La industria farmacéutica denuncia la nueva normativa europea que les obliga a costear el 80% del tratamiento de aguas residuales urbanas.
El sector considera injusto que solo farmacéuticas y cosméticas asuman el coste, mientras otras industrias también generan microcontaminantes.
La patronal argumenta que muchos de los residuos provienen de la orina de los ciudadanos y teme el impacto económico en la rentabilidad de algunos medicamentos.
El Tribunal Superior de Irlanda ha elevado dudas legales sobre la directiva europea, lo que obliga a Bruselas a revisar su validez.
"Un poco de sorpresa y cierto disgusto" entre la industria farmacéutica por la transposición de la directiva europea sobre aguas residuales urbanas.
Así lo ha resumido Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal, en un encuentro con periodistas sobre sostenibilidad y retos de salud.
"Ha sido una sorpresa ver que, en un tema tan importante como este, la responsabilidad del tratamiento cuaternario de las aguas recaiga solamente en dos sectores".
Según la Comisión Europea, el 80% de la contaminación de las aguas residuales urbanas depende del sector farmacéutico y del cosmético, un "cálculo que se ha hecho un poco a la ligera", ha observado.
Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, que ha participado en el encuentro, ha señalado seguidamente que, "si quien contamina, paga, la Comisión tendría que haber hecho un examen exhaustivo de todos los sectores que lo hacen y, a partir de aquí, poner un sistema de financiación de su tratamiento".
No hay un cálculo económico del impacto de esta normativa en el sector pues todavía tiene que determinarse qué tipo de sustancias quedan incluidas y cuáles quedan fuera, pero recuerda que el impacto de estas normativas no puede repercutir en el precio de los medicamentos, al contrario de lo que pasa en muchos sectores.
"Cuando se compran medicamentos por parte de los servicios de salud, no se tienen en cuenta los valores ambientales y sociales, porque la compra va a precio".
De ahí que compitan en situación de desigualdad "empresas respetuosas con la normativa ambiental y social con otras que provienen de países donde, a lo mejor, no hay salario mínimo, ni derechos de los trabajadores, ni respeto al medioambiente".
Por eso reclama una "compra pública de valor, que tenga en cuenta también los costes medioambientales y sociales".
Microcontaminación
Hace una semana se puso a consulta pública el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, donde se implanta un tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes que los sistemas actuales no logran filtrar y que acaban en los ríos.
La directiva establece que los sectores farmacéutico y cosmético tienen que financiar, como mínimo, el 80% del coste total de la construcción y mantenimiento de las nuevas infraestructuras que lo filtren, basándose en el principio de 'quien contamina, paga'.
La norma que la transpone, que estará abierta a aportaciones hasta el próximo 26 de junio, sustituirá la normativa actual, que tiene tres décadas de vigencia.
La directiva europea entró en vigor el 1 de enero de 2025 y los Estados miembro tienen hasta el 31 de julio de 2027 para su transposición.
La puesta en consulta pública es el primer paso. De ahí tiene que salir un texto articulado que también podrá recibir alegaciones y que será aprobado en el Consejo de Ministros.
Después, iniciará su trámite parlamentario, "con todas las dificultades que hay ahora mismo para la aprobación de normas", señala Bosch. Por lo que todavía quedan meses para que culmine el proceso.
Las dudas irlandesas
La responsable jurídica de Farmaindustria ha destacado que "todas las patronales del sector [ellos, Aeseg, Asebio, Aelmhu… más la del cosmético] nos hemos puesto de acuerdo" en el rechazo al planteamiento actual de la directiva.
La situación no está cerrada. El Tribunal Superior de Irlanda ha enviado una consulta urgente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar si esta directiva es del todo legal.
Lo hace tras la denuncia planteada por las patronales europeas de la farmacia y la cosmética y el juez ha considerado que sus dudas tienen una base jurídica sólida.
Los argumentos puestos sobre la mesa son que hay otros sectores que generan microcontaminantes (la industria química, la textil o la agrícola), que muchos de los residuos hallados en los ríos no provienen de las fábricas sino de la orina de los ciudadanos que toman esos fármacos y, además, que existe un riesgo de desabastecimiento de ciertos medicamentos al dejar de ser rentables.
Tras la cuestión planteada por la justicia irlandesa, Bruselas se ve obligada a revisar la validez de su propia ley.
Teresa Millán, de Lilly, ha apuntado que no todo está perdido, pues el nuevo comisario europeo de salud, el húngaro Olivér Várhelyi (que sustituye a Stella Kyriakides), se ha mostrado receptivo ante sus demandas.
"Nos ha dicho que estaba dispuesto a revisar la directiva, pero esta ya está en vigor y tiene que transponerse".