En España, 12,8 millones de personas con seguro privado acuden a la sanidad pública para obtener medicamentos financiados tras recibir recetas privadas.
Esta práctica genera duplicidad administrativa en Atención Primaria, ocupando entre el 30% y el 50% de la actividad de los médicos de familia.
Un informe propone permitir que médicos privados acreditados prescriban medicamentos con financiación pública, como ocurre en países europeos como Alemania, Austria, Polonia o Suiza.
Los médicos de Atención Primaria rechazan la medida por riesgos clínicos y administrativos, y advierten sobre posibles abusos y problemas de coordinación en el sistema.
En España hay 12,8 millones de personas con seguro privado de salud, una cifra que ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos años.
Las recetas que obtienen en la sanidad privada no están cubiertas por la financiación pública, por lo que deben pagar los medicamentos a coste de mercado.
Lo que hacen muchas de ellas, sin embargo, es acudir a la sanidad pública —sobre todo a la Atención Primaria— para que les den la misma receta y que puedan retirar el mismo medicamento pero solo pagando una pequeña fracción del mismo.
Esto genera una "duplicidad clínica y administrativa de escaso valor añadido", analiza un informe sobre la prescripción privada de medicamentos realizado por la profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra María José Hernández Leal.
El informe propone solventar esta situación acreditando a médicos de la privada para que puedan prescribir fármacos y que reciban financiación pública, basándose en experiencias en otros países de Europa. Pero la medida no convence a los médicos de Primaria.
"Cada vez más personas vienen al centro de salud porque les han mandado una medicación desde la privada y quieren ahorrar dinero", señala Francisco José Sáez, responsable del Grupo de Trabajo de Gestión Clínica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Esta duplicidad implica un incremento de la carga administrativa, que llega a suponer entre el 30% y el 50% de la actividad del médico de familia según algunas estimaciones. Una actividad que tiene escaso valor añadido y que limita el tiempo para atender pacientes.
"El problema es que tenemos que saber por qué se ha puesto ese tratamiento. Los pacientes de la privada no vienen cuando se les hace la primera receta sino con las subsiguientes, cuando necesitan continuidad, y nosotros nos tenemos que negar porque nos arriesgamos a sanciones si simplemente expedimos la prescripción sin más".
Se llegan a dar situaciones de picaresca como que "vengan con una receta de un famoso fármaco para perder peso que solo está financiado para la diabetes, sin tener ellos diabetes", o incluso que "pidan medicamentos de carácter psiquiátrico y luego ves que no han visto a ningún psiquiatra".
Profesionales acreditados
El informe de María José Hernández Leal (publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad), explica cómo otros países tienen modelos en que el médico de la privada está capacitado para prescribir medicamentos que estén bajo financiación.
Por ejemplo, en Alemania, los médicos ejercen como profesionales independientes, acreditados o con una autorización específica para que sus recetas puedan estar financiadas.
"El modelo alemán muestra, por tanto, que la financiación pública de una prescripción no exige necesariamente que el profesional sea empleado del sector público, sino que esté formalmente integrado, autorizado y sometido a las reglas del sistema asegurador".
En Austria, el sistema es similar pero diferencia entre médicos contratados por el seguro público y médicos privados sin concierto. Sin embargo, una reforma de 2021 permite que algunos medicamentos puedan ser prescritos por médicos privados y dispensados con cobertura "sin necesidad de transformar previamente la receta privada en una receta pública".
El modelo polaco, en cambio, permite emitir una receta reembolsable al médico tanto si trabaja en una consulta financiada por el seguro público como si ejerce de forma privada, siempre que se cumplan las condiciones legales de financiación.
El último ejemplo que ofrece el informe es el suizo, donde no existe un proveedor público de salud y que, por tanto, necesita de habilitación profesional para tener la capacidad de prescribir medicamentos financiados, y que estos se encuentren dentro de las indicaciones autorizadas para su reembolso.
Hernández Leal propone un sistema para permitir la prescripción de medicamentos financiados. Lo primero sería una reforma legal, pues el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación vincula la prestación farmacéutica financiada por el Sistema Nacional de Salud a la receta oficial prescrita por profesionales autorizados en el ejercicio de sus funciones dentro de un ámbito concreto (la sanidad pública).
Los siguientes pasos necesarios serían separar la prescripción de la validación para su financiación, crear un registro de receta electrónica interoperable que incluya tanto la pública como la privada, otro de profesionales habilitados para expedirlas y un mecanismo de coordinación entre Estado y comunidades autónomas que analice patrones para poder detectar actividades sospechosas, como altos volúmenes de prescripción de determinados fármacos en un profesional, desviaciones respecto a las guías clínicas u otro tipo de conductas.
Pero esto no convence a Francisco José Sáez, que participa como interlocutor de profesionales con el Ministerio de Sanidad en cuestiones relativas a la gestión en la Atención Primaria.
"La situación es distinta en otros países europeos, donde los médicos son privados y basta que le vea uno u otro. Los que damos esa medicación somos los profesionales de Primaria, médicos de familia y pediatras, porque hasta desde el hospital nos tienen que mandar a los pacientes".
Aunque esta reforma 'liberaría' al médico de parte de su carga, "tenemos que tener una explicación real de por qué el paciente tiene que tomar esa medicación, por cuánto tiempo, etc." Amén de conciliarla con otras posibles comorbilidades y medicaciones que pueden no seguirse desde otras consultas y que se 'centralizan' en la figura del médico de cabecera.
"En algunas comunidades está habiendo reclamaciones de los pacientes porque su médico no les ha dado una medicación concreta". Pero, si se hace desde la privada, tiene que seguir el circuito de la privada; "si no, acaba generando un problema para el paciente, para el médico y para el resto de personas".