El Ministerio de Sanidad, a través de INGESA, ha adjudicado contratos a Quirónsalud para prestar servicios médicos en Ceuta durante el mandato de Mónica García.
Entre los servicios adjudicados a Quirónsalud figuran endoscopias con sedación profunda, pruebas vestibulares y artroresonancias, así como servicios de neurología y rehabilitación logopédica.
La colaboración público-privada en Ceuta es necesaria debido a las limitaciones del sistema sanitario local, que depende directamente del Ministerio y no de una comunidad autónoma.
Mónica García ha sido muy crítica con la colaboración público-privada en Madrid, aunque reconoce que en casos excepcionales puede ser necesaria, como ocurre en Ceuta.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente directamente del Ministerio de Sanidad y encargado de gestionar la asistencia sanitaria pública en Ceuta, ha recurrido a Quirónsalud para prestar distintos servicios médicos y diagnósticos a los pacientes de la ciudad autónoma, incluidos contratos adjudicados durante el mandato de la ministra Mónica García.
Entre esas adjudicaciones figura un contrato formalizado en febrero de 2026 con IDCQ Hospitales y Sanidad, sociedad perteneciente a Quirónsalud, para realizar endoscopias con sedación profunda destinadas a pacientes del Área Sanitaria de Ceuta.
A este servicio se añaden otras prestaciones adjudicadas por Ingesa durante 2026, entre ellas pruebas vestibulares mediante test VHIT y artroresonancias magnéticas, así como contratos formalizados anteriormente para servicios de neurología y rehabilitación logopédica ambulatoria.
En conjunto, las adjudicaciones muestran cómo la sanidad pública ceutí recurre a capacidad médica privada para complementar aquellos servicios que no puede prestar directamente con medios propios.
La circunstancia adquiere especial relevancia porque Ceuta, junto con Melilla, es una excepción dentro del Sistema Nacional de Salud. Su asistencia sanitaria no está transferida a una comunidad autónoma, sino que depende directamente del INGESA y, por tanto, del Ministerio que dirige Mónica García.
Fundación Jiménez Díaz
La colaboración alcanza también a la Fundación Jiménez Díaz, hospital integrado en Quirónsalud y uno de los principales centros de alta complejidad de Madrid. Este centro participa desde hace años en la asistencia especializada a pacientes de Ceuta mediante herramientas de telemedicina, especialmente para la atención urgente del ictus.
Este servicio es de especial importancia en Ceuta, donde la insularidad de facto y la distancia respecto a los grandes centros hospitalarios peninsulares condicionan la asistencia. Los contratos externos permiten complementar los servicios del Hospital Universitario de la ciudad autónoma y evitar que determinadas pruebas o tratamientos queden sin cobertura inmediata.
Críticas de García
La utilización de Quirónsalud por parte de la sanidad directamente gestionada por el Ministerio contrasta con la intensa posición crítica mantenida por Mónica García con respecto a determinadas fórmulas de colaboración público-privada, especialmente las desarrolladas en la Comunidad de Madrid.
Durante la presentación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, García defendió en febrero que la gestión directa debe convertirse en la modalidad preferente y que las fórmulas indirectas sólo deben utilizarse de manera excepcional cuando el sistema público demuestre que no puede prestar un determinado servicio con sus propios medios.
La ministra aseguró entonces que la nueva legislación pretende poner coto a aquellos modelos en los que la incorporación de empresas privadas está incentivada por el lucro.
Además, criticó expresamente las concesiones sanitarias de larga duración. García señaló que cualquier externalización deberá justificar que el servicio no puede ser realizado directamente por la Administración y someterse a una evaluación previa.
La propia ministra introdujo, no obstante, un matiz relevante: afirmó que su iniciativa no pretende eliminar todas las fórmulas de colaboración público-privada, sino limitar aquellas que considera perjudiciales para el sistema, y reconoció expresamente la existencia de modelos de colaboración que calificó como "sanos".
La cuestión adquiere una dimensión política porque García ha sido durante años una de las principales críticas del modelo sanitario madrileño y de la relación entre la Comunidad de Madrid y operadores privados como Quirónsalud.
Desde el Gobierno, ha insistido en que determinados modelos concesionales pueden producir sobrecostes o incentivar criterios económicos que considera incompatibles con los objetivos de la sanidad pública.
Sin embargo, la realidad asistencial de Ceuta muestra que el propio Ministerio utiliza proveedores privados cuando necesita complementar prestaciones sanitarias que INGESA no puede ofrecer directamente con sus propios medios.
En este caso, Quirónsalud no sustituye globalmente la gestión pública del sistema ceutí, sino que presta servicios concretos contratados por Ingesa.
Las adjudicaciones llegan, además, en un momento especialmente delicado para la sanidad ceutí.
Durante los últimos años, sindicatos y organizaciones profesionales han denunciado dificultades para cubrir determinadas especialidades y atraer médicos, una debilidad que ha adquirido todavía mayor relevancia tras la reciente crisis migratoria y el fuerte incremento de la demanda asistencial.