Una técnico de la construcción afectada por Covid persistente y síndrome de fatiga crónica ha logrado la Incapacidad Permanente Absoluta tras haberle sido concedida una discapacidad del 49% en 2025.
Ambas patologías habían incidido enormemente en la salud de la trabajadora y en su capacidad funcional en los últimos años.
Álvaro González, letrado encargado del caso, ha señalado que no se entendía por qué el Instituto de la Seguridad Social no había concedido la incapacidad total tras las últimas revisiones después de reconocérsele la discapacidad.
"En ese mismo informe de discapacidad ya se tuvo en cuenta la gravedad del estado de salud por afección post Covid-19 y otros síntomas y signos que afectan claramente a las funciones cognitivas y la conciencia".
Informes médicos y psicológicos ya mostraban, explica el abogado, cómo cualquier actividad laboral podía poner en riesgo la salud de la trabajadora.
"De acuerdo con los informes de los especialistas, su cerebro sigue sin estar preparado para desarrollar cualquier trabajo que suponga un esfuerzo físico o mental, pudiendo poner en riesgo su salud y ocasionar un retroceso en su recuperación", señala la sentencia, dictada por la magistrada de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid Marta Rincón Crespo.
Casos como este e investigaciones recientes están mostrando cómo la Covid persistente conlleva complicaciones secundarias como la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, entre otras patologías.
La sentencia señala que esta condición produjo "una fatiga muy intensa tanto física como mental como intenso cansancio tras el esfuerzo y empeoramiento de los síntomas con la enfermedad; también se observa un deterioro cognitivo objetivado mediante test neurocognitivos realizados en el Hospital Clínico con niebla o aturdimiento mental, disminución de la velocidad de procesamiento, alteración de la capacidad de atención, concentración y memoria, además de la alteración de las tareas ejecutivas que empeora el estrés; la totalidad de la patología debe considerarse de carácter permanente y evolutiva".
La Incapacidad Permanente Absoluta, indica el fallo de la sentencia, se determina como derivada de enfermedad común, revisable por agravación o mejoría a partir del plazo de dos años.
La prestación se basará en una base reguladora de 2.874,30 euros y con carácter retroactivo desde mayo de 2024, fecha en la que se deniega la incapacidad en instancia administrativa.
