Las claves

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El Congreso aprueba duplicar la financiación de la dependencia, destinando 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 a las comunidades autónomas.

Andalucía será la comunidad que más fondos reciba (954 millones), mientras que La Rioja obtendrá la menor cantidad (25 millones).

Se prevé la creación de más de 115.000 empleos en el sector de la dependencia y la incorporación de 417.000 nuevos beneficiarios en todo el país.

Parte del presupuesto se destinará a mejorar las condiciones laborales en el sector y a reducir las listas de espera, que podrían bajar en 71.000 personas para 2027.

El Congreso ha dado recientemente luz verde al real decreto-ley para duplicar la financiación del Sistema de la Dependencia. Las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre este año (5.513 millones) y el siguiente (se alcanzarán los 7.239 millones).

Como es lógico, la distribución será proporcional. Es decir, Andalucía, con mayor número de habitantes, será la que más fondos perciba: 954 millones. Frente a la que menos, La Rioja, que recibirá 25 millones de euros por parte del Estado.

Este incremento de la financiación tendrá un impacto también a nivel laboral. Permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar más personal para reforzar el sistema de cuidados ante el aumento de la población envejecida con más patologías crónicas y dependientes.

Según sus cálculos, esta aportación supondrá la creación de más de 115.000 empleos dentro del sector de la dependencia.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy pretende que estos fondos extra impulsen la reducción de las listas de espera, así como la mejora de las condiciones laborales.

De hecho, estima que las listas puedan reducirse en 71.000 personas en 2027 y que 417.000 personas más se beneficien.

Por comunidades, Andalucía recibirá 954 millones para financiar el nivel mínimo (la partida mensual que el Estado transfiere de forma directa a cada autonomía por cada persona con un grado de dependencia reconocido). Este año, serán 317,9 millones adicionales y en 2027, los 635 millones restantes. Se beneficiarán 102.333 nuevas personas beneficiarias, las listas se reducirán en 15.461 y se crearán 23.577 empleos.

Le sigue Madrid que ingresará 680 millones (226,6 millones de 2026 y 453,3 en 2027). El impacto estimado alcanza las 60.876 beneficiarias, una reducción de 11.497 personas en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

Cataluña percibirá 567 millones más del Gobierno (189,1 de este 2026 y 378,3 en 2027). El sistema podría incorporar 61.470 beneficiarias, reducir la lista de espera en 24.881, y crear 13.611 empleos.

En el lado opuesto están Cantabria, Navarra y La Rioja.

En su caso, Cantabria recibirá 55 millones (18,4 millones en 2026 y 36,9 en 2027). Esto podría permitir incorporar 2.493 nuevas personas beneficiarias, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera, y crear 1.032 empleos.

Navarra recaudará 38 millones más (12,6 millones en 2026 y 25,4 en 2027). El impacto estimado es de 3.405 beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

Por último, La Rioja recaudará 25 millones extra ((8,2 millones de euros adicionales lo que queda de 2026 y 16,5 millones de euros adicionales el próximo). Se espera que el sistema podría incorporar 2.116 beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

Mejora de las condiciones

Aparte de la creación de nuevos puestos de trabajo, una parte importante del presupuesto se destinará a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), así como sus salarios, a ofrecer más formación y más estabilidad.

En paralelo, y aunque el Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, ha impulsado la creación de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de las condiciones.

Con todo, el pasado martes el Congreso también aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Ahora, la nueva normativa blinda la financiación del sistema incorporando en la ley la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión.