Publicada
Actualizada
Las claves

Los contratos concertados absorben el 10% del gasto sanitario público y una parte significativa de la actividad. Así, si se sustituyeran los conciertos por la gestión puramente pública, el coste de la atención se encarecería unos 1.100-1.300 millones de euros al año. Se podría alcanzar los 2.700 millones en un escenario extremo. Estos datos se revelan en un contexto donde se ha puesto en duda la viabilidad de los conciertos con el sector privado.

Así, la eliminación de estos contratos puede incrementar la presión financiera sobre el sistema. Estas son una de las conclusiones que se extraen del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2026 presentado este martes por Marta Villanueva, presidenta de la Fundación IDIS. Se trata del 16º Informe que elabora la institución en el que se analizan diferentes indicadores de la sanidad privada.

El estudio señala que la colaboración público- privada a través de conciertos amplía la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud (SNS), aportando recursos adicionales y contribuyendo, entre otros efectos, a reducir la presión asistencial sobre el sistema público.

Así, de los 440 hospitales privados existentes, 144 mantienen conciertos con el sistema público (33%); 91 están integrados en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) de Cataluña (21%) y 16 forman parte de la RHUP en otras comunidades autónomas (4%).

Para ser exactos, en la capacidad asistencial los centros privados con algún tipo de concierto realizaron 573.000 intervenciones (15,4% de la actividad asistencial pública total), más de 9,6 millones de consultas (11,0%) y 2,5 millones de urgencias (10,6%) en 2024.

Estas magnitudes, "aún siendo estimaciones sectoriales, son relevantes porque describen un modelo que opera como capacidad instalada adicional dentro de la red de utilización pública", indica el informe.

Cabe destacar que la colaboración público-privada se articula a través de distintos instrumentos jurídicos y organizativos: los conciertos, la integración en la RHUP, las concesiones administrativas, el mutualismo administrativo, y la contratación de servicios no clínicos (Modelo PFI). Además, la sanidad privada concertada participa de forma apreciable en la actividad asistencial en áreas como cirugía, consultas y urgencias. En concreto, el 57% de los hospitales privados cuentan con algún tipo de concierto con el SNS.

En cuanto al mutualismo (Muface, Mugeju e Isfas), este modelo supone un ahorro y aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de los funcionarios es inferior al gasto público per cápita de la población en general.

Según el informe, en 2024 (datos más recientes), el gasto público por habitante fue de 1.823 euros, frente a los 1.046 euros del mutualismo administrativo. El ahorro que supone el modelo de mutualismo para el Sistema Nacional de Salud es de aproximadamente 777€ por funcionario.

Por otro lado, también se analiza el gasto en aseguramiento privado. En 2025 se contabilizaron 12,8 millones de asegurados (200.000 más que hace un año), excluyendo a las mutualidades de funcionarios.

La población con seguro desempeña un papel relevante en la "descongestión del sistema sanitario público", ya que, al disponer de doble cobertura (pública y privada), reduce total o parcialmente su utilización de los recursos públicos.

Se estima que el coste de la inversión en salud por el aseguramiento privado se situaría en 7.857 millones de euros en función de la siniestralidad de las aseguradoras.

"Esto sería lo que se deja el sector en seguros y que tendría que absorber la sanidad pública si no existiera nuestra aportación", ha indicado Villanueva.

Gasto sanitario privado

El estudio del IDIS también recopila datos del gasto sanitario privado total que alcanzó los 37.048 millones de euros en 2023 (datos más recientes), representando un 2,47% del PIB del país. Esto supone un 26,8% del gasto total sanitario en España. En el ejercicio anterior, el desembolso fue de 34.056 millones.

En cuanto al gasto sociosanitario fue 7.955 millones y su representación en el PIB es el del 0,53%. Y genera unos 222.581 empleos directos al año.

Y sobre la salud bucodental, su impacto económico fue de 8.721 millones de euros. De esta manera, el informe destaca que el 99,4% de las clínicas de atención bucodental son privadas, con una facturación de 8.721 millones de euros, que representa el 0,58% del PIB español y el 16,8% de la facturación total del sector sanitario y de servicios sociales.

Los datos revelan que, además de su contribución económica, el sector odontológico se consolida como un motor económico en crecimiento dentro del sistema privado, que genera más de 110.837 empleos directos.