El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) manifiesta su rechazo ante la presentación de una Proposición No de Ley del grupo Unidas Podemos ante el Congreso para que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social, ha sotenido IDIS en comunicado.

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"Puesto que sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado, y reconocer, una vez más, los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario", explican desde la Fundación.

De este modo, IDIS ha sostenido que "el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos"

El informe en que se basa las declaraciones de IDIS recoge que "el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas"

Además, "la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria", explican.

Hospitales asociados al mutualismo

A estas repercusiones se une, a nivel social, la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe.

Todo ello sin olvidar el impacto que el cambio del modelo tendría en zonas con escasa población, ya que en algunos territorios los hospitales asociados al mutualismo podrían desaparecer dejando sin cobertura sanitaria a la población asistida, máxime teniendo en cuenta que en algunos casos estos hospitales son los únicos de estas áreas.

El impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo dirigido a la paulatina desaparición del mismo provocaría "una reducción de actividad y generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades", sostiene el informe.

De este modo, la Fundación IDIS quiere hacer un llamamiento a la Comisión de Sanidad del Congreso para que, "de cara al debate de la mencionada PNL, sean tenidos en cuenta todos los aspectos recogidos en su informe".