Las claves

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La Agencia Estatal de Salud Pública está empezando a caminar. Aragón y Andalucía son las primeras comunidades que ya han confirmado que ciudades como Zaragoza y Granada serán candidatas para alojar la sede de dicha institución. Todo esto después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este miércoles los requisitos.

Otras como Madrid y Castilla y León (que albergaría la sede en León) están valorando presentarse y evaluando los requisitos para optar a ser la elegida, así lo aseguran fuentes cercanas a ambos ejecutivos regionales.

También, hace unos meses, otros territorios como Lugo (Galicia), Barcelona (Cataluña) y Oviedo (Asturias) mostraron su deseo de albergar la sede. Las comunidades autónomas tendrán un mes para presentar su candidatura.

Con todo, cabe recordar que la Agencia Pública de Salud se aprobó el pasado mes de julio con el objetivo de que el país mejore sus capacidades y esté preparado frente a amenazas sanitarias, ya que tras el paso de la pandemia se evidenciaron varias debilidades.

¿Y cuáles serán sus principales funciones? Sus fines son la vigilancia de la salud pública, la evaluación y comunicación de los riesgos para la salud y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Se incluye la finalidad de dar soporte a las Administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias; el asesoramiento técnico-científico; la evaluación y seguimiento del resultado en salud de las políticas sanitarias y la participación en la elaboración de intervenciones en materia de salud pública.

También, se impulsará la investigación e innovación, así como el refuerzo de la cooperación entre todos los actores que desarrollen funciones en materia de salud pública.

Requisitos

Pero, para optar a la candidatura, las regiones deberán cumplir una serie de requisitos como un número determinado de recursos humanos, dotación de una fuerte infraestructura o adecuarse a las necesidades de la Agencia de Salud Pública.

En primer lugar, el entorno deberá contar con 4.000 metros cuadrados y un espacio para aparcamiento y transporte público. También, la dotación de comunicaciones digitales a las que puede acceder el espacio debe ser máxima, permitiendo conexiones a alta velocidad en todo el recinto, tanto por LAN como por wifi y con capacidad para comunicaciones seguras.

La sede deberá estar conectada con una buena red de transporte público, tanto aéreo, ferroviario como de carretera. Así, se valorará positivamente la cercanía de la sede con aeropuertos internacionales, especialmente con destinos a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul. Estas localidades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia, en las que se ejercerá la representación de España.

Se prevé que el espacio esté conformado por unos 300 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (capacidad de entre 10–60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.​

Además, como recoge el BOE, la institución deberá establecer relaciones con centros equivalentes de otras regiones, como el Centro de Control de Enfermedades de África, el de EE. UU., los de China y la India. Y participará en las reuniones técnicas asociadas tanto a las presidencias de turno de la UE, del G20 y de la OMS que puedan desarrollarse en otras ciudades.

El objetivo es que la Agencia Estatal de Salud Pública entre en funcionamiento "en el menor plazo posible, por lo que se valorarán positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones plenamente disponibles para ser ocupadas desde el inicio o que requieran adaptaciones menores compatibles con el inicio de la actividad", se precisa en el BOE.

Candidatura

Los requisitos también incluyen la disposición de programas de apoyo a la movilidad del personal (ayudas a vivienda, empleo de familiares, estudios de hijos, transporte), así como medidas de sostenibilidad y eficiencia energética y movilidad sostenible (transporte público, bicis, recarga eléctrica) y apoyos financieros o logísticos adicionales.​

Las comunidades tienen un plazo de un mes para presentar la candidatura y se deberán inscribir electrónicamente. Para ello, se tiene que proporcionar un informe del Consejo de Gobierno autonómico apoyando la idoneidad de la misma.