El Gobierno va a incluir la reforma total del actual modelo de concesiones de rutas en autobús en la próxima Ley de Movilidad Sostenible. Una decisión que va a modificar de forma muy profunda uno de los segmentos de la movilidad interurbana con mayor impacto en la ciudadanía.
Solo durante 2019, último año con datos sin efecto de la pandemia, 31 millones de españoles optaron por este medio de transporte, lo que generó un negocio de 348 millones de euros. Con el nuevo diseño, España va a contar con un nuevo mapa de rutas estatales de autobús.
El primer diseño de este mapa concesional ha despertado polémica debido a la desaparición de rutas presentes en el anterior modelo.
Desde el Ministerio de Transportes se explica que ese modelo presentaba irregularidades ya que, concesiones reguladas a escala estatal, estaban prestando servicios que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
La visión del ministerio capitaneado por Raquel Sánchez defiende que este modelo devuelve la competencia a las autonomías para que organicen sus servicios de transporte respondiendo de forma más precisa a las necesidades de la población. Un cambio que abre un proceso del que se prevé van a surgir nuevas alternativas de movilidad.
Nuevas soluciones de movilidad
Y es que, cuando se diseñó el anterior modelo concesional en España, ni la tecnología ni los operadores permitían ofrecer servicios mucho más eficientes para todos los involucrados que las clásicas rutas de autobús. El nuevo concepto abre la puerta a la utilización de taxis, microbús e incluso de servicios de consumo a demanda adaptados a las necesidades de los usuarios de algunos municipios.
En la actualidad existen cantidad de rutas con paradas e incluso recorridos que deben realizarse y que prácticamente carecen de usuarios. Rutas con capacidades para más de 50 pasajeros eran utilizadas, de media, por ocho, según los datos de Transportes.
Los cambios en el nuevo modelo contemplan que todos los pasajeros que utilizasen estos servicios desde estas localidades sigan manteniendo una oferta de transporte interautonómico. Para ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pretende coordinar con las comunidades autónomas el diseño de las soluciones más adecuadas.
De esta forma, los operadores de autobús no estarán obligados a prestar servicios deficitarios para cumplir con los compromisos adquiridos. Del mismo modo, operadores de otros segmentos de la movilidad podrán optar a prestar estos servicios que, por su volumen, se adapten a sus modelos de negocio.
Concesiones caducadas
Con la puesta en marcha de esta renovación, el equipo liderado por la ministra Sánchez afronta uno de los conflictos que más tiempo llevan vigentes en el ámbito de la movilidad. La mayoría de las 80 concesiones estatales de autobús están caducadas. Una situación que lleva años generando gran controversia en el sector entre los que defienden el actual modelo concesional y las compañías que consideran que España debería abrirse a una liberalización total.
La solución que se incorporará en la Ley de Movilidad Sostenible va a ser un punto intermedio entre ambas visiones. Por un lado, la creación de un nuevo mapa de concesiones va a permitir que parte de las líneas que actualmente están vigentes y no tienen gran atractivo comercial sean modificadas. Un diseño que deberá estar listo un año después de la puesta en marcha de la Ley.
Del mismo modo, surgirán nuevos trazados que permitirán la puesta en marcha de rutas que, actualmente, no se pueden operar.
Las concesiones estatales serán, en general, entre capitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes. Del mismo modo, el nuevo modelo abrirá la puerta a puntos de parada que potencien el modelo intermodal para servir como conexión directa tanto con estaciones de alta velocidad ferroviaria, como con aeropuertos o instalaciones marítimas.
Contador a cero
Una vez entre en vigor el nuevo mapa concesional, arrancará el proceso de adjudicaciones de las nuevas rutas. Toda la red estatal entrará en concurso de libre concurrencia, lo que permitirá que, por primera vez en décadas, operadores tradicionales y nuevos puedan hacerse con rutas de autobuses que conecten ciudades españolas.
En este sentido, será importante la evolución que la liberalización ferroviaria tenga en los corredores donde existe competencia. Tanto la intención del Gobierno de España como la de la Unión Europea es intentar sacar de la carretera el mayor número de usuarios y trasladarlos al tren.
El proceso se cerrará en dos años. Este el tiempo que el Gobierno tendrá para cerrar las nuevas concesiones.
Hasta que esto ocurra, los actuales acuerdos se seguirán prestando hasta la puesta en marcha tanto del diseño de las nuevas rutas como de la entrada de los operadores que se harán con las futuras concesiones.
Más competencia
Dentro de este diseño podrán convivir rutas que mantengan un modelo concesional similar al actual con otras en las que se dé entrada a la libre competencia. La Ley de Movilidad va a dotar al Consejo de Ministros de la potestad de introducir diferentes operadores en los trazados en los que las condiciones lo justifiquen.
Aunque será potestad del Gobierno de turno elegir qué rutas y en qué momento se aumenta el nivel de competencia, desde el sector señalan que este modelo solo tendrá sentido en corredores en los que el coste y el volumen de pasajeros justifiquen que la entrada de más de un operador reporta beneficios a los pasajeros y, además, mantiene los niveles de rentabilidad para los participantes.
Hoy día resulta imposible predecir qué rutas serán susceptibles de contar con competencia. El diseño final de los trazados, el efecto de la pandemia y el éxito que tenga el ferrocarril en aquellos trazados en los que operará cuando la liberalización ferroviaria llegue a completarse configurarán un nuevo campo de juego para el autobús en el mix de la movilidad.
Así las cosas, el nuevo modelo concesional del transporte por autobús abre la puerta a uno de los cambios que van a tener un efecto más profundo sobre la movilidad de millones de españoles. Una transformación en la que convivirán más competencia y más servicios con el objetivo de prestar un servicio más eficiente tanto para los usuarios que lo utilicen como para las empresas que lo presten.