El Gobierno destinará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar el Sistema de Dependencia.
El sector de los cuidados teme que la burocracia de las comunidades autónomas retrase el uso efectivo de estos fondos.
Asociaciones y sindicatos reclaman que los fondos se destinen a mejorar los servicios y condiciones laborales, no solo a sanear las arcas autonómicas.
A pesar del aumento de la financiación, el número de personas en lista de espera para la dependencia ha crecido en 2026 y los tiempos medios de espera superan los 320 días.
El sector de los cuidados teme que los miles de millones de euros aprobados por Sánchez para reforzar el Sistema de Dependencia (SAAD) se atasquen por la burocracia de las comunidades autónomas.
Cabe destacar que el Gobierno aprobó el pasado martes un real decreto-ley para reforzar la Dependencia. El Ejecutivo desembolsará 6.200 millones adicionales entre 2026 y 2027 a las comunidades de manera inmediata, a partir del próximo 1 de julio. Estos incrementos implican que la aportación del Estado alcanzará los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones de euros.
Así, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta que el principal riesgo es que las regiones no sean capaces de establecer procedimientos ágiles. "Se deben simplificar los procedimientos administrativos", señalan en un comunicado.
Los gestores reclaman un control de dicha partida presupuestaria para que las regiones no la destinen a "sanear las arcas autonómicas", sino para mejorar y atender a las personas de manera idónea y ágilmente.
"No se debe permitir que prestando los mismos servicios las comunidades sigan recibiendo más dinero", precisan.
La asociación aplaude la financiación extra del Gobierno, no obstante, duda sobre cómo la Administración General del Estado (AGE) va a garantizar que con este incremento presupuestario se mejore la vida de las personas en situación de dependencia.
Este aumento debería producir un efecto multiplicador en la inversión si las comunidades elevan su presupuesto propio para alcanzar el cumplimiento del 50% de financiación.
Esta partida presupuestaria, según la asociación, debería servir para agilizar los procedimientos y reducir las listas de espera; aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, actualmente en 38 horas al mes de media; incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, actualmente de 262 euros al mes; o subir las prestaciones vinculadas al servicio, actualmente de 567 euros al mes para plaza de residencia.
Además, "esta nueva financiación debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del SAAD, especialmente de las auxiliares y de las residencias", reclaman.
En la misma línea, se posicionan los sindicatos UGT y CCOO, que exigen "condicionar este incremento de la partida presupuestaria a más cobertura de servicios profesionales" y a una mejora de la "calidad" y las "condiciones de empleo". Según señalan en un comunicado, "el plan de choque, impulsado en 2021, fue eficaz hasta 2023, pero desde entonces acumula los efectos de la ausencia de condiciones de acceso a la financiación".
A partir de 2024, según critican, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas "se han limitado a prorrogar los criterios originales sin evaluar los resultados obtenidos en cada territorio ni reorientarlos hacia los objetivos de calidad de la atención que se perseguían.
Por ello, consideran que este desembolso debe realizarse estableciendo “criterios de reparto con las comunidades, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social, para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, y atendiendo al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de las empresas y administraciones que operan dichos servicios”.
Entre otros requisitos, proponen una atención de la lista de espera exclusivamente con servicios profesionales, la elevación progresiva de las ratios de plantilla, así como una garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen "escrupulosamente" las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos.
Sistema en 2026
En mayo 2026 (datos más recientes), 47.323 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios también ha aumentado alcanzando la totalidad de 69.047.
Sin embargo, este ascenso ha sido muy desigual este año. Se consolida la tendencia de incremento de servicios low cost como la prestación de cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia representando el 46,1% y el 36,5%, respectivamente, del total.
Finaliza mayo de 2026 con 265.460 personas a la espera de un procedimiento. Y 155.352 personas con derecho reconocido están a la espera de la atención. A estas cifras hay que añadir 110.108 personas pendientes de valoración.
Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar más las que están en el limbo) alcanza esas 265.460, lo que supone 7.293 más que al comienzo del año.
Tiempos de espera dependencia.
En los últimos años, se ha ido reduciendo progresivamente el número de personas en lista de espera. Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio en la tendencia, hay más personas que a comienzos del año que están esperando algún procedimiento de la dependencia.
En cuanto al tiempo de espera, la media (320 días) sigue superando el plazo estipulado, fijado por ley que debería ser de 180 días.
Sólo hay seis comunidades (Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria) y Ceuta que se mantienen por debajo de dicha media.
En el lado opuesto están Murcia (552 días), Andalucía (446 días), Asturias (411 días), Madrid (346) y Canarias (335 días).
Evolución tiempo de espera en 2026.png
De hecho, Murcia sigue ocupando el último puesto y sólo ha conseguido reducir el tiempo de espera siete días en lo que llevamos de 2026.
Resulta importante destacar que un territorio ha incrementado de manera importante los tiempos de tramitación en este año. Ha sido el caso de Asturias que ha aumentado en 84 días la espera. En el otro extremo, están Canarias (-95 días), Andalucía (-50 días) y La Rioja (-30 días) que han reducido sus tiempos de tramitación.
"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas en los últimos años, el ritmo es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", alertan los gerentes de servicios sociales.