El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos denuncia que la nueva ley del medicamento no elimina las reservas singulares, lo que limita el acceso de los pacientes a ciertos fármacos hospitalarios.
Los farmacéuticos advierten que el modelo de precios propuesto en la ley puede generar desigualdades económicas y dificultades en la continuidad de tratamientos para los pacientes.
El Consejo valora positivamente la atención farmacéutica domiciliaria y el respaldo al modelo de farmacia español, pero pide consolidar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales con un marco regulatorio básico.
La patronal de tecnología sanitaria, Fenin, considera positivo el nuevo proyecto de ley, aunque solicita mejoras como la indexación de contratos públicos al IPC para garantizar la viabilidad del sector.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha manifestado que el proyecto de ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado este martes en segunda vuelta y en Consejo de Ministros precisa de mejoras. Como por ejemplo, que debería eliminar las denominadas reservas singulares de dispensación de fármacos (cuando se entregan determinados medicamentos únicamente en las farmacias hospitalarias).
Para los farmacéuticos, "estas reservas continúan limitando el acceso de los pacientes a determinados medicamentos circunscritos al ámbito hospitalario únicamente por razones organizativas o económicas y no por criterios clínicos".
Aunque el Consejo valora "positivamente" el modelo de atención farmacéutica domiciliaria para personas vulnerables que recoge la ley, cree que "agrava el problema de las reservas singulares".
"La futura ley, lejos de resolver esta problemática, agrava el problema de acceso motivado por esta figura".
La institución añade que se debe "aprovechar la capacidad asistencial y la accesibilidad de la red de farmacias comunitarias para acercar los tratamientos a los ciudadanos y eliminar barreras innecesarias".
Servicios
Junto a ello, ha expuesto que "la norma desaprovecha una oportunidad estratégica para consolidar la farmacia asistencial mediante la regulación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales".
"La inclusión de un marco regulatorio básico permitiría extender, con criterios de equidad a todo el territorio nacional, servicios farmacéuticos que ya están ofreciendo resultados positivos en numerosas comunidades autónomas en ámbitos como la adherencia terapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la prevención o la salud pública", ha explicado.
"El potencial del modelo de farmacia comunitaria por el que apuesta el proyecto de ley sólo podrá desarrollarse plenamente si va acompañado de medidas que garanticen la sostenibilidad de las farmacias comunitarias", ha proseguido, tras lo que ha declarado que "el reconocimiento de su valor sanitario y social pierde eficacia si otras disposiciones de carácter económico introducen incertidumbre o comprometen la viabilidad de una red que resulta esencial para asegurar la igualdad de acceso a los medicamentos".
Por otra parte, el CGCOF ha sostenido que, aunque este proyecto ha mejorado respecto a su primera versión al eliminar el planteamiento inicial del sistema de precios seleccionados e incorporar mecanismos de precios dinámicos, la introducción simultánea de un sistema adicional de rangos de precios sigue generando incertidumbres "muy importantes".
Al respecto, ha apuntado que en el dictamen del Consejo de Estado se indica de forma literal que, en relación con la fijación de precios: se considera un sistema de extraordinaria complejidad técnica y sobre cuyos efectos económicos y en materia de competencia no existe unanimidad.
"Por eso, hubiera requerido un análisis más pormenorizado en la memoria del proyecto".
"En cualquier caso, este complejo modelo de precios puede dar lugar a diferencias económicas entre pacientes con las mismas necesidades clínicas, favorecer la aparición de copagos inevitables y comprometer uno de los principios esenciales del SNS: la equidad en el acceso a los medicamentos", ha continuado.
Al mismo tiempo, "la coexistencia de múltiples precios puede afectar a la continuidad de los tratamientos, problemas de adherencia, generar tensiones en el suministro y dificultar la sostenibilidad de numerosas farmacias comunitarias".
Responsabilidad al paciente
En este sentido, ha afirmado que genera "preocupación" el sistema diseñado para la dispensación, "que traslada al paciente la responsabilidad de elegir el medicamento concreto dentro de una agrupación homogénea que puede ser muy amplia, con distintas formas farmacéuticas, lo que plantea un importante riesgo de seguridad y el acceso al tratamiento más adecuado".
"La elección del medicamento es una decisión técnica con implicaciones clínicas que debe realizarse con el acompañamiento de los profesionales sanitarios competentes y en condiciones de equidad para todos los pacientes del SNS", indican los farmacéuticos.
En cuanto a los aspectos positivos de esta norma, ha destacado el respaldo explícito al modelo de farmacia español, basado en la planificación sanitaria, la titularidad farmacéutica, la concertación con las Administraciones sanitarias y la cercanía.
Así, ha puesto de relieve la presencia en los Consejos de Coordinación Farmacoterapéutica de las Zonas Básicas de Salud, que refuerzan la colaboración entre profesionales sanitarios y la continuidad asistencial de los pacientes.
Por su parte, la patronal de las empresas de tecnología sanitaria (Fenin) ha valorado como "positivo" y "necesario" el nuevo proyecto de ley del medicamento.
Aun así, considera necesario que durante su tramitación parlamentaria se introduzcan mejoras como la indexación de los contratos públicos al IPC para garantizar la viabilidad del sector y el acceso de los pacientes a tecnologías de mayor calidad.
A través de un comunicado, Fenin ha subrayado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita incorporar las innovaciones tecnológicas para poder ser "más eficaz y eficiente".
Además, destaca que el nuevo texto recoge "históricas reivindicaciones" del sector de tecnología sanitaria que, a su juicio, deben permitir mejorar la competitividad de las empresas, facilitar las inversiones en nuestro país y la incorporación de la innovación.