colectiva". Para fijar la cuantía de la sanción se utilizaría como baremo la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Próximos pasos
Para Novoa "es extraño que hayan desconvocado la huelga, podían haber seguido adelante y puesto una demanda de tutela". Al haberlo hecho, "la Administración llegaría tarde pero llegaría a tiempo".
Desde Cemsatse, Muñoz apunta que se están estudiando las vías legales a tomar a partir de ahora y, aunque no descartan una nueva convocatoria de huelga, todavía es pronto para decidir el siguiente movimiento.
"Vamos a estudiarlo con los servicios jurídicos. Una convocatoria de huelga lleva un desgaste también, nosotros tenemos unos recursos humanos limitados y ahora necesitamos analizar todo lo ocurrido".