La huelga indefinida de médicos prevista para el próximo 28 de octubre se tambalea. Los diversos pactos autonómicos en cinco comunidades pueden poner en jaque el seguimiento de los paros y provocar una división en el colectivo.
Según ha podido saber este diario, Andalucía -que el pasado mes de julio llegó a un acuerdo con sus facultativos para poner fin a las huelgas- podría bajarse de los paros nacionales si se cierran los últimos flecos del pacto firmado con el Gobierno de Juanma Moreno.
Así, el acuerdo contempla mejoras salariales, una reforma del modelo de guardias, incentivos para las plazas de difícil cobertura y nuevas medidas de conciliación.
Se acordó la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia y un modelo de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un sistema de guardias obligatorias.
Por otro lado, se reforzará el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de Atención Primaria.
Todas estas medidas aún no están cerradas definitivamente. El sindicato médico tiene que pactar, por ejemplo, con el ejecutivo autonómico cómo se van a ejecutar dichas subidas salariales.
Para ello, acordaron tener reuniones periódicas con el objetivo de ir trabajando en estas mejoras. Citas que aún no se han producido.
Sin embargo, fuentes conocedoras del asunto, aseguran que estos encuentros se producirán muy pronto.
Por eso mismo, el sindicato andaluz podría cambiar de opinión y decidir retirarse de los paros nacionales si en este plazo de tiempo logra avanzar en las medidas.
Teniendo en cuenta que Andalucía es la comunidad más poblada de España, la huelga indefinida podría perder bastante peso.
Además, esto supondría un gran varapalo para la unión médica ya que el sindicato andaluz (SMA) fue junto a la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) de las primeras organizaciones que conformaron el comité de huelga e impulsaron los paros de hace un año.
Tensión en el comité
Además, esta nueva convocatoria de huelga no ha nacido con el consenso absoluto de todas las organizaciones sindicales.
Según confirman fuentes cercanas a la negociación, ha habido bastantes desencuentros para coordinarse y elegir la fecha definitiva ya que había una parte de las organizaciones que estarían dilatando el calendario de movilizaciones.
No obstante, la presión ejercida por varios sindicatos ha conseguido que dichas protestas salgan hacia adelante.
Esa sensación de fragmentación se ha vislumbrado en las últimas semanas cuando el propio comité de huelga ha realizado actos por separado para anunciar las próximas protestas. De hecho, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, añadió que había discrepancias internas en las "formas de trabajar".
De hecho, varios sindicatos como el de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges) o el de Galicia (O´mega) han creado junto a otras organizaciones médicas una nueva alianza: la Unión Médica y Facultativa (UMYF).
Esta organización estatal integra también al sindicato gallego (Simega), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA).
Y, según aseguran dichas fuentes, esta alianza surgió con un único objetivo: tener la capacidad de poder convocar paros a escala nacional en el caso de que el resto de integrantes del comité de huelga (CESM, SMA, SME) decidieran bajarse de ella.
Ante el anuncio de las próximas movilizaciones, las comunidades autónomas han vuelto a cargar contra Mónica García.
Comunidades autónomas
El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, denunció el pasado viernes en redes sociales la "tozudez e ineptitud" de la ministra de Sanidad por "negarse al diálogo" con los profesionales sanitarios y ha dicho que tiene que dimitir o ser cesada porque "nos está llevando a una nueva huelga que va a sufrir la ciudadanía vasca".
En Madrid tampoco se han quedado atrás. El secretario general del Partido Popular, Alfonso Serrano, indicó que la huelga es un paro "contra" la ministra, porque los sanitarios "se sienten traicionados" por quien pensaban que "era una de ellos".
Por su parte, el consejero de Sanidad de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, advirtió este viernes de que la huelga indefinida supondrá un "desastre brutal" en el sistema sanitario público.
Gómez Caamaño denunció que la sanidad gallega todavía arrastra los efectos de las anteriores huelgas, con unos 300.000 actos asistenciales suspendidos.
También, añadió que se presentará el "plan B" para afrontar esa circunstancia cuando sea "el momento adecuado".
La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de Extremadura, Sara García Espada, también volvió a reclamar "cordura" a García a quien pide que escuche a los médicos y rectifique el Estatuto Marco.
Se reafirmó en la posición que lleva manteniendo en el último año, y es que la propuesta de la ministra no "contenta" ni siquiera a los sindicatos del ámbito que firmaron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad porque "el texto sufre modificaciones tras la firma de ese acuerdo".
García Espada mostró su preocupación por el impacto que tendrán estos paros en la actividad asistencial.
"No son números, son pacientes que esperan ser atendidos en Extremadura", indicó, para cifrar en "más de 340.000" los actos médicos cancelados en la última huelga.
Con todo, las pasadas huelgas ya acumulan un grave impacto tanto económico como en las listas de espera.
Según los cálculos recopilados, los paros nacionales de los últimos meses han supuesto la cancelación de más de 3 millones de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
Además de un impacto económico que ha superado los 16 millones en comunidades como Madrid y hasta los 118 millones en Andalucía, según denunciaron los gobiernos autonómicos.
