Las claves

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El futuro de Muface estuvo en el alambre durante buena parte de 2025. Y, en el fondo, lo sigue estando. Pese a que la asistencia sanitaria de los funcionarios a través de la mutualidad está garantizada hasta 2027, son numerosos los interrogantes que pesan sobre el futuro de este modelo sanitario. ¿Todo pasa por renovarse o morir? Es posible.

Recapitulemos. En 2024, las aseguradoras rechazaron la primera oferta económica que hizo el Gobierno para cubrir la asistencia sanitaria de los funcionarios a través de la mutualidad. Así, el concurso se declaró desierto. Algo inédito hasta entonces.

El Ejecutivo, tras otra oferta que fue rechazada por el sector privado, tuvo que hacer una importante mejora económica, y elevar las primas para el nuevo concierto (que abarca de 2025 a 2027) un 41,2%. Sólo así fue posible que dos compañías, SegurCaixa Adeslas y Asisa, se presentaran en abril de este año.

Pero, por el camino, uno de los operadores de Muface, DKV, declinó participar ante la falta de retorno económico que veía en esta actividad. Miles de mutualistas tuvieron que elegir una nueva empresa.

En este contexto, la continuidad de Muface ha suscitado importantes y encendidos debates, tanto en el Ejecutivo como en el sector privado. Si hay algo en lo que coinciden todas las voces relacionadas con la mutualidad y su funcionamiento, es en abogar por una importante revolución de su modelo. O, si no, se aboca a la extinción.

Algo a lo que no están dispuestos los funcionarios. Los sindicatos de función pública protagonizaron multitudinarias movilizaciones durante toda la primera mitad del año en protesta por la posible extinción de Muface.

De hecho, en el reciente acuerdo sobre las subidas de sueldo de los funcionarios, sindicatos como CSIF reclamaron medidas para mejorar la atención de Muface y garantizar su futuro como parte del trato.

Sobre esto, en el Gobierno son cautelosos. Desde el Ministerio de Función Pública y para la Transformación Digital, aseguran que el futuro de Muface está garantizado. Pero también que son necesarios cambios para garantizar su existencia.

Para ello, el departamento que dirige Óscar López ya ha indicado que va a echar mano de las propuestas que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como parte de su spending review (análisis de gasto) sobre Muface.

El ente que preside Cristina Herrero ha planteado varias medidas para mejorar la eficiencia de la mutualidad, como la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios. Sin embargo, la propuesta que más peso ha tenido (político y mediático) ha sido la de disolver, poco a poco, la mutualidad.

Según los datos de la Autoridad, cada vez más nuevos funcionarios optan por la sanidad pública en vez por la asistencia sanitaria que provee Muface. Por ello, su propuesta pasa por que, a partir de un momento dado, los trabajadores públicos de nuevo ingreso no puedan elegir la mutualidad.

En esta situación, los funcionarios activos y jubilados podrán mantener la asistencia sanitaria de Muface. Cuando desaparezca el último de estos usuarios, se extinguiría la mutualidad, o al menos su modelo sanitario. Es decir, algo similar a lo que se está haciendo con las clases pasivas.

Por ahora, Función Pública no dice nada sobre esta opción u otras para cambiar las tripas de la mutualidad. Todo ello pese a que desde la dirección de Muface alertan de que pesan importantes amenazas, como los problemas de financiación endémicos que atraviesa y ya han sido denunciados por las aseguradoras.

Mientras, ministerios como el de Sanidad abogan por su supresión inmediata y que el Sistema Nacional de Salud (SNS) acoja a los pacientes de Muface. Con la conveniente inyección económica, claro.

Se trata de algo a lo que se oponen las comunidades autónomas, por un lado, y la sanidad privada, por el otro. En las regiones temen la sobrecarga que podría suponer tener que atender a los pacientes de Muface en la sanidad pública, que ya sufre un importante problema en las listas de espera.

Mientras, en el sector sanitario privado aluden a la importante eficiencia que supone Muface en el control del gasto público. El modelo ahorra a la sanidad pública un total de 1.285 millones de euros en 2024, según la Fundación IDIS.

Según un estudio de la organización, en 2024 la estimación del gasto público per cápita fue de 1.823 euros, frente a los 1.046 euros del mutualismo administrativo. Así, el ahorro que supone el modelo Muface para el Sistema Nacional de Salud es de aproximadamente 777 euros por mutualista.

Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con Muface hay también un importante componente electoral. Óscar López no quiere agraviar a un colectivo como el de funcionarios. Cientos de miles de votantes que serán especialmente relevantes en Madrid, comunidad donde el ministro del PSOE tratará de disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso en 2027.

Mientras, y tras las reclamaciones de los funcionarios, se van haciendo pinceladas en su actividad. Se van a retomar las negociaciones con las autonomías para que el 112 también atienda a los mutualistas sin que estos tengan que hacer pagos adicionales.

Sin embargo, para asegurar el futuro de Muface, será necesario mucho más que brochazos. ¿Será en 2026? Habrá que estar atentos.