Se trata de Murcia, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, según ha indicado la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) a Invertia. De hecho, la patronal ha interpuesto reclamaciones por vía administrativa en estas regiones por la falta de acuerdos para compensar la puesta a disposición y uso de los recursos sanitarios.

“No es admisible que en el Estado de las Autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa", ha dicho Carlos Rus, presidente de ASPE. Se refiere a diferenciar "entre quienes reconocen el derecho de la sanidad privada a ser compensada por su uso y disposición en la atención de la Covid y quienes se niegan a poner en valor su esfuerzo sin límites”.

En el caso de Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad. Sin embargo, la situación, ante el devenir político de la región, se encuentra paralizada.

La misma solución se ha emprendido en Castilla y León, con una reclamación administrativa por lo derivado en la primera ola y por puesta a disposición de los servicios de la sanidad privada. También en la Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto.

Por su parte, en Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que han presentado reclamaciones por puesta a disposición.

En País Vasco, las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco han alcanzado avances satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios. En Galicia, la práctica mayoría de los asociados han presentado reclamación a la Xunta y también al Ministerio de Sanidad.

Negociaciones

Cabe recordar que el sector reclamó en junio del pasado año ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros, además de otras medidas de ayuda de liquidez y fiscales.

Sin embargo, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, derivó a la sanidad privada a la negociación con cada comunidad. Se inició entonces un periodo de conversaciones con cada una de las consejerías de sanidad autonómicas.

Un año después de que se iniciase la pandemia, solo Madrid, Canarias, Navarra, Cataluña e Islas Baleares han establecido compensaciones por las derivaciones de pacientes con Covid o por la puesta a disposición de los recursos sanitarios.

En concreto, Cataluña fue la primera región que determinó compensaciones bajo un acuerdo estable para la atención asistencial de afectados por la Covid y derivados desde la sanidad pública.

Madrid incorporó el acuerdo posteriormente y en la práctica casi todos los hospitales han cobrado las compensaciones relacionadas con la puesta a disposición de la primera ola. Tal y como adelantó Invertia, la comunidad pagará 704 euros por ingreso hospitalario y 2.084 por ingreso en UCI.  En el caso de Navarra, los pagos se realizan puntualmente.

En Canarias se han cerrado acuerdos de precio por cama de hospitalización y por cama UCI, e incorporando también el lucro cesante durante la primera ola. Y, finalmente, en Islas Baleares se ha firmado un protocolo con el Servicio de Salud, que finalizó el 31 de marzo para la atención de pacientes Covid derivados a centros privados.