Así lo indican los datos pormenorizados que ha suministrado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre este PERTE. La mayor parte del beneficio económico en términos de PIB vendrá por las inversiones previstas en la cadena de valor del automóvil eléctrico, que acabará generando 18.752 millones adicionales para la economía española. 

Por otro lado, las medidas destinadas a facilitar el acceso de la población al vehículo eléctrico integradas en el PERTE generarán unos 6.900 millones de euros. En este apartado se encuentran iniciativas como el plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde, y a los planes MOVES III y MOVES Singulares. 

En cambio, la aportación en empleo de las medidas para favorecer el acceso a este nuevo tipo de movilidad va a ser mucho más elevada. Van a permitir crear unos 101.304 empleos nuevos, cerca de la mitad de los nuevos puestos de trabajo que se espera que este PERTE genere. Los 141.213 restantes procederán de la cadena de valor del automóvil eléctrico. 

Como indican estas cifras, las expectativas son altas. Y lo son porque el país necesita revivir un sector, el del automóvil, al que la pandemia amenaza con dejar en la UCI. Según los datos de Anfac, la asociación española de fabricantes de vehículos, la venta de coches se recortó en 2020 un tercio y los ingresos de estas empresas se redujeron un 13%, hasta los 60.000 millones de euros.  

Pero España no se puede permitir perder este ámbito productivo (supone un 11% del negocio de la industria española), uno de los pocos en los que nuestro país destaca a escala internacional. De hecho, somos el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa y el noveno del mundo.

Por ello, hay tantas esperanza depositadas en el PERTE del vehículo eléctrico y que se incentive la transformación del sector. De hecho, el Gobierno cuenta con que para 2023 se puedan alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y que haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados, con la correspondiente revolución para la movilidad en carretera que ello supone.

No se van a ahorrar recursos para recorrer este camino. Como ya contó Invertia, el Gobierno confía en que esta colaboración público-privada movilice inversiones por valor de 24.000 millones de euros, de los que unos 4.300 millones serán públicos, principalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El resto, unos 19.700 millones de euros, deberán proceder de las empresas. 

La inversión privada no se está mostrando tímida tampoco. Solo horas después de que el Consejo de Ministros aprobara el PERTE del vehículo eléctrico y conectado (al que todavía tiene que dar luz verde la Comisión Europea, aunque se da por hecho), los gigantes del motor ya han comenzado a anunciar que participarán y presentarán sus proyectos.

Concretamente, y como adelantó Invertia, el grupo Volkswagen ha confirmado que pretende poner en marcha en España su tercera gran fábrica de baterías. Una instalación que será el eje para que el país se convierta en el centro de su estrategia para el desarrollo de vehículos eléctricos urbanos.

En su New Auto Strategy Day, la compañía germana ha anunciado que está dispuesta a cooperar con el Gobierno español para "transformar el país en un 'hub' líder de movilidad eléctrica y, por ello, solicitarán participar en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado".

Según ha confirmado también Seat, como parte del proyecto Future Fast Forward (F3), el Grupo Volkswagen "construiría una fábrica de baterías en España. Después de Suecia y Alemania, España podría convertirse en la tercera ubicación de una de las seis gigafábricas de Europa. Además, la ya planificada familia Small BEV podría producirse en España. La familia Small BEV desempeñará un papel clave en la democratización de la movilidad eléctrica en Europa, ya que contribuirá a que la movilidad eléctrica neutra para el clima sea accesible para más clientes".

A este proyecto también están vinculados otros gigantes como Iberdrola o Telefónica. Y fuentes del Gobierno confirman que tienen la perspectiva de que sean varios los proyectos que se presenten al PERTE. Así mismo, indican que no habría un tope o un mínimo para la financiación estatal. 

A pesar de la presencia de dinero público, el Gobierno tendrá escaso poder sobre los proyectos. La intención es que los fondos gubernamentales sirvan únicamente de palanca de inversión.

Por ejemplo, el Ejecutivo tendrá una participación minoritaria en los consorcios que se formen para poner en marcha cada iniciativa, por lo que ni siquiera tendrán poder de decisión para decidir su ubicación. Tampoco en el caso de las fábricas de baterías, que anhelan varias regiones aunque Extremadura estaría varios pasos por delante. 

Sin embargo, todo esto va a tardar en ponerse en marcha. Las primeras convocatorias no se abrirán hasta octubre y no se espera que se resuelvan hasta, al menos, febrero del próximo año. ¿Dará España en 2022 los pasos necesarios para convertirse en un 'hub' del vehículo eléctrico? Comienza la cuenta atrás.