Las mutuas afirman que la Seguridad Social ahorraría 2.300 millones de euros si gestionaran las bajas médicas por incapacidad temporal.
El coste de las bajas médicas creció un 221% entre 2015 y 2025, mientras que la población cubierta solo aumentó un 27,7%.
La duración de las bajas por patologías traumatológicas es un 43% menor en las mutuas respecto al sistema público: 44 días frente a 78 días.
El número de expedientes por trastornos mentales aumentó un 200%, con una duración media de 110 días y un coste de 1.986 millones en el primer semestre de 2026.
El aumento desproporcionado de las bajas médicas por incapacidad temporal (IT) ha disparado el coste de las prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y de las mutuas, que crecieron un 221% entre 2015 y 2025.
Mientras tanto, el incremento de la población con derecho a esta cobertura sólo subió un 27,73%. Este desajuste amenaza seriamente la ya muy deteriorada sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y compromete la competitividad de las empresas.
Por eso mismo, las mutuas estiman que la Seguridad Social podría ahorrar 2.276 millones si fueran ellas las que controlaran la gestión de dichas bajas. Así lo señala un reciente informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
"Se podría prestar asistencia sanitaria integral y emitir las altas médicas en el total de las patologías traumatológicas -donde actualmente hay un gran cuello de botella- lo que generaría un ahorro total tanto para la Seguridad Social como las empresas de 3.585 millones de euros", sentencia el informe.
En concreto, el ahorro en costes directos a favor de las empresas sería de 1.309 millones de euros si los trabajadores hubieran sido atendidos en los centros sanitarios de las mutuas.
El análisis alerta de un impacto crítico de las bajas por trastornos mentales, pasando de 150.187 expedientes en 2015 a 451.652 en 2025, con un aumento del 200,7%.
Presentaron una duración media de 110,57 días por proceso en 2025 (para la población protegida por las mutuas) y supusieron un coste acumulado de 1.986 millones de euros sólo en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 14,04% interanual.
Brecha
Además, el análisis de AMAT advierte de una gran brecha en la duración media de las bajas según si las gestiona el sistema público de salud o las mutuas.
Cuando el tratamiento y el alta dependen de los servicios públicos, las bajas por patologías traumatológicas se elevan a 78,14 días en 2025 frente a los 44,18 días cuando son atendidas en las mutuas.
Esta diferencia es de 33,96 días por proceso. Es decir, la gestión a través de la Seguridad Social es un 43,46% más lenta. Y esto se atribuye a la gran carga asistencial y la burocracia del sistema público.
Todo ello ha provocado un gran atasco administrativo convirtiendo las incapacidades temporales en bajas de larga duración. La mayoría se están prolongando más de un año.
Esta es una de las consecuencias negativas que los médicos inspectores de la Seguridad Social llevan tiempo denunciando.
Cabe recordar que a partir del año, son los únicos facultativos que pueden prorrogarlas o emitir el alta. Esto está provocando un ingente cuello de botella, con miles de expedientes sin resolver.
"En 2022 había 60.000 casos pendientes de resolución; en 2025, 150.000 y ahora, hace unos días, se mandó un correo a la dirección denunciando que el proceso de resolución ha empeorado exponencialmente", señaló Silvia Ledo, secretaria general del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss), hace unos meses a este diario.
El colectivo lleva meses alertando de un colapso del sistema, a lo que se suma la progresiva pérdida de plantilla que ha sufrido el Instituto de la Seguridad Social (INSS) con el paso de los años.
Así, se estima que el Gobierno deberá doblar la plantilla de especialistas para poder abordar esta situación y poner coto a las bajas fraudulentas, según indicó la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (Apromess) a este diario.
El INSS cuenta con 470 médicos en activo para 665 plazas. Es decir, casi un tercio de las vacantes no están cubiertas. Aparte de esto, la asociación precisó que sería preciso aumentar la oferta de vacantes un 40% y conseguir que se completen.