Las claves
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España afronta un creciente problema de infrafinanciación en su red ferroviaria, con un déficit acumulado en mantenimiento estimado en 3.600 millones de euros, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El documento señala un desequilibrio estructural en la inversión: mientras la red de alta velocidad recibe la mayor parte de los fondos, los servicios de la red convencional (Cercanías, Media y Larga Distancia y mercancías) concentran alrededor del 90% de los pasajeros. En concreto, en 2025 transportó más de 500 millones de viajeros
Para compensar la depreciación de la infraestructura y evitar su deterioro, el IEE estima que habría sido necesario destinar 2.900 millones de euros anuales, cifra que refleja la magnitud del desfase entre necesidades reales y recursos disponibles.
El problema de infrafinanciación se refleja también en la seguridad de la red. El accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz ha intensificado el debate sobre el estado de las infraestructuras y los procedimientos de mantenimiento.
La investigación ha señalado que una posible fractura en la vía o de la soldadura pudo ser la causa del siniestro, lo que subraya la necesidad de reforzar las inversiones en conservación para prevenir tragedias similares.
Esta divergencia ha tenido consecuencias directas: la red convencional de tren ha recibido una inversión comparativamente reducida.
Lo que ha derivado en un progresivo envejecimiento de las infraestructuras y ha limitado su capacidad de modernización. El resultado es una red tensionada en su segmento más utilizado.
El informe también pone el foco en el mantenimiento, donde España presenta un "retraso significativo" frente a sus socios europeos.
En términos de gasto por kilómetro de red ferroviaria, el país se sitúa claramente por debajo de la media europea, lo que refleja un esfuerzo insuficiente para conservar y renovar el capital existente.
A estas cifras se suma la necesidad de inversión futura. Según estimaciones recogidas en el informe, España debería destinar unos 3.132 millones de euros al año a infraestructuras ferroviarias.
Esa inversión es necesaria para garantizar su modernización y adaptación normativa, dentro de un esfuerzo total en infraestructuras de más de 11.000 millones anuales.
Tras el fuerte impulso inversor previo a la crisis financiera -cuando la inversión ferroviaria llegó a superar los 11.000 millones de euros en 2009-, el gasto se desplomó y en los últimos años apenas supera los 3.000 millones, menos de un tercio del máximo alcanzado.
Este ajuste prolongado ha contribuido a un fenómeno más amplio de descapitalización en infraestructuras, donde la inversión no ha sido suficiente para compensar la depreciación durante varios años.
En el caso ferroviario, esto se traduce en una red cada vez más envejecida: si se mantiene el ritmo actual, más del 50% del stock ferroviario tendrá más de 20 años en 2030.
El informe concluye que esta situación compromete no sólo la calidad del servicio, sino también la eficiencia del sistema de transporte y la competitividad económica.
La falta de inversión en mantenimiento, advierte el IEE, limita la expansión de nuevas infraestructuras y deteriora las existentes, incrementando los costes a largo plazo.
En este contexto, el organismo subraya la necesidad de reequilibrar las prioridades inversoras, reforzar el mantenimiento y orientar los recursos hacia las infraestructuras con mayor uso, especialmente la red de cercanías, clave para la movilidad diaria de millones de ciudadanos.
