Las claves
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El sistema de homologación de títulos extranjeros, la mayoría de ellos sanitarios, sigue estancado. A pesar de que el Gobierno aceleró el proceso de resoluciones en 2025, todavía persiste un cuello de botella.
En concreto, el 91% de los expedientes continúa paralizado durante meses en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sin que se produzcan pasos visibles en su tramitación ni resoluciones efectivas. La mayor parte de ese atasco está en los mecanismos institucionales.
Así lo señala la reciente encuesta del Seguimiento del reconocimiento de títulos profesionales en España elaborada por el colectivo de Homologación Justa Ya.
El 44% de los encuestados afirma que su expediente lleva más de un año sin actualizarse y, en los casos más extremos, la espera supera los dos años, lo que pone de manifiesto periodos muy prolongados de inactividad administrativa.
Un 34% de las personas señala esperas de hasta 3 meses, mientras que un 22% permanece sin avances entre 4 y 12 meses. Este informe identifica que el bloqueo se produce principalmente en las etapas de preapertura y apertura del expediente.
Con todo, estos datos no difieren mucho de los registrados en el anterior informe de 2024 donde se evidenció un bloqueo administrativo en la tramitación de expedientes que, en la actualidad, continúa presente en el sistema. En el año anterior, el 95% de los títulos estaba paralizado.
"La homologación y equivalencia de títulos en España aún es un proceso necesario e indispensable pero sus altos tiempos de demora generan un alto nivel de frustración y de inactividad del ministerio", señala el documento.
Más afectados
La mayoría de los afectados son profesionales sanitarios, predominando los expedientes de médicos (47%) y enfermeras (20%). En menor medida, están los dentistas (7%), psicólogos (8%), fisioterapeutas (4%) y farmacéuticos (2%).
Junto a estos grupos mayoritarios, se observa una diversidad de perfiles adicionales. Entre ellos se incluyen ingenierías de diversas especialidades, arquitectura, educación, nutrición, logopedia y veterinaria.
La mayoría de los expedientes provienen de personas jóvenes. El 94 % corresponde a títulos obtenidos en países de América Latina, especialmente Colombia y Venezuela, que representan el 47% de las solicitudes.
Otro elemento a destacar es la alta feminización del colectivo, que se mantiene en torno al 65–69 % de las personas encuestadas. "Estos datos evidencian que el fenómeno no responde a una situación coyuntural, sino a un patrón estructural que afecta a un grupo profesional y demográfico claramente identificado", destaca el estudio.
Por otro lado, el informe revela que los canales oficiales de información dentro de la página de Valida-TE (plataforma del ministerio para homologar los títulos), como lo son los formularios de contacto o las citas telefónicas, no están cumpliendo plenamente su función informativa, lo que incrementa la incertidumbre de las personas solicitantes y dificulta el seguimiento adecuado de los expedientes.
El 76 % de las personas participantes señala que no obtiene información útil tras una cita telefónica. Asimismo, el 93 % considera que los recursos administrativos disponibles no resultan eficaces para resolver dudas o acelerar los procedimientos.
De hecho, el sistema de acceso a las citas telefónicas muestra un funcionamiento deficiente. El 89% de los encuestados manifiesta no haber podido lograr conseguir cita telefónica. Esta situación ha favorecido la aparición de un mercado negro de reventa de citas ilegales, algo parecido a lo que ocurre con las de extranjería.
Los estafadores ofrecen llamadas telefónicas por 200 euros a través de Telegram y WhatsApp a los profesionales que les está resultando complicado conseguirlas a través del Ministerio de Universidades.
El objetivo de estas citas es conocer el estado actual del expediente para lograr desatascarlo (si hay algún problema) y así avanzar en el proceso de homologación.
También, en los últimos años, se ha vuelto común recurrir a gestores privados que ofrecen servicios de acompañamiento para los procesos de homologación.
Los costes de estos servicios llegan a oscilar los 800 euros. No obstante, el informe señala que recurrir a estas prestaciones no garantiza que el expediente se acelere.
Aunque los gestores vendan sus servicios como una opción de simplificar el trámite o agilizarlo, "muchas veces es injustificado, especialmente teniendo en cuenta que el proceso es gratuito y que la persona lo puede hacer por sí sola", detalla la encuesta.
