La nueva Ley de Dependencia y Discapacidad enfrentará dificultades de implantación y requerirá más que solo financiación, según advierte Funcas.
La investigadora Elisa Chuliá señala que el sistema actual ha generado 17 subsistemas autonómicos con grandes diferencias interterritoriales.
El gasto público en dependencia en España es del 0,8% del PIB, muy inferior a la media europea y a la de los países nórdicos.
Funcas considera que los recursos económicos adicionales anunciados por el Gobierno pueden no ser suficientes para igualar los estándares europeos.
La nueva Ley de Dependencia y Discapacidad aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados tendrá "dificultades de implantación" y exigirá "mucho más que dinero".
Así lo ha advertido Elisa Chuliá, investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
"No dudo de las buenas intenciones y de la voluntad política del legislador", pero "es arriesgado pensar que a corto plazo podamos cambiar inercias", pese a que la norma se presente como "una refundación" del modelo. En concreto, supone una reforma de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En este sentido, Chuliá, que ha presentado este jueves el libro Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento, editado por Funcas y coordinado por ella y José Antonio Herce, ha recordado que el texto legal de hace 20 años se desarrolló "creando 17 subsistemas".
Las comunidades autónomas lo han hecho "como han podido con las circunstancias extraordinariamente difíciles por las que hemos atravesado", ha explicado, aludiendo a las crisis económicas por las que ha pasado el país, además de la pandemia.
Y unido al recorte de la financiación por parte del Estado en la primera recesión económica, el coste "recayó mayoritariamente sobre las comunidades autónomas".
Estas facilitaron en mayor medida las prestaciones económicas y obviaron las asistenciales recogidas reglamentariamente.
"La ley subrayaba la necesidad de profesionalizar los cuidados de larga duración", pero "se implantó de forma que se desviaba del modelo normativo", ha argumentado.
Esto ha provocado que haya "muchas diferencias interterritoriales".
El nuevo modelo
La nueva norma, "es una rectificación del proceso de implantación del sistema desde 2007", ya que "no se basaba en un modelo normativo de cuidados domésticos y de sobrecarga familiar", ha continuado.
Sin embargo, para ello, serán necesarios "recursos organizativos, recursos de gestión y recursos que requieren tiempo".
No obstante, también ha ahondado en el apartado económico. Hasta ahora, "por cada euro que paga el Estado en cuidados de larga duración, las familias aportan 3,5 euros, incluyendo la falta de productividad". Es decir 17.000 millones de euros de la administración frente a los 65.000 millones de los ciudadanos.
De hecho, "el gasto público en dependencia en España es mucho más bajo que en otros países". Por ejemplo, "los nórdicos, invierten entre el 3 y el 4% del PIB".
"El gasto nacional es del 0,8% frente al de la media europea que es del 1,8%", ha concretado.
"Se precisarían seis años seguidos con este nivel de gasto para acercarnos a la media europea", ha especificado en relación con los 6.200 millones adicionales prometidos por el Gobierno en la nueva ley.
Las soluciones económicas planteadas, "quizás no sean suficientes", por lo que ha incidido en que "hablar de la refundación de un modelo que lleva implantado 20 años y, además, está descentralizado, es algo arriesgado".