Sanidad y las comunidades autónomas han rechazado nuevamente la financiación pública de los medicamentos Lecanemab y Donanemab para el alzhéimer.
Ambos fármacos, aprobados por la UE, son anticuerpos monoclonales que ralentizan mínimamente la progresión del alzhéimer, pero presentan riesgos como hemorragias cerebrales.
A pesar de su baja eficacia y alto coste, los profesionales defienden su inclusión por la falta de alternativas y como preparación para futuros tratamientos más eficaces.
La adaptación hospitalaria y el alto precio (más de 20.000 euros por paciente y año) son los principales obstáculos para su financiación pública.
La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos celebrada este miércoles ha vuelto a rechazar la inclusión en la sanidad pública de los nuevos medicamentos contra el alzhéimer.
Lecanemab y donanemab están autorizados por la Unión Europea. Este periódico ha podido saber que los titulares de comercialización (Eisai/Biogen y Eli Lilly, respectivamente) han presentado una segunda propuesta de precio y reembolso, tras el rechazo inicial de la Comisión a la primera en abril y mayo.
Sin embargo, esto parece no haber sido suficiente, por lo que los laboratorios tendrán que esperar hasta septiembre para realizar una nueva propuesta.
Ambos medicamentos pertenecen a una nueva clase de fármacos contra el alzhéimer: son anticuerpos monoclonales que atacan las placas de amiloide que se acumulan en el cerebro y que están relacionadas con la aparición de la enfermedad.
Son los primeros medicamentos aprobados en la Unión Europea frente a esta condición neurodegenerativa en más de dos décadas, y los primeros en mostrar una ralentización de la progresión.
Sin embargo, no están exentos de polémica. La ralentización es mínima y tienen riesgos de hemorragias cerebrales, por lo que necesitan un seguimiento estrecho.
De hecho, una revisión de estudios sobre esta clase de fármacos concluía que el efecto que generaban era nulo, aunque este estudio fue criticado por juzgar a los fármacos en su conjunto y no uno por uno.
Pese a su baja eficacia, los profesionales clínicos son partidarios de su inclusión en la financiación pública. Primero, porque no hay otras alternativas.
Segundo, porque son los primeros en llegar de esta nueva clase y permitirá adaptar los hospitales y los servicios de Neurología para cuando lleguen opciones más eficaces.
Al estar indicados en etapas tempranas de alzhéimer, es necesario acelerar los diagnósticos, pero también hay que cambiar la organización para incluir nuevas pruebas diagnósticas y espacios para su administración: estos fármacos son de uso hospitalario y se dan por vía intravenosa.
Es ahí donde parece estar el problema. Se trata de fármacos caros (más de 20.000 euros por paciente y año) y la adaptación de los servicios requiere también un considerable esfuerzo económico.
Los profesionales y los pacientes, con todo, reclaman que la inversión inicial se verá equilibrada en cuanto se prolongue la independencia de las personas afectadas y retrasen la necesidad de cuidados y otro tipo de atenciones.