Adif ha presentado 409 denuncias por robo de cable en la red ferroviaria hasta junio de 2026, casi igualando el récord anual de 2025.
Los robos afectan gravemente al servicio ferroviario, causando retrasos y cortes de circulación al dañar sistemas esenciales de electrificación y señalización.
El mayor número de robos se produce en Cataluña y Aragón, y la vigilancia es difícil por la gran extensión de la red y la falta de cámaras en toda la infraestructura.
El Ministerio de Transportes propone endurecer las penas por robo de cable para reforzar la protección de la red ferroviaria y garantizar la seguridad del servicio público.
El robo de cable en la red ferroviaria supone todo un problema para el funcionamiento de la misma. Lejos de resolverse este problema, la cifra aumenta. Hasta junio, Adif ha presentado 409 denuncias por la sustracción de diferentes tipos de cables ferroviarios.
Se trata de una cifra que casi supera las denuncias presentadas durante todo 2025, año récord en robo de cable desde 2018.
La sustracción de estos elementos, fundamentales para la explotación ferroviaria, causa graves perjuicios al servicio, ya que afecta directamente a diversos sistemas empleados en la gestión del tráfico ferroviario y repercute de forma crítica en un servicio público esencial.
Así, los robos de cableado vinculado a la electrificación o los equipos de señalización y telecomunicaciones tienen efectos que van más allá de su cuantía económica.
Este material debe ser repuesto con la mayor celeridad posible para devolver la plena funcionalidad de las instalaciones y garantizar la seguridad, lo que obliga a cortar de forma parcial o total la circulación, generando retrasos y molestias a los usuarios.
Adif denuncia todas las sustracciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En paralelo, está reforzando la vigilancia de las instalaciones, especialmente en aquellos puntos en los que se han constatado una mayor incidencia.
Pero es difícil de gestionar. El principal problema es que la red ferroviaria total en España es de 15.519 kilómetros. De estos, 4.000 kilómetros son de alta velocidad.
Estamos hablando, por tanto, de un perímetro muy grande que hace que sea muy difícil controlar lo que ocurre en cada punto y en cada momento.
Por ejemplo, no hay cámaras en todos esos kilómetros de red. Las cámaras de videovigilancia están en puntos críticos, como subestaciones o intercambiadores, explican desde Adif.
Evolución
Hace años las denuncias por robo de cable no eran tan altas. Entre 2018 y 2020 el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121.
Pero ahora no dejan de crecer. En 2021 se presentaron 279 denuncias, pasando a 392 en 2022, 360 en 2023 y 345 en 2024, alcanzándose en 2025 la cifra máxima del periodo.
Por territorios y desde 2018, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 27,7%), Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%).
En lo que llevamos de 2026, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 37,8%), Aragón (el 23,13%), País Vasco (el 6,97%) y Castilla-La Mancha (el 6,22%).
Endurecer las penas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, reforzando así la protección de una infraestructura esencial para el servicio público.
La iniciativa responde a la reciente oleada de robos de cable que está provocando retrasos e interrupciones del servicio ferroviario y tiene como objetivo adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica, además de aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria.