Un paro de transportistas de tres semanas y varios meses de negociaciones duras después ya hay un real decreto ley que incluye una de las demandas más reclamadas por el sector. Estamos hablando de medidas para que los transportistas de mercancías por carreteras no trabajen a pérdidas y que han sido aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado este lunes por la tarde.
Dentro de este, se incluirá la obligatoriedad de que el contrato de transporte con el transportista efectivo (el primer contratista) sea por escrito y refleje el precio, que debe ser igual o superior a los costes. “Se trata de la única manera de comprobar si este precio es justo”, aseguran fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esto se aplicará en los contratos de transporte continuado. Eso quiere decir que se tiene en cuenta los contratos de los autónomos con otras empresas. En caso de no cumplirse estas medidas, se incluirá un régimen sancionador con infracciones y sanciones de hasta 4.000 euros.
También se incluye un código de buenas prácticas sobre niveles de subcontratación y condiciones de intermediarios. En este sentido, el Ejecutivo asume el compromiso de que en seis meses comprobar si las medidas se están cumpliendo y presentar un proyecto ley sobre la contratación.
De esta forma, el Gobierno incorpora a la normativa del transporte de mercancías por carretera los principios inspiradores de la Ley de la Cadena Alimentaria. Algo que el sector venía reclamando desde hace bastantes meses y que se ha negociado en varias reuniones.
De hecho, hasta hace dos semanas no había acuerdo. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) rechazó e instó al Ministerio de Transportes a modificar el borrador.
Ayudas directas
Por otro lado, se incluyen las ayudas directas acordadas en marzo y prorrogadas para compensar los efectos de la guerra que se tradujeron en ayudas directas al transporte por tipo de vehículo. Como novedades se añaden los camiones de mudanzas y autobuses urbanos.
Así, se ha aprobado un paquete de medidas por valor de 450 millones de euros en ayudas por tipo de vehículo. De esta forma, el Gobierno otorgará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y ambulancia y 300 euros por vehículo ligero, es decir, a taxis y VTC.
Las ayudas a los autobuses urbanos son una de las novedades de este Real Decreto ley respecto al paquete aprobado en marzo y se dirige a las empresas que presten servicios públicos colectivos urbanos o suburbanos.
De los más de 450 millones de euros, se reservan 12 millones de euros para este tipo de vehículos. Otra de las novedades es que los taxis con licencia para operar en Ceuta y Melilla también podrán optar a los fondos. En cuanto al transporte ferroviario, se destinará un máximo de 1,9 millones de euros a empresas públicas y privadas.
La ayuda acordada se concederá antes del 31 de diciembre de 2022, respetando en todo caso las Decisiones aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y sus sucesivas modificaciones.