Las claves

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En 2025, España superó el récord de inversión en dependencia hasta los 13.506 millones de euros. Esto supone el 0,8% del PIB del país. Es decir, la mitad de lo que dedica de media la Unión Europea (UE). Los países europeos destinan aproximadamente entre el 1,7% - 1,8% de su PIB a dependencia y cuidados de larga duración.

En concreto, el coste directo de las prestaciones y servicios asciende a los 11.847,9 millones. De estos, 9.521 millones fueron asumidos por la administración pública y el resto lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado. Con todo, si se tienen en cuenta los gastos de copago y los sistemas de valoración y gestión, el presupuesto total asciende a esos 13.506 millones.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del XXVI Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Además, a estos costes hay que sumar el desembolso que destinan las familias cada año. La aportación económica privada asciende a 3.138 euros por hogar, una carga que soportan actualmente 728.851 familias.

Pero es que estas cuantías pueden ascender dependiendo del grado de dependencia, anotando 2.064 euros para el grado I; 3.324 euros para el II y 4.620 euros para el III, con importantes diferencias entre territorios.

Per cápita

El informe arroja que el gasto público por persona dependiente superó los 6.015 euros en 2025, lo que supone 200 euros menos que en el periodo anterior. Analizando las cifras con respecto a hace unos años, se puede observar que el presupuesto per cápita se ha estancado desde la pandemia.

Pero es que la situación empeora si se observa por regiones. La Rioja (7.537 euros), País Vasco (6.567 euros) y Castilla-La Mancha (6.432 euros) lideran el ranking superando la media.

En el lado contrario se encuentran Aragón (4.020 euros), Asturias (4.045 euros) y Ceuta y Melilla (4.264 euros).

Y no sólo hay desigualdades en la inversión sino también en las listas de espera. Por ejemplo, regiones como Murcia (la comunidad con un mayor tiempo de espera) tarda hasta 446 días más que Castilla y León en reconocer la situación de dependencia.

En general, el tiempo medio de resolución en España fue de 341 días en 2025 (7 más que el año anterior y 17 más que en 2023). Así, nuestro país incumple el plazo máximo estipulado por Ley que fija como máximo 180 días.

Actualmente, sólo hay cinco autonomías que cumplen dicho plazo: Castilla y León (113 días), País Vasco (129), Aragón (141), Castilla-La Mancha (165) y La Rioja (174). Por su parte, Navarra (201) y Cantabria (203) se encuentran cerca de ese periodo.

Con todo, el acceso real de las atenciones y los plazos están fuertemente determinados por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.

Más personas atendidas

El año pasado, creció el número de personas atendidas pasando de 106.558 durante 2024 a 158.618 alcanzando el total de 1,7 millones de personas que tienen reconocida su situación de dependencia.

No obstante, el análisis refleja una tendencia hacia un sistema low cost donde se resalta un estancamiento que se ha ido prolongando desde el inicio de 2024.

A principios de 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros del ex novo del Plan de Choque del Ministerio de Derechos Sociales, impulsado en los tres años anteriores (2021-2023). Esta inversión no se ha efectuado, entre otros factores, porque no se han aprobado los presupuestos generales del Estado.

"Esto supone una merma importante en la financiación el Sistema de Dependencia (SAAD), que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios", destaca el análisis.

A pesar de que no se aumentó el presupuesto estatal para el nivel acordado (600 millones de euros), en 2025 se produjo un crecimiento del gasto de 159 millones, "por la obligación del Ministerio de soportar el mínimo de financiación al haberse incrementado el número de personas atendidas".

A esto se añaden los 121 millones de euros de la financiación de la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Y el desembolso de 96 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales.

Por último, según el informe, en 2025 aumentó el número de solicitudes un 54% con respecto al año anterior.

Además, la burocracia y el escaso desarrollo del SAAD ha impedido cumplir con el Plan de Choque que ha dejado a 6.461 personas más en el limbo de la dependencia. En concreto, hay 148.907 con derecho reconocido pero en espera de atención. Así, según la asociación, al ritmo del último año se tardarían diez años en reducir las listas de espera.