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Las claves

La patronal de Renfe, SNCF, Deutsche Bahn o Adif (Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER) carga contra la nueva norma sobre la venta de billetes de tren que prepara la Comisión Europea con vistas a que entre en vigor en 2028.

Las empresas ferroviarias calculan que el Passenger Package (o Paquete de Movilidad de Pasajeros) podría suponer hasta 57.000 millones de euros en costes adicionales a las empresas ferroviarias entre 2028 y 2050.

Para la CER la normativa empujaría las ventas hacia plataformas intermediarias (como Trainline u Omio), las cuales cobran comisiones de entre el 3% y el 10% por billete. Esto trasladaría entre 2.900 y 37.900 millones de euros de los operadores ferroviarios a estas plataformas.

La norma exige que los operadores de tren compartan sus datos de tarifas, horarios y disponibilidad en tiempo real con plataformas y terceros de forma justa y no discriminatoria.

Asimismo, se quejan de las indemnizaciones. La CER estima que los costes asociados a la reubicación y compensación de pasajeros alcanzarían los 9.600 millones de euros en un escenario realista, frente a los 2.100 millones previstos por la Comisión.

Esto creen que podría provocar un aumento de hasta el 4,4% en el precio de los billetes para viajes de múltiples trayectos.

Por otro lado, advierten de que los pasajeros dan más importancia al precio del billete (61%) y al tiempo de viaje (47%) que a la comodidad al reservar (16%) o a los derechos del pasajero (8%).

Por lo tanto, para las empresas ferroviarias estatales el aumento de los precios de los billetes derivado de esta normativa anularía las ventajas de una compra más fluida y podría terminar perjudicando el objetivo de la Comisión Europea de atraer a más personas hacia el transporte sostenible.

Advierten que una gran parte de los elevados costes operativos que generaría este paquete se acabaría repercutiendo a los consumidores a través de billetes más caros, fortaleciendo a las plataformas intermediarias en lugar de mejorar la competitividad del sector ferroviario.

El paquete

Cabe recordar que la nueva norma de la Comisión Europea busca simplificar los viajes en tren transfronterizos y multimodales mediante la propuesta de un billete único.

Entre otras cosas, permitirá que los pasajeros compren trayectos combinados de diferentes compañías en una sola transacción a través de la plataforma digital que prefieran.

Mientras los operadores estatales ven la medida como una amenaza a sus ingresos y un sobrecoste regulatorio, las plataformas tecnológicas la defienden como la única forma de romper los monopolios estatales de distribución y fomentar el uso real del tren transfronterizo en la UE.

En este sentido, Omio, Trainline y la patronal EU Travel Tech siempre lo han defendido.

Sostienen que los distribuidores independientes son el verdadero motor de la innovación comercial en el mercado único y que obligar a los operadores dominantes a abrir sus canales permitirá ofrecer billetes combinados en una sola transacción.

"Nuestra misión es fomentar opciones de viaje más ecológicas, lo que significa atraer a más personas al tren", explica Guillermo Serrano, Head of Government Relations de Trainline.

En España, por ejemplo, alrededor del 18% de los billetes que vendieron en rutas de alta velocidad en 2024 fueron incrementales, es decir, de viajeros que, de otro modo, no habrían elegido el tren.

"Esto significa que ampliamos el mercado del sector ferroviario", afirma el directivo.

De hecho, España ya ha dado un paso en esta dirección: el artículo 92 de la Ley de Movilidad Sostenible exige condiciones técnicas y financieras justas entre los operadores y las plataformas de venta de billetes independientes. Este marco es plenamente compatible con el Passenger Package de la UE.

No obstante, no están a favor del todo del paquete de la UE. "Obligar a los operadores dominantes a vender billetes de la competencia aumentaría su poder de mercado, en lugar de fomentar la competencia. Esto tendría consecuencias negativas para los pasajeros", señalan desde Trainline.

Tramitación

Tras la presentación de la propuesta reglamentaria por la Comisión Europea en mayo de 2026, el texto debe completar su tramitación, negociación de trílogos y aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y el Consejo.

Por ello, se espera que ya entre en vigor en 2028.