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Las claves

Renfe ha ampliado en 80 plazas más la oposición de 600 puestos para operador comercial que acabó provocando un escándalo por las sospechas de filtraciones en el examen celebrado el 6 de junio.

Lo hace después de que el 25 de julio se tuviera que repetir el examen psicotécnico verbal a 2.213 aspirantes de la oposición por esas sospechas.

El problema es que de los 600 aprobados con plaza provisional en el primer examen, 131 se quedaron sin vacante a pesar de haber aprobado el examen en la repetición, según las listas provisionales. El resto sí consiguieron mantener la plaza.

Ahora, las nuevas plazas llegan tras un acuerdo entre Renfe y la mayoría del Tribunal de la Convocatoria.

Las personas que entren tras esta ampliación serán del número 601 al 680 de la resolución definitiva de calificaciones. Lo harán más adelante, con contrato laboral fijo y a expensas de superar el reconocimiento médico (que termina el 21 de septiembre) y la entrevista.

Todas las personas han sido aptas en la entrevista y dos no aptos en el reconocimiento médico ya han sido sustituidos, según UGT.

Pese a ampliar plazas, 51 aprobados en el primer examen con plaza se quedarán sin su vacante. Es decir, las 80 plazas extra no acaban definitivamente con el lío.

Vía judicial

En paralelo, la vía judicial sigue abierta. Cerca de 400 de los 600 iniciales aprobados se unieron para acudir a los tribunales a denunciar, primero, la paralización de la oposición por parte de Renfe y, después, la posterior decisión de repetir sólo el examen psicotécnico verbal.

Ante la paralización del examen, una jueza del Juzgado de lo Social de Madrid dio la razón a los candidatos aprobados.

A pesar de la repetición del examen, ante la Justicia estos casi 400 aspirantes tienen asegurado el derecho adquirido a su plaza en la primera prueba, aunque se repita.

De hecho, el proceso judicial sigue adelante a pesar de la ampliación de las 80 plazas, según detallan fuentes cercanas a este periódico.

Se espera que haya fecha de juicio pronto y que haya una resolución definitiva y vinculante en los próximos meses.

"No hay opción a recurso según el acuerdo alcanzado", añaden dichas fuentes.

Cronología de la polémica

El origen de la polémica oposición se inicia el 18 de junio. Ese día salieron las listas provisionales para acceder a una de las 600 plazas para operador comercial de una convocatoria que reunió a 5.716 candidatos el 6 de junio.

Fue entonces cuando empezaron a circular, entre los propios aspirantes, las primeras denuncias: buena parte del contenido de la prueba de aptitud verbal, decían, coincidía de forma sustancial con los materiales de preparación que distribuía una academia concreta, Eticop.

A partir de ahí el escándalo fue escalando y el caos estalló. El 30 de junio, Renfe decidió paralizar sus oposiciones a operador comercial.

Todo ello tras remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

Con ello, dejó a 600 opositores que aprobaron y consiguieron plaza provisionalmente en el limbo laboral y personal, ya que muchos dejaron sus puestos de trabajo pensando que tenían su plaza en Renfe.

Días después, la Abogacía del Estado emitió su opinión. Declaró que si la filtración afectó de manera exclusiva a la prueba psicotécnica verbal, la actuación jurídicamente procedente era dejar “sin efecto exclusivamente dicha prueba y acordar su repetición”.

Pero dejó claro que no tenía la competencia para ordenar la repetición por sí misma, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal de la convocatoria de Renfe.

El 10 de julio, dicho Tribunal votó a favor de repetir únicamente la prueba de aptitud verbal, fijando la nueva fecha para el 25 de julio de 2026.

La votación no fue unánime. Renfe y Semaf (sindicato de maquinistas) votaron a favor de repetir la prueba verbal, mientras que CCOO y UGT lo hicieron en contra.

El examen se repitió el 25 de julio y 131 aprobados con plaza en el primer examen se quedaron fuera.

Algunos de ellos se beneficiarán de la ampliación de 80 plazas, mientras otros quedarán en un limbo a la espera de una decisión judicial.